En México cometer delitos es fácil y seguro. Un delincuente rara vez deberá preocuparse que una autoridad lo detenga y si hay algún detenido, suele ser en flagrancia.
Es poco probable que una detención sea resultado de un proceso de investigación, y una detención tampoco garantiza una debida sanción por las enormes deficiencias de los procesos.
Por ello, la impunidad en nuestro país alcanza porcentajes del 98-99%.
En el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) hemos insistido en que no habrá posibilidad de disminuir delitos si no hacemos lo pertinente por mejorar las capacidades de inteligencia e investigación, es decir, si no desarrollamos las competencias necesarias para que las policías de nuestro país identifiquen patrones criminales, prevengan los delitos gracias al uso de información y, en caso de suceder un delito, las áreas encargadas de investigar logren identificar a un culpable y -eventualmente- a toda la red de personas involucradas.
Lo sabemos, las deficiencias de nuestras policías, procuradurías y fiscalías hacen casi imposible que esto se pueda cumplir.
¿Qué deberíamos hacer para poder mejorar esas competencias? Diseñar mejor los perfiles de policías, peritos, ministerios públicos, fiscales, según necesidad; hacer crecer las estructuras para garantizar cargas justas de trabajo; mejorar salarios y prestaciones; desarrollar indicadores de desempeño y resultados objetivos y supervisar conforme a estos; definir programas de profesionalización constantes que tengan un impacto en la formación; invertir en tecnología e implementar sistemas para compartir inteligencia. Es decir, garantizar los recursos suficientes para que el Estado atienda las necesidades de seguridad del país.
En contraste, parece que nuestras autoridades hacen exactamente lo contrario: contratan a quienes pueden, les pagan mal, los capacitan mal, los tratan mal, les exigen cargas de trabajo imposibles de cumplir, carecen de procesos, mantienen una deficiente supervisión, se enfocan en atender los casos más mediáticos, dejan en el olvido la mayoría de los delitos, no generan incentivos para que cada integrante de la institución busque mejorar su trabajo e invierten cantidades insuficientes de recursos simulando que lo que se otorga sirva de algo.
Este es un problema añejo al que nadie le quiere entrar con seriedad porque para gastar más hay que recaudar más y eso tiene consecuencias políticas.
Al inicio de la administración del presidente Calderón, México gastaba apenas el 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) en el rubro de seguridad y justicia -incluyendo sistema penitenciario y fuerzas armadas-. A mediados de ese mandato el gasto creció y se sostuvo en 1.2%.
Con la llegada del presidente Peña, el gasto empezó paulatinamente a disminuir año con año y la lógica de gastó cambió, destinando cada vez más recursos a las fuerzas armadas y cada vez menos a policías y procuración de justicia tanto federal como locales.
Entre 2018 y 2019, el primer año del sexenio de López, el gasto en seguridad disminuyó en un 10% cayendo en apenas el 0.98% del PIB.
Para que podamos entender cómo estamos respecto a otros países, el promedio del gasto en esta materia de los países de la OCDE es del 3%, países que ni siquiera tienen una crisis de seguridad equiparable a la nuestra.
Por ejemplo, un país similar al nuestro en cuanto a problemática, Colombia, ha aumentado año con año la inversión hasta llegar al 5% de su PIB, lo que ayuda a entender porque año con año la incidencia delictiva, particularmente los homicidios, han disminuido.
Pocos recursos significa poco Estado, explica las deficiencias estructurales, los niveles de corrupción que vivimos, impunidad y violaciones a los derechos humanos. Gastar poco significa no buscar obtener resultados.
A estas alturas es casi seguro que 2019 se confirme como el año con la mayor tasa de homicidio doloso, feminicidio, robo a negocio, trata de personas y narcomenudeo desde que estos se registran.
De igual manera, será el segundo peor año en materia de extorsión, quinto peor en materia de secuestro y octavo peor en materia de robo a transeúnte.
Ante una crisis de violencia sin precedentes, el Congreso está por aprobar un aumento de recursos de apenas el 7.9% respecto a lo que se gastó este año, con lo que el total del gasto en seguridad llegará apenas al 1.06% del PIB, lo que ni siquiera alcanza para regresar a los niveles de gasto del último año del sexenio del presidente Peña.
Además, la lógica de gasto se mantiene igual a la que implementó el gobierno de Peña, poco a policías y procuración de justicia, mucho a fuerzas armadas, pese a que, gracias a la creación de la Guardia Nacional, se supone que estas tendrán cada vez una menor participación en tareas de seguridad.
Tampoco hay evidencia de mayor eficiencia en el gasto, menos despilfarros o corrupción. Gastar poco es simular atender un problema, gastar poco ante esta crisis es condenar al país a que la violencia siga desbordada.
En el ONC estuvimos trabajando con legisladores de diversos partidos para incidir tanto en la cantidad como en la lógica de gasto y lamentamos concluir que, mientras los intereses políticos de las bancadas mayoritarias se impongan por encima del interés de la nación, seguiremos sumidos en delitos, violencia e impunidad.
@frarivasCoL
