Aunque el INE, el TRIFE y la movilización democrática lo podrían impedir, parece inminente la culminación de la estrategia autocrática del obradorato. Hoy, viernes 23 y en próximos días conoceremos la decisión de esas instituciones acerca de la aplicación de la dinosáurica cláusula de representación proporcional. De otorgarse la supermayoría a la coalición morenista, puede darse por terminada (o acaso interrumpida) la transición a la democracia. Si lo hacen, tanto el INE como el TRIFE estarán violando los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos al privarlos de la representación equivalente a los votos emitidos en las urnas el 2 de junio. El voto del 54 por ciento de los electores valdrá el doble en curules y el del 45 restante se reducirá a la mitad en la proporción de asientos asignados. De ese tamaño es la consecuencia de la aritmética que resulta de una lectura literal y convenenciera de la Constitución y la ley.
Al establecer el precedente de interpretación literal -la literalidad siempre es interpretación-, en vez de histórica y sistemática de la constitución, es decir, en lugar de una lectura propiamente constitucional, los órganos electorales abrirán el camino a las reformas electoral, judicial, militar y administrativa que se tramarán en septiembre. Las consecuencias serán funestas. El sistema electoral y de partidos, la administración pública y el Poder Judicial serán modificados radicalmente; la Guardia Nacional será integrada a la Sedena, la administración pública reducirá severamente sus capacidades de servicio y vendrá una dura estatización de empresas “del Estado”.
El INE se transformará en INEC con atribuciones aumentadas y autoridad disminuida, y regresará al control del gobierno; la representación proporcional desaparecerá en ambas cámaras y los partidos políticos verán reducido el financiamiento público. Ambas medidas favorecerán permanentemente la supermayoría del partido oficial. Con este esquema, no habrá elecciones libres ni equitativas. La reforma al Poder Judicial borrará del mapa el equilibrio de poderes, el derecho de amparo, la independencia de los jueces (que serán seleccionados por los tres brazos del partidazo para que los “elijan” los votantes) para convertirlo en instrumento del nuevo partido de Estado. De ahí a la justicia selectiva sin contemplaciones con el sistema de los derechos humanos. Con la asignación de la Guardia nacional a la Sedena, el mismo partido consolidará su poder coercitivo bajo el mando militar a su servicio. La “simplificación orgánica” desaparecerá o controlará los órganos autónomos que fueron creados para la regulación de la transparencia, los monopolios, la producción de energía, la política social y la educación. Estas funciones desaparecerán en manos de una administración pública altamente centralizada y a las órdenes del grupo gobernante. La reforma a las “industrias estratégicas” consagrarán a los elefantes blancos en combustibles y electricidad con la consiguiente carga fiscal sobre los contribuyentes, y les hará perder capacidad de innovación tecnológica, financiera y administrativa. El banco central podría perder su autonomía
Esta ingeniería constitucional incluye algunas dádivas en materia de vivienda, salarios, salud, pensiones, becas y comunidades indígenas. El garrote va con zanahoria. La supresión de derechos políticos y humanos lleva su dosis de beneficencia disfrazada de derechos sociales.
Así, el gobierno de López Obrador busca concluir su sexenio con la imposición de un mandato constituyente que no recibió bajo ninguno de los procedimientos constitucionalmente previstos. Si el INE y el TRIFE se doblegan y sancionan la asignación de la supermayoría, en septiembre se inaugurará la restauración autoritaria que estrenarán la presidenta electa, su partido y sus cortes legislativa, judicial y federal.
A diferencia de la ingeniería constitucional con la que se fundó la hegemonía del sistema presidencialista de partido hegemónico en 1933, la de hoy no ha previsto un detalle: el control de una ciudadanía que no existía hace 90 años y que ofrecerá resistencia y resiliencia. Habrá que ver, pues, si la restauración autoritaria pergeñada por el obradorismo es sostenible en el tiempo y a qué costo que sin duda será muy alto en vidas, dinero y dignidad.
Investigador del IIS-UNAM.
@pacovaldesu