Tal como lo prometieron durante los largos meses de campaña el presidente López y la entonces candidata, hoy presidenta electa, Sheinbaum, el peligroso Plan C comienza a concretarse.
La contundente victoria de Sheinbaum y de su partido, les garantizó poder moldear a su voluntad las reglