Según informes de la agencia de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), la piratería es uno de los negocios criminales más lucrativos. Sus ingresos son similares a los del narcotráfico, del tráfico de armas y de la trata de personas.
Sin embargo, en el imaginario colectivo la piratería es un delito sin víctimas que genera beneficios inmediatos para el consumidor y del cual su uso no representa algún riesgo individual o colectivo.
Ello se debe a que cuando hablamos de este delito, las personas asociamos la piratería al consumo de productos tales como películas o vestimenta, productos de bajo costo y fáciles de adquirir.
Rara vez relacionamos la piratería con productos alimenticios, bebidas, productos de belleza, juguetes, útiles escolares, medicamentos o autopartes que ponen en riesgo nuestra salud, nuestra integridad física o la protección de nuestra ciberseguridad.
Aún menos frecuente es que el ciudadano relacione este delito con la corrupción que se necesita en las aduanas para que productos o materias primas ingresen al país; en las carreteras para que se ejecute su distribución; en las calles, estaciones de transporte público, puestos, mercados y tianguis para que las autoridades toleren o incluso protejan su comercialización.
De manera similar, es inusual que los individuos pensemos en la relación que este delito tiene con otros, la afectación para la recaudación fiscal, para la innovación y para el mercado laboral.
Con el fin de hacer visible los efectos que esta actividad criminal tiene en las personas, las comunidades, la productividad de nuestro país, la protección de trabajos formales y proponer estrategias y acciones concretas para combatirlo, en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) unimos esfuerzos con la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM) para presentar el estudio Piratería en México: Diagnóstico de la oferta y de las acciones institucionales.
Entre los principales hallazgos destacamos cómo la comercialización de medicamentos, insumos médicos, semillas, alimentos, bebidas, productos de belleza, útiles escolares entre muchos otros, afectan directamente nuestra salud.
Asimismo, advertimos el riesgo de comprar autopartes, partes mecánicas, incluso, armas “piratas” porque ponen en riesgo la integridad física de quien los opera.
Por lo que refiere al uso de tecnología y software apócrifo, insistimos en el riesgo que éste implica para la seguridad de instituciones y empresas, como de robo datos personales para los individuos.
En el estudio ponemos en evidencia la relación que existe entre piratería-informalidad-contrabando-robo de transporte de carga-corrupción, para que este delito se pueda cometer.
Presentamos cómo la piratería favorece el robo de datos personales, la extorsión presencial, el halconeo, el robo, el tráfico de armas, el contrabando e incluso la pérdida de control territorial por parte de las autoridades.
Entre los hallazgos detectamos cómo la piratería se comercializa tanto en las calles como en mercados que notoriamente se identifican por ser centros de venta y distribución de estos productos -como Tepito o Plaza Meave-, cuanto en negocios formales y hasta a través de compras públicas.
Lamentablemente, también identificamos que las estrategias gubernamentales antipiratería tienen una baja prioridad en la agenda pública, en particular en la actual administración federal.
El actual gobierno federal ha fomentado un debilitamiento significativo de las instituciones encargadas de perseguir la piratería en nuestro país. Tan sólo por lo que refiere a la Fiscalía General de la República (FGR) su desempeño en el combate a estos delitos ha empeorado significativamente respecto al pasado.
Por ejemplo, en 2019, las acciones operativas antipiratería se desplomaron con relación a 2018:
⁃ Las órdenes de cateo autorizadas disminuyeron en un 66%.
⁃ Los inmuebles cateados en un 68% menos.
⁃ Los objetos asegurados en un 64% menos.
⁃ Los inmuebles asegurados un 91% menos.
⁃ Los locales asegurados en 66% menos
⁃ En 2019 no hubo vehículos asegurados, tampoco inspecciones en aduanas y ninguna fábrica desmantelada.
⁃ En 2019 sólo 6 laboratorios fueron desmantelados y sólo hubo un operativo en vía pública cuando en 2018 fueron 10.
En el estudio presentamos una variedad de factores que se recomienda sean considerados para combatir este delito.
La falta de estrategias y acciones para combatir a la piratería por parte de las actuales autoridades federales pone en entredicho el interés manifiesto de generar prosperidad y seguridad para las personas, así como de combatir la corrupción.
La ausencia de resultados para combatir este delito pone en riesgo la salud e integridad de las personas; dota de recursos y favorece a la delincuencia; incentiva la ocurrencia de hechos violentos; debilita a las empresas; inhibe la innovación; produce pérdida de empleos; genera desconfianza en inversionistas nacionales y extranjeros; aumenta los niveles de impunidad; disminuye la recaudación fiscal; debilita el Estado de Derecho.
Si los gobiernos olvidan que las actuales crisis económica y sanitaria derivadas de la pandemia por COVID-19 potencian los incentivos para participar en la piratería serán cómplices de los daños en la salud y la seguridad de los mexicanos.
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
