Esta semana, la crisis de personas víctimas de desaparición alcanzó al gobierno federal: los reclamos sociales por los últimos hechos violentos -particularmente los ocurridos en Jalisco y Veracruz-, ocasionaron la molestia del presidente y la renuncia con carácter de irrevocable de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana.
Los datos oficiales del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED) indican que de 1964 a la fecha existen más de 111 mil personas desaparecidas. De ellas, aproximadamente el 40% ocurrió en lo que va del sexenio -es decir, más de 44 mil personas-.
Pese a que la crisis se ha agravado año con año, el presidente sistemáticamente había evitado responder toda pregunta sobre el tema y se ha negado a reunirse con las víctimas, los colectivos de búsqueda y los expertos que investigan el tema. Ante todo reclamo López ha minimizado e insistido que “vamos bien”.
Sin embargo, el continuo hallazgo de restos humanos y las cerca de 3 mil fosas clandestinas registradas desde el 1 de diciembre de 2018, llevaron a que el presidente de la República -finalmente-, voltease a ver el tema.
Lamentablemente, la respuesta del mandatario no fue la deseada, lejos de escuchar el reclamo social, crecer el gasto para mejorar las capacidades institucionales y atender a las víctimas, López solicitó se revisase el RNPED con el fin de reducir la estadística oficial.
Aparentemente la solicitud y estrategia presidencial no le gustó a la ahora ex comisionada Quintana quien el pasado miércoles 23 de agosto renunció en “virtud de los contextos actuales”.
Ante los cuestionamientos derivados de la renuncia de la titular de la CNB, López de nuevo defendió su “estrategia” y afirmó que “se está haciendo una búsqueda en todo el país de desaparecidos y ya pronto vamos a tener un informe”.
Los grandes ausentes del discurso presidencial son la empatía hacia quienes tienen un familiar desaparecido; la explicación del por qué existen tantas fallas institucionales que no permiten el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas y el reconocimiento del fracaso de su “estrategia” de seguridad.
Mientras se desperdician recursos humanos por instrucción de López para ir a los domicilios de las personas registradas en el RNPED y preguntarles si sus familiares han aparecido, se sigue dejando la responsabilidad de la búsqueda de personas en el campo, en zonas abandonadas, en territorios de alta presencia de la delincuencia organizada, a los ciudadanos de a pie, a las familias, a las colectivos de búsqueda.
El desvío de recursos para reducir los registros del RNPED, termina por afectar las capacidades del Estado para hacer lo sustantivo: buscar a las víctimas y construir inteligencia.
No debería ser responsabilidad de los familiares buscar a sus seres queridos, ello es responsabilidad principal de las instituciones creadas para ello. Usar a los servidores públicos para corroborar que alguien sigue desaparecido, antes de buscarlo en aquellas zonas donde es probable que esté, es una falta gravísima para los familiares.
Asimismo, nunca se logrará reducir la incidencia de este delito si no se dedican recursos para combatir el narcotráfico, el tráfico y trata de personas, el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro, los delitos en contra del medio ambiente, la piratería, el contrabando, los delitos electorales, entre muchos otros.
Es decir, para reducir la desaparición de personas el Estado está obligado a combatir los fenómenos criminales, desarticular redes de corrupción, recuperar el territorio, sancionar los delitos y prevenir que existan nuevos casos.
Lamentablemente a López no le interesa que haya menos víctimas, sólo le interesa abatir la estadística de desaparecidos.
La presión que el mandatario ejerza para ello, probablemente lleve a que las cifras de desaparecidos acaben reduciéndose artificialmente así como ya ocurre con la estadística oficial de homicidios y secuestros, en las que la manipulación de cifras ha logrado bajas artificiales en la estadística oficial.
Lo relevante no es si hay menos personas en el RNPED, lo relevante es que quienes buscan a un ser querido sean acompañados por el Estado y se les dé acceso a la justicia; que se combatan y reduzcan los delitos y, por ende, disminuya el número de nuevas víctimas de desaparición.
Sin embargo, todo apunta a que la estadística de desaparecidos bajará -artificialmente-, sin que se registre algún avance en el combate a este delito.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
