El pasado 28 de marzo 20 personas fueron ejecutadas en un palenque clandestino en Zinapécuaro, Michoacán, uno más de los tantos homicidios múltiples ocurridos en lo que va del año.
Si se quiere entender por qué no logramos salir de la crisis de violencia del país, conviene analizar la respuesta institucional que el gobierno puso en marcha ante este grave delito.
¿Cómo respondió el gobierno federal ante este multihomicidio? Desplazó a más fuerzas federales en el territorio nacional y, en voz del presidente, insistió que vamos bien y que México es un país en paz.
¿Qué logró? Nada.
Por un lado las declaraciones del presidente centradas en negar que la delincuencia controla una parte significativa del territorio, echar la culpa al pasado, relativizar el hecho a un conflicto entre criminales, mentir acerca de los datos de violencia en el país e insistir a que México es un país pacífico, se desmoronaron tan sólo pocas horas después, cuando se encontraron 6 cabezas cercenadas en Chilapa, Guerrero.
Por el otro, la mayor presencia de fuerzas federales no tuvo algún impacto sobre la violencia en Michoacán donde diariamente se consuman múltiples homicidios y un sin fin de delitos.
¿Por qué las acciones que propone la administración federal fracasan una y otra vez? Porque la actual crisis delictiva y de violencia requiere de respuestas mucho más articuladas y sofisticadas que simples mensajes políticos o aumentar la presencia de fuerzas federales en el territorio.
El primer factor que hace ineficaz cualquier acción en materia de seguridad es la impunidad. Dicha impunidad tiene efectos más graves si obedece a la colusión entre autoridades y delincuentes, algo que en el caso michoacano quedó perfectamente documentado.
Recordemos que a lo largo de las elecciones pasadas, tanto el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, como medios de comunicación y organizaciones civiles exhibimos la participación de la delincuencia organizada en el proceso electoral de 2021.
Ante el cúmulo de denuncias el gobierno federal hizo oídos sordos y ni la Fiscalía en Delitos Electorales ni la FGR investigaron dichos delitos.
¿Cómo se piensa pacificar a Michoacán -o Sinaloa, Zacatecas, Colima, Nayarit- si la delincuencia organizada controla las autoridades locales?
En ese sentido la ausencia de una estrategia en materia de seguridad ha abonado a que cada vez sea menos eficaz la actuación de las fuerzas federales.
Con base en datos de INEGI, la Guardia Nacional (GN) es la policía más ineficiente que hayamos tenido -mucho más que las policiales locales o la ex Policía Federal-. Por ejemplo, la GN logra apenas el 1.9% de las puestas a disposición de un delincuente ante el ministerio público y se requieren 13 elementos de la GN para lograrlo.
Mientras que el 53% de las puestas a disposición son realizadas por las policías estatales y el 45% por las municipales y su relación entre de puestas a disposición y personal es de 1 elemento por cada puesta a disposición.
Si ello no fuese suficiente, en lo que va del sexenio no hay un sólo caso donde la llegada de fuerzas federales haya mejorado las condiciones de seguridad en esa localidad.
Pese a que tantas veces el presidente y su gabinete han insistido en que su política de abrazos y no balazos es preventiva, que es una política que va a las causas y busca mecanismos alternos para evitar la violencia, lo cierto es que no hay evidencia alguna que sustente estas afirmaciones.
El gobierno federal insiste que las transferencias económicas a ciertos grupos sociales son una política de prevención del delito, algo que el mismo Coneval, académicos y sociedad civil hemos desmentido. Dichas transferencias directas no han disminuido la pobreza, no han mitigado la marginación, ni han logrado reducir los delitos, ni la violencia en el país.
Además, si la narrativa oficial de abrazos y no balazos obedeciese a la realidad, veríamos estrategias para mermar el dinero y reducir las armas de los delincuentes.
Por lo contrario, el combate a los activos de los delincuentes se ha mostrado un mero discurso, en estos 3 años casi el 98% de las cuentas bloqueadas a supuestos delincuentes son devueltas por falta de investigación.
Lo mismo sucede con el combate al tráfico y comercio ilícito de las armas, en lo que va del sexenio los decomisos de armas han caído en más del 60% respecto al mismo periodo de la pasada administración.
En resumen, si queremos salir de la crisis de violencia que vive México, se requiere reconocer que está en juego la gobernanza del país, hablar con la verdad, mandar desde el gobierno federal un mensaje de unidad, de sentido de urgencia y de responsabilidad.
Se necesita un plan de acción claro, sustentado en datos, con los recursos necesarios para ejecutarlo, que pueda ser evaluado objetivamente y que incluya la colaboración de todo el Estado mexicano y nuestros aliados internacionales.
La violencia que vivimos en el cierre de marzo es el claro recordatorio que sin estrategia y con mentiras no se resuelven los graves problemas de seguridad que tenemos en el país.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
