Los autócratas se estrellan indefectiblemente con los derechos humanos. Así le ha pasado al secretario de Gobernación, Augusto López, cuando dijo: “Nosotros creemos que no pueden estar las convenciones internacionales por encima de nuestra carta magna. A los mexicanos que sea la Constitución que nos regule” (sic) (https://bit.ly/3PUBJZk) Como funcionario del presidente, podemos asumir, salvo desmentido expreso, que AMLO es el verdadero autor de esas palabras. El trasfondo de esta gravísima regresión que ha emprendido la 4T en materia de derechos humanos es la inminencia de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (y la previa declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) que podría declarar prisión preventiva oficiosa inconvencional y que, contra la constitución y los tratados y convenciones firmados por México, el obradorismo impuso en la Constitución en abril de 2019.
¿Cómo puede la misma constitución declarar que “las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia los derechos” (Art. 1°) y, a la vez, que “el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente” (Art. 19) para una lista que abarca la gran mayoría de los delitos que el Ministerio Público es incapaz de perseguir, procesar y llevar a término. La enormidad de esa lista es una confesión de incompetencia por parte del Estado. Estos son: “los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.”
La incompetencia alarmante de las fiscalías lleva al secretario de Gobernación y al presidente a hacer valer la fuerza por encima del derecho en vez de atender el problema de incapacidad, que es el verdadero agujero negro que se traga la seguridad de los mexicanos. Y quieren justificar su posición satanizando los tratados y convenciones de derechos humanos firmados por México en la septembrina verborrea nacionalista en la que se envuelven contra todo lo que no les “obedezca”, como los ministros que el presidente dice que “puso” y que le han enmendado la plana.
La Corte no ha resistido la presión y ha restringido su deber de proteger los derechos humanos de la persona por encima de todo pretexto, como lo mandata el artículo 1°. Mal precedente sienta en su Décima Época, de la que algunos ministros/as quisieran evadirse para dar paso a una ominosa etapa en la que desdeñaría —con todas las maromas imaginables— los compromisos supremos de 2011. Ojalá que no sea así.
Los tratados y convenciones de derechos humanos firmados por México son letra constitucional, según el artículo primero desde ese año, y tienen que ser forzosamente antepuestos por la justicia a cualquier otro criterio. La justificación que aducen el Presidente y su secretario (y rebaño que les acompaña), es una evasión que se suma al cúmulo de argucias contra los obstáculos que la defensa de la democracia y los derechos fundamentales les opone desde dentro y fuera del país. Los propósitos totalitarios adquieren el cariz de la razón de Estado típica de regímenes autoritarios sostenidos por la fuerza de las armas y por una mayoría ovejuna.
La 4T nos ha traído un nuevo problema ¿qué política hacer frente a un poder Legislativo que impone en la Constitución la reversa de nuestros derechos por someterse al Ejecutivo? Si ya se ha encaminado contra la democracia ¿arremeterá también con los derechos?
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@pacovaldesu