Dado que el próximo 4 de junio se llevarán a cabo elecciones para elegir gobernador en Coahuila y Estado de México, es que hoy, 30 de mayo, en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) presentamos la evaluación de las propuestas de seguridad de los candidatos a la gubernatura de esos estados.
El ONC creó en 2018 el proyecto Por un México Seguro (PUMS) que se ha repetido en cada elección con el objetivo de entender y dar a conocer a la opinión pública qué se comprometen a hacer aquellos que piden nuestro voto, el nivel de coherencia de las acciones con los resultados esperados, la factibilidad de su propuesta y las eventuales recomendaciones que desde la sociedad civil se pueden hacer.
PUMS es un ejercicio con el que cada candidato se ve obligado a explicar con claridad qué diagnóstico tiene de los delitos que sufren los ciudadanos, de las capacidades institucionales del aparato de seguridad y justicia, del presupuesto destinado a la materia.
A partir del diagnóstico, cada uno de los candidatos debe aclarar cómo pretende combatir fenómenos delictivos como las desapariciones de personas; los delitos contra el medio ambiente; el robo de hidrocarburos y en el transporte público; los secuestros; el tráfico de migrantes; la extorsión; el consumo de sustancias y el reclutamiento de menores por parte de los grupos delictivos.
La participación de los candidatos muestra tanto su grado de conocimiento de los problemas, su claridad para enfrentarlos, como su voluntad a ser transparente, rendir cuentas, a colaborar con la sociedad civil y a ser abierto a la crítica.
El resultado de dicho ejercicio exhibe buenas y malas noticias.
Es positivo que haya dos candidatos que cuenten con un proyecto claro; conozcan los retos, tengan propuestas para solucionarlos y se comprometan a trabajar de la mano de los ciudadanos: Alejandra del Moral y Manolo Jiménez, candidatos de la alianza PAN-PRI-PRD para el Estado de México y Coahuila respectivamente.
En contraste, es negativo que la mayoría de los candidatos no tenga interés por ser transparentes, cumplir su palabra, colaborar con la sociedad civil y demostrar qué tan capaces son de enfrentar los retos de gobernar.
Es lamentable que los candidatos morenistas del Estado de México y Coahuila, Delfina Gómez y Armando Guadiana, ni siquiera hayan intentado explicar su “estrategia” de seguridad, que independientemente de las llamadas y contactos, hayan preferido callar y dejar como testigo de su proyecto las ingenuidades y errores expresados en los debates y entrevistas.
También resulta muy lamentable que el candidato del PT, el ex subsecretario de seguridad del actual gobierno federal, Ricardo Mejía -quien intentó por meses ser candidato de Morena-, confirmase el 25 de abril que participaría en el proyecto y no cumpliese con su palabra, cuando la seguridad -en teoría-, debería ser el tema que mejor conoce.
Cabe destacar el caso del candidato Lenin Pérez de la alianza UDC-PVEM para la gubernatura de Coahuila. Lenin se sumó a PUMS y respondió completamente el cuestionario. Sin embargo, el pasado 27 de mayo en rueda de prensa, los dirigentes nacionales del PVEM y de Morena dieron a conocer que el PVEM abandonaba a Pérez y se sumaba a la campaña de Guadiana.
En un momento crítico como el que vive nuestro país -que atraviesa la peor crisis de violencia, corrupción e impunidad de su historia reciente-, toda persona que aspira a un cargo tan importante como es gobernar una entidad, debería mostrar cualidades tales como conocimiento, responsabilidad, transparencia y compromiso por rendir cuentas.
Es positivo que los candidatos de la alianza PAN-PRI-PRD y el del UDC muestren dichas cualidades y es sumamente lamentable que los candidatos de Morena y del PT se nieguen a explicar cómo van a atender el peor flagelo que afecta a nuestra sociedad.
¿Cómo se puede votar por alguien que no puede demostrar una estrategia para enfrentar la complejidad que implica la delincuencia y proveer a los ciudadanos de seguridad y justicia?
Aún en el caso de Coahuila, una entidad que en la última década ha sido uno de los pocos ejemplos de éxito en reducir delitos, elegir a alguien que desconoce el tema, es peligroso.
Debemos recordar que lo que difícilmente se recupera, fácilmente se puede perder. Como ejemplo podemos tomar a Baja California, Michoacán o Tamaulipas, que con el cambio de gobierno, vieron rápidamente empeorar la violencia.
Es evidente que el resultado de esta elección contrapone dos maneras de hacer campaña: (1) proponiendo candidatos preparados, con proyectos claros, definidos y realizables o (2) repartir dádivas, acarrear personas y seleccionar como candidatos a personas que son evidentemente incapaces de gobernar y con una probada historia de corrupción.
Quienes votamos, quienes sufrimos en carne propia la violencia, deberíamos optar por candidatos preparados para luego exigirles que cumplan y rindan cuentas. ¿Qué podemos exigirle luego a gobernantes que fracasan si nunca tuvieron un proyecto ni compromiso con la transparencia?
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL