América Latina es la región no-en-guerra más violenta del mundo.
Países como Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Venezuela, Colombia, Brasil y desde luego México, presentan tasas de homicidio doloso y ocurrencia de otros delitos violentos muy superiores a las de cualquier otro país que no viva un conflicto bélico.
Tal situación es el resultado de una fuerte presencia de grupos delictivos que se disputan entre sí el poder y prosperan en un contexto de instituciones débiles, de policías y fiscalías ineficientes y/o corruptas.
Particularmente la criminalidad organizada trasnacional es el gran semillero de tales brotes de violencia. Recordemos cómo los cárteles de la droga colombianos fungieron como aliados y modelo de los entonces incipientes grupos delictivos de nuestro país.
Una vez que los cárteles mexicanos dejaron de fungir como apoyo para el trasiego de drogas y buscaron apoderarse de dicho mercado, fue cuando se desató la violencia.
Así como en pasado los narcotraficantes colombianos impulsaron a los grupos delictivos mexicanos, hoy los dos principales grupos de delincuencia organizada nacional son factores clave de la violencia que se vive en Ecuador.
Los dos principales cárteles ecuatorianos, Los Choneros y Los Lobos, han emprendido una guerra por el control del territorio y del mercado de las drogas. Son grupos delictivos aliados del Cártel de Sinaloa y del Cartel Jalisco Nueva Generación que compiten por el monopolio criminal de Ecuador.
Desde el pasado 7 de enero, dichos grupos tienen al país convulsionado. En pocos días vimos la incursión de delincuentes en un programa que se transmitía en directo por un canal de televisión en Guayaquil, han ocurrido un sin fin de motines en penales, fuga de reos, explosiones e incluso el secuestro de centenares de servidores públicos.
Ante todo ello, su presidente, Daniel Noboa -quien desde su campaña prometió atacar la creciente ola de criminalidad- tuvo que declarar el Estado de Excepción que define a los grupos delictivos como terroristas; moviliza a la policía y los subordina a las Fuerzas Armadas; impone toque de queda para limitar la libre circulación de personas desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana.
En tan sólo 5 días tal política tuvo como efecto la detención de más de 1000 personas, la liberación de los funcionarios secuestrados, la recuperación del control de los penales, la captura de 27 personas que se habían fugado de las cárceles, el supuesto desmantelamiento de 28 organizaciones delictivas y la incautación de 750 armas. Con base en ello, el gobierno de Noboa afirma ir en la dirección indicada y que pronto se recuperará la paz.
Independientemente de si Noboa y su gobierno logren recuperar plenamente el control del país, el daño que ocasionaron Los Choneros y Los Lobos al Estado es profundo.
En Ecuador se sentó el precedente de cómo los grupos delictivos pueden doblar tanto a las instituciones como a la sociedad; la violencia ocasionada costó vidas, vulneró la paz y el bienestar de los ciudadanos; es de esperar que la reacción gubernamental dio y siga dando pie a abusos, detenciones de inocentes, violaciones graves a derechos humanos, mismas que difícilmente serán del conocimiento público.
¿Qué debemos aprender de lo que sucede en Ecuador? ¡Mucho!
1. Todo espacio que el Estado deja libre, será ocupado por alguien más -probablemente un grupo delictivo-. Es decir, los índices de violencia que sucedieron en el país suramericano pudieron ocurrir porque existe incapacidad, corrupción y negligencia institucional.
2. La delincuencia organizada transnacional tiene redes y tentáculos en todo el mundo. Desconocer o tolerar su área de influencia y complicidades en nuestros países es un grave error.
3. Se debe impulsar la construcción de inteligencia para prevenir tales hechos y reaccionar rápidamente.
4. Es imperativo contar con políticas públicas de largo aliento dirigidas a fortalecer las instituciones y reducir la corrupción.
5. La respuesta ante hechos extraordinarios cuesta muy caro.
En resumen, si el Estado tolera la delincuencia, no cuenta con un plan y no cuenta con instituciones capaces de hacer cumplir la ley, es claro que antes o después perderemos el control del territorio.
En México hay un porcentaje muy importante del territorio que ya perdimos, que es controlado por algún grupo delictivo. No obstante, aún no hemos perdido el pleno control del país… pero podríamos perderlo.
Si la próxima administración federal mantendrá las actuales decisiones -abrazar a la delincuencia en vez de hacer respetar la ley; tolerar la corrupción; vulnerar las instituciones; recortar los recursos para mejorar el desempeño de policías y fiscalías; rechazar la cooperación internacional- México vivirá pronto una situación de violencia generalizada como la que se vive en Colima, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas o Zacatecas, como la violencia que se atestiguó en Ecuador.
Por ello, es fundamental exigirle al próximo gobierno que sí atienda la seguridad y no mantenga la ruta de fracaso en dicha materia del gobierno del presidente López.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
