La destrucción de la democracia comienza por el sometimiento del Poder Judicial a los dictados de un grupo que se apodera del Estado. La reforma judicial que propuso el Presidente el 5 de febrero es uno más de los cambios constitucionales con los que el gobierno de López Obrador y el de Claudia Sheinbaum desmantelan la incipiente democracia mexicana para establecer un régimen autoritario.
Atizando el descontento con las instituciones del Estado, esta iniciativa propone modificar la designación de los juzgadores y la operación de la impartición de justicia. Lo inadmisible de la propuesta no consiste únicamente en que se acuda al sufragio para la elección de los impartidores de justicia, sino en que implica el control del ejecutivo sobre el Poder Judicial. Veamos por qué:
El método para elaborar las listas de votación otorgaría a cada poder de la Unión (dos de ellos ya dominados por Morena) la facultad de proponer los candidatos a los puestos de ministros, magistrados del TEPJF e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como magistrados de circuito y jueces de distrito. Los comités de evaluación de cada Poder integrarán las listas para su aprobación. Luego el Senado remitiría las listas a la institución electoral para las elecciones que serían certificadas por ella y por el tribunal electoral. Se crearían el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial bajo los mismos procedimientos electivos. Estas instancias tendrán las facultades de organizar al sistema judicial y de sancionar las conductas de los juzgadores, creando un modelo de sujeción al partido en el poder. La reforma reproduciría este método en las entidades federativas.
Después de seguir estos pasos nadie sensato puede creer en la autonomía judicial. Los fundamentos de la reforma dejan ver con toda claridad que mientras el grupo morenista tenga la mayoría calificada en las cámaras del Congreso y ocupe la presidencia de la República, las candidaturas para elegir a los funcionarios judiciales quedarán por completo en sus manos. Al realizarse las elecciones del Poder Judicial, las opciones que en ellas se presenten quedarán igualmente sometidas a los dirigentes del partido en el poder, que ya es una verdadera “Nomenklatura”. Este bloque parlamentario ha estado durante seis años al servicio del presidente de la República y no hay razones para suponer que se comportará con autonomía frente a la próxima presidenta. Es obvio que será desde la presidencia que se controlará la integración y funcionamiento del Poder Judicial. Entre las consecuencias que tendría este nuevo “sistema” estará la connivencia entre los órganos de procuración y los de impartición de la justicia, de la que serán víctimas quienes, en las diferentes ramas del derecho, incluido el electoral —sean albañiles o banqueros—, recurran al amparo de la justicia sin contar con el favor de las redes de control del partido hegemónico. Es elemental que el favor sería mayor para el banquero que para el albañil.
Si el Senado la aprueba, se perderá lo alcanzado por las reformas previas que se realizaron con base en debates, deliberaciones y acuerdos con las diversas fuerzas políticas y procurando mantener la independencia judicial frente a los grandes poderes. Es cierto que ese sistema que ahora se busca reemplazar aún adolece de graves defectos y puede ser reformado de otra manera que lo oriente hacia un verdadero Estado de derecho, aspiración de la que esta reforma se aleja todavía más. La reforma propuesta es, a todas luces el producto de una operación de cambio constitucional tramposa con propósitos excluyentes, sin auténtico debate ni deliberación pública y sin pasar por los procedimientos reconocidos en la práctica democrática parlamentaria.
Más de trescientos años de pensamiento político enseñan que a los jueces se les elige indirectamente por el parlamento, justo porque deben ser el escudo del pueblo contra la arbitrariedad del poder político y sus complicidades corruptas con poderes privados. De eso depende la lealtad a la Constitución de los juzgadores. Sobran ejemplos y contraejemplos en la historia.
Investigador del IIS-UNAM. @pacovaldesu
