Pese a que el Gobierno Federal insiste una y otra vez que vamos muy bien en materia de seguridad, los hechos violentos ocurridos en estas últimas dos semanas en Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León y Zacatecas, nos comprueban que la crisis de violencia que vivimos en el país, no se ha terminado.
Aunado a todos los delitos que ocurren diariamente, en pocos días se hicieron públicos feminicidios, balaceras, homicidios múltiples, asesinatos de autoridades, secuestros políticos, extorsiones, cuerpos mutilados e incluso que integrantes de la delincuencia organizada desfilaron entre vítores de la comunidad.
Suele ser muy difícil explicar al público en general por qué, si existen leyes, instituciones y presupuesto público para atender la incidencia delictiva, no logramos avanzar.
Para muchos resulta incomprensibles que tras dos décadas de escuchar los triunfalismos de los gobiernos del PAN, del PRI y ahora de Morena, el aparato de seguridad y justicia funcione tan mal.
La respuesta más reductiva ante ello es recordar que tenemos instituciones insuficientes, es decir, secretarias de seguridad, cuerpos policiales, fuerzas federales, fiscalías y prisiones que carecen de personal suficiente para resolver las cargas de trabajo y suficientemente capaz para cumplir su función.
Instituciones a las que -aunado a las deficiencias de personal- les falta tecnología, infraestructura y equipamiento.
Todo ello tiene como efecto que haya impunidad en más del 99% de los delitos que ocurren en el país.
Lamentablemente día a día el deterioro se hace mayor y por ende, la brecha entre las instituciones que necesitamos y las que tenemos.
Para revertir tal desastre se va a requerir una inversión importante de capital político, voluntad democrática del conjunto de autoridades, aumentar sustancialmente el gasto en seguridad, generar mecanismos de supervisión y tiempo, mucho tiempo.
Sin el compromiso por reformar las instituciones modelándolas para atender los retos que vivimos en el país y según las necesidades de los ciudadanos, seguiremos teniendo instituciones dedicadas a administrar el problema y atender el beneficio de los poderosos.
Si no alineamos los esfuerzos federales, estatales y municipales, obtendremos -en el mejor de los casos- islas donde el Estado funciona y territorios completos donde no.
Mantener los actuales niveles de gasto para las policías, fiscalías, sistema penitenciario y demás dependencias que coadyuvan a construir mejores niveles de seguridad, es apostar al fracaso, es mantener servidores públicos mal pagados, mal capacitados, mal equipados, mal evaluados e incapaces de cumplir su función. Es seguir con dependencias donde no hay espacios dignos, no hay papelería, no funcionan las computadoras, no hay ni donde sentarse.
Para poder crecer el gasto se necesita repensar el sistema de distribución de las aportaciones federales, al tiempo que se generan los mecanismos para aumentar la recaudación local y que ésta se destine al mejoramiento constante de policías y fiscalías locales.
Para que todo ello funcione necesitamos una visión de largo plazo, una estrategia para garantizar que la inversión de todo lo expuesto no se vuelva a tirar a la basura -como sexenio a sexenio sucede-.
Necesitamos que se midan objetivamente avances y retrocesos, se hagan los ajustes necesarios, sin que por ello se pierda de vista el modelo de instituciones que se busca crear.
Este sexenio se acerca a su fin y con ello podemos concluir que perdimos otros 6 años para llegar a ser un país seguro y justo.
Al cierre de este sexenio tenemos la evidencia de que las promesas de pacificar el país fueron palabras y letra muerta; que hoy estamos peor que ayer, peor que el año pasado, peor que el sexenio anterior.
Exijamos que quien pretenda competir en las elecciones en 2024 sea una persona responsable, dispuesta a trabajar para todos y no sólo para algunos; que apueste a la unidad y no a la confrontación; que cuente con un plan claro para atender la seguridad de los mexicanos y que sea alguien que demuestre que sabe escuchar y dialogar, no sólo imponer y atacar a quienes tenemos observaciones legítimas acerca de lo mal que va el país.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
