En días pasados participé en un foro de la Facultad de Contaduría de la UNAM y del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, sobre las implicaciones fiscales del Paquete Económico 2022 y de la cancelación de la reforma fiscal, que se sustituye por una “miscelánea administrativa” útil pero totalmente insuficiente. Será tema de debate en el Congreso y ante la opinión pública. Comparto con mis lectores las 8 principales conclusiones de mi ponencia:
1º
Es evidente que para 2022 ya no habrá una reforma fiscal . Creo que la decisión es atinada, porque no están dadas ni las condiciones económicas, ni políticas. Pero la reforma integral es necesaria. Queda como Agenda pendiente indispensable .
2º Nuestro sistema Hacendario muestra a lo largo de la historia una endémica penuria fiscal
, con muchas carencias e insuficiencias, con muy limitado margen de acción. El gasto público es insuficiente y, para colmo, mal asignado . Nuestro gasto público representa el 25% del PIB, la OCDE en promedio 40%. El nuestro es un Estado “mínimo” que no alcanza a satisfacer las necesidades básicas de la población. Nuestro limitado crecimiento está vinculado a niveles históricos muy bajos de inversión pública del 2% del PIB, particularmente en infraestructura. La que hay está muy mal asignada y absorbe la mitad en proyectos disparatados: la refinería subacuática, un nuevo aeropuerto que no permite adicionar vuelos, un tren selvático anti-ambiental. La falta de confianza conlleva también baja inversión privada. El gasto social también es muy insuficiente, los programas clientelares de apoyo social y de salud ante la pandemia, fueron de los más bajos (1.5% del PIB) entre los grandes países, y la pobreza aumentó.
3º Un sistema tributario insuficiente y deficiente.
Ya perdimos el “colchón” que significaban los ingresos petrolizados (40%). Nuestro coeficiente de tributación, que históricamente no rebasaba el tope de 10% del PIB, por virtud de las reformas de Videgaray, subió a 13% y ahora con las medidas de administración tributaria del SAT a 14% del PIB. Sin embargo, este promedio es un “ridículo internacional”, el de la OCDE es 34%, o sea más del doble; América Latina 24% y lamentablemente nos supera aún África con el 17%.
4º Estructura tributaria “de cabeza”
, gravamos más donde debíamos gravar menos, como a las empresas para estimular la inversión; y menos donde deberíamos gravar más, a los más ricos para corregir la desigualdad.
a) Así, el impuesto en el que más recaudamos en términos internacionales comparativos es el impuesto sobre la renta de las empresas , 3.5% del PIB, vs 2.9% de la OCDE; con la nuestra, una de las tasas impositivas más altas, 30%, frente a un promedio OCDE de 22%.
b) En el IVA
tenemos en cambio una muy baja recaudación en términos comparativos, menos de 4% del PIB, frente al de la OCDE, 6.7% e inferior a América Latina con 5.7%. Los países europeos y varios de América Latina tienen tasas superiores al 20%. Tenemos muchos tratamientos de excepción.
c) El impuesto sobre la renta a personas físicas
, el que más debe recaudar y el que mejor redistribuye, es el impuesto en que tenemos el comportamiento más negativo. Donde menos recaudamos, 3.5%, la tercera parte de la OCDE. Tenemos la tasa piso más baja de América Latina, gravando a los más bajos ingresos, y también una tasa techo baja para los ingresos millonarios.
d)
Sufrimos “un pseudo” federalismo fiscal, que más bien es un “charolismo” fiscal. Los Estados y municipios reciben vía participaciones y aportaciones federales, el 90% de sus ingresos. Es una suma no insignificante, la cuarta parte del PEF. Los Estados tienen muy deficientes fuentes de ingresos y esas no las usan (nómina, hoteles, tenencia). Los municipios tienen niveles absurdamente bajos de recursos por escaso cobro del predial (0.3% del PIB), que debería ser una gran fuente, tampoco derechos como el agua.
5º El Paquete Económico va en la dirección correcta
. Postula como objetivo un crecimiento de 4%, considerado optimista, planteando un aumento de la inversión pública de 17% (3.1 del PIB), aunque mal asignado. Un déficit moderado de 3.5% del PIB expansionista, que representa $1 billón, más o menos equivalente a lo que es la inversión y la deuda. El coeficiente deuda/PIB se mantiene en 51% del PIB, que es razonable.
Sin reforma, sí se logra un aumento en los ingresos tributarios sobre lo estimado para 2021 de 6.4% ($236 MM), hasta alcanzar casi $4 billones –un acto de “magia”-:
renta aumenta 4.95%; IVA, 4.5%; IEPS, 19% por disminución del subsidio de gasolina. Los analistas piensan que esta recaudación pudiera no darse por menor crecimiento al esperado.
