Al desacato de más de cien resoluciones judiciales por parte de la ilegítima mayoría morenista en el Congreso se sumó el de la presidenta a la orden judicial de “bajar” del Diario Oficial la reforma judicial. Luego se presentó la iniciativa de “supremacía constitucional”. Dicha iniciativa y su aprobación en el Congreso completan la toma del poder casi absoluto del Estado por el obradorismo.
A esta iniciativa se le restó la ominosa ocurrencia de sus cuatro jinetes (Augusto, Noroña, Monreal y Gutiérrez), de añadir al artículo primero el impedimento para “inaplicar”, con arreglo a los tratados internacionales de la materia, normas constitucionales que violen derechos humanos. Morena podrá eliminar o restringir el derecho constitucional que le convenga: la libertad de expresión, de organización; o a la educación y la salud. Si la mayoría calificada modificara la Constitución para abolir esos derechos, no habría medios de defensa para nadie. Por causas aún misteriosas esa cláusula desapareció, pero quedaron firmes otras dos que sirven al mismo propósito. Se agregaron a los artículos 105 y 107 constitucionales dos disposiciones que restringen el derecho a la justicia. En el 105 haciendo “improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad [para] controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución”. En el 107 imponiendo que el Amparo se aplique únicamente al solicitante y en ningún caso tenga efectos generales sobre actos o leyes ni contra reformas constitucionales violatorias de derechos. Las consecuencias de esta reforma son profundas y regresivas, tanto en materia constitucional como de derechos humanos. Con este cambio, se echa para atrás la reforma de 2011 que constitucionalizó la vigencia de los derechos humanos establecidos en los tratados y convenciones internacionales firmados por México. También se revierte el rango constitucional de los tratados de derechos humanos.
El principio pro persona consagrado en el Artículo 1° ordena que toda autoridad debe siempre aplicar la norma que más beneficie a la persona, sea la contenida en la Constitución o en los tratados y convenciones de Derechos Humanos. Como lo indica el nombre del Título Primero de la Constitución, que en 2011 cambió “De las garantías individuales” a “De los Derechos Humanos y sus Garantías”, la Constitución fue liberada entonces de la doctrina autoritaria según la cual el Estado es el otorgante de las “garantías” para reconocer que los Derechos Humanos son inherentes a las personas y no dependen de otorgamiento o concesión. Algunos extraviados han querido interpretar este giro como un regreso al iusnaturalismo, sin percatarse, por ignorancia o perversidad, de que la reforma de 2011 fue el acto mediante el cual los ciudadanos mexicanos (los soberanos) resolvimos concedernos mutuamente los mismos derechos en condiciones de igualdad y no mediante un recurso teológico proveniente de una instancia suprema.
Cuando el Poder Judicial resuelve en función de estos criterios está protegiendo los derechos humanos y constitucionales de las personas con el mismo rango, sin que importe que la violación venga del máximo poder político (Ejemplos: https://bit.ly/3UyNIAW). Esto es lo que la coalición morenista pone de cabeza con la reforma de “supremacía constitucional” y provoca que nuestros derechos dependan no de un poder judicial independiente y especializado en la impartición de justicia, sino del poder arbitrario de quienes controlan la presidencia, el Congreso y la mayoría de los estados. El objetivo inmediato es que nadie pueda objetar ninguna reforma constitucional que imponga el bloque morenista y, a mediano plazo, que nadie pueda contrapesar su poder, así pase sobre los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional. Se impone así, religiosamente y por dogma de fe, la cuarta transformación, siguiendo a sabiendas o no la tesis de Carl Schmitt —inspirador constitucional del fascismo— de que el soberano es aquél que impone el estado de excepción.
El proceso de autocratización avanza, funesto, con la desconstitucionalización de nuestros derechos, como lo previmos en este espacio desde la publicación de las 20 iniciativas de AMLO, el 5 de febrero pasado.
Investigador del IIS-UNAM.
@pacovaldesu