Notorio y revelador ha sido el texto de la presidencia de la República contra el pronunciamiento del Parlamento Europeo sobre la “Situación de los periodistas y los defensores de los derechos humanos en México” (https://bit.ly/34Up9b2). En él, la Presidencia repudia con lenguaje virulento a los eurodiputados. Comienza diciendo que “es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país”. Dos fantasmagóricas conspiraciones sobresalen en el paranoico texto: la supuesta existencia de una estrategia golpista y reaccionaria y un imaginario complot internacional que se revela en el acusatorio párrafo final: “Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial…”
La acusación de “bloque golpista” de los críticos y la oposición en contra de la restauración autoritaria y retrograda del gobierno obradorista es injustificable y carece del mínimo de credibilidad. Y la transfiguración del Parlamento Europeo en una especie de chupacabras que se ensaña con el inocente hato nacional no pasa de ser una caricatura risible, aunque resulte grotesca por venir de la fuente presidencial.
La “manía injerencista” que el comunicado ve en el llamado no es más que una iniciativa perfectamente fundada del parlamento de Europa por la alarmante mortandad de periodistas y defensores de los derechos humanos y la ineficacia e indiferencia de las autoridades mexicanas. No podemos más que dar la bienvenida a esta llamada de atención que se produce en el marco jurídico del tratado comercial. El pronunciamiento se basa en la “cláusula democrática” que la Unión Europea incluye en sus tratados internacionales desde 1992 y que fue firmada voluntariamente por México. Es también el caso de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, que obliga a todos los estados miembros a reconocer y respetar la democracia como un derecho humano.
Las cláusulas democráticas y de derechos humanos son instrumentos de derecho internacional. Sus beneficios derivan de la adhesión a principios universales de la humanidad que son suficientemente meritorios para ceder “soberanía” con el fin de protegerlos supranacionalmente. En este caso se trata de la democracia y los derechos humanos. Las cláusulas están en los acuerdos mediante los cuales los estados firmantes se obligan a respetar los derechos humanos y para ello se someten por decisión propia a jurisdicciones internacionales que ayudan a asegurar su cumplimiento. Se trata de cesiones voluntarias de soberanía que, en el fondo, no son sino el reconocimiento de que la verdadera soberanía reside en los pueblos, no en los gobiernos, y a la aceptación de que se ha ido creando un “gobierno mundial” (pésele a quien sea) gracias al cual los ofendidos de un país pueden recurrir a cortes de otros países o a instancias internacionales. Esos tratados garantizan el ejercicio de los derechos más allá de los confines de un Estado que no los respeta y autorizan a la comunidad de los países signatarios pronunciarse políticamente en donde se violan sus derechos. Hoy en día, cuando el gobierno pretende justificar su irresponsabilidad y las ineficiencias del Estado que no quiere reconocer se refugia en la excusa nacionalista propias del fascismo y del populismo, invocando instintos que nos retrotraen de la comunidad de naciones a las cavernas tribales.
El texto de la presidencia revela una mentalidad de la Guerra Fría que se niega a asumir que esa guerra concluyó con el fracaso de los que quisieron ver una etapa superior de la civilización humana en la imposición totalitaria. El comunicado presidencial es una muestra más del espíritu que subyace en la 4T: la restauración autoritaria a través de la regresión política y, en este caso, constitucional.
@pacovaldesu