Sí hay una verdadera reforma en el Régimen Simplificado de Confianza , que beneficia a los causantes menores, personas físicas con actividad empresarial, profesionistas, arrendatarios, que reciban ingresos hasta $3.5 millones y que pagarán sobre ingresos brutos una cuota fija de 1 a 2.5%. Ello cumple el objetivo de que puede aumentar la base de causantes en un 20% y puede reducir la informalidad. ¡Pero cubrirá con este tratamiento ingresos hasta más de $3 millones, lo cual es un beneficio “regresivo” y excesivo!
6º La reforma fiscal integral es una Agenda pendiente, tarde o temprano indispensable.
Si bien parece razonable la situación de las finanzas públicas para el 2022, hay dudas sobre su sustentabilidad para el 2023 y 2024. Hay fuertes presiones previsibles en servicio de la deuda y pensiones (9% del PIB) y otras contingencias: rebote de la pandemia, desastres naturales, crisis en Pemex, baja de calificación crediticia. Se complicaría la adopción de reformas en pleno proceso electoral. La visión ha sido, en todo caso, resolver el corto plazo, lo inmediato; no hay los recursos necesarios para un desarrollo incluyente de largo plazo y para atacar los problemas estructurales. Parece evidente que el nuevo gobierno tendrá que iniciarse con una reforma fiscal integral.
7º ¿Qué criterios debe reunir una reforma de fondo?
Su gran objetivo debe ser proporcionar los recursos para un crecimiento sostenible de cuando menos el 4% anual, sustentado en un programa de inversión pública, que aumente en 3% del PIB, particularmente en infraestructura y que estimule la inversión privada. Debe ser incluyente y generar recursos para reformas sociales de gran calado propuestas como el sistema de salud universal, ingreso básico para los más pobres, el seguro de desempleo, la reforma de pensiones. Esto significará una reforma que proporcione del orden de 5% del PIB, billón y medio de pesos, causa y efecto del mayor crecimiento. Debe ser una reforma balanceada en responsabilidades, equitativa en los beneficios, consensuada entre los actores sociales. Para ello pueden requerirse algunos nuevos mecanismos institucionales, principalmente un Pacto Fiscal Nacional. Debe fundamentarse y comunicarse adecuadamente a la opinión pública, en qué se va a gastar el dinero, con salvaguardas para que ni se dilapide en proyectos absurdos. Puede ser útil un Consejo Asesor Fiscal con los mejores expertos, que analice las verdaderas necesidades, y un “menú de opciones”.
8º ¿Cuál “menú” puede configurarse?
a)
Corregir la estructura tributaria que está de cabeza, reducir el ISR a empresas que fomenta la inversión y la competitividad del 30 al 25%, o 22%, el promedio OCDE. Revisando “hoyos” y deducciones para que el “cobro” efectivo se aproxime a la “tasa legal” utópica; ello estimulará la inversión. b) Rehacer la estructura del ISR personas físicas, el que más recauda y redistribuye . Subir el piso, que es muy bajo, para beneficiar a los grupos de bajos ingresos, reducir la carga para la clase media y aumentar el techo para grupos de altos ingresos, arriba de $1 millón, de más de 35 hasta 40%. Ello se justifica en uno de los países más desiguales. c) Aumentar el IVA, el de más amplia base recaudatoria , al 20%, eliminando tratos preferenciales, pero sí preservando una canasta verdaderamente básica de alimentos exentos o tasa “0” y estableciendo un mecanismo de compensación para los más pobres, que puede ser el ingreso básico. d) Se pueden evaluar otros impuestos: el de transacciones financieras de .5 a 1%, que funcionó bien en países de América Latina recaudó 1% del PIB, o un “flat tax”, un “Impuesto Proporcional de 15% que veo interesante. Es similar al propuesto Régimen Simplificado que será un experimento. Descartar del todo un impuesto patrimonial. e) Asignar nuevas fuentes tributarias a los Estados, como un impuesto de ventas pequeño, que ya propuso la última Convención Hacendaria. Cancelar el impuesto sobre la nómina, que es muy ineficaz. f) Aumentar la recaudación del predial en los municipios, con reformas al sistema catastral. g) Revisión general del IEPS. El impuesto a la gasolina tiene un carácter progresivo y logra fines ambientales.
¡La conclusión es que una Reforma Fiscal de fondo a nivel federal, de Estados y Municipios con visión de desarrollo incluyente de largo plazo, que nunca es fácil, tarde o temprano será necesaria, si no quedaremos condenados a un nivel de atraso, de crecimiento económico mediocre y carencias sociales insostenibles!
