La nueva doctrina López y López se cuenta entre los múltiples ángulos de la gran regresión a la que el gobierno de AMLO somete al país. ¿En qué consiste y por qué es un retroceso gigantesco para el avance de la democracia?
En varias ocasiones el presidente López Obrador se ha pronunciado en contra de los derechos humanos. En otras intervenciones se ha mostrado favorable, pero resalta la contundencia con la que ha hecho los pronunciamientos de rechazo y decisiones que los violan. ¿Se trata de confusión por ignorancia o de sigilo con intenciones aviesas? Pongo solamente un ejemplo para abreviar. En septiembre de 2021, AMLO aseguró que se inventaron nuevos derechos para “saquear”: “Se alentó mucho, incluso por ellos mismos [los “neoliberales”], el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales” (EL UNIVERSAL 29/10/21). Cuando la Corte Interamericana de Derechos humanos falló contra el Estado mexicano a propósito de la prisión preventiva oficiosa, el secretario de gobernación, Adán Augusto López, dijo: “Es un despropósito de la Corte Interamericana el ponerse por encima de la Constitución y el faltarle respeto al Estado mexicano. No puede haber ningún poder por encima del Estado mexicano, que es, entre otras cosas, el garante de que en este país haya estabilidad social, política, económica” (Expansión Política 03/02/23).
Una de dos, o la ignorancia de ambos es contundente o la intención es dar marcha atrás en la protección de los derechos humanos a cuyos tratados y convenciones ha adherido el Estado mexicano. La adopción por parte de México de los derechos humanos mereció en 2011 una de las reformas constitucionales más trascendentales de todos los tiempos. La inscripción de los derechos humanos en el artículo primero constitucional como norma a la que ha de someterse la acción de toda autoridad del Estado. Es difícil imaginar que estemos en el primer supuesto, el de la ignorancia. La existencia de la Subsecretaría de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación que tiene a la cabeza a un prominente obradorista, Alejandro Encinas, da cuenta plena de que el conocimiento de las obligaciones del gobierno es cabal, no así su voluntad de cumplirlas.
En los hechos, las acciones y omisiones de la CNDH y las constantes violaciones a la Constitución por parte del Poder Ejecutivo y de la mayoría legislativa de Morena en ambas cámaras del Congreso llevan al segundo supuesto: son actos regresivos en materia de derechos humanos para implantar un proyecto político que necesita violarlos para ser realizado. Los hechos hablan por sí solos. La descarada compra de votos desde Morena y sus gobiernos violan el derecho humano al voto libre y elecciones imparciales y justas. La paralización deliberada del Inai viola el derecho humano a la información y a la protección de datos personales. El deterioro deliberado del sistema de salud viola el derecho humano a la salud. El retroceso en el sistema educativo en su conjunto viola el derecho humano a la educación de calidad. La política de “abrazos y no balazos” viola el derecho humano a la seguridad y a la integridad física de miles de muertos y muertas —y vivos que mañana estarán muertos—, y a desaparecidos y sus familiares. La política de acoso permanente a los medios y críticos del gobierno viola los derechos humanos a la libertad de expresión e inhiben el derecho a la libertad de reunión. Los pronunciamientos de ambos funcionarios respecto de que los poderes legislativo y ejecutivo no deben tener límites para imponer supuestas voluntades mayoritarias, viola el derecho humano a la igualdad que es el derecho número uno de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Podríamos continuar y no quedaría ningún derecho humano a salvo de las acciones u omisiones de este gobierno.
La doctrina López y López pretende validar todas estas violaciones evadiendo las sentencias judiciales y la autoridad de los instrumentos internacionales emanados de los tratados y convenciones de derechos humanos. Su imposición es la mayor amenaza de regresión autoritaria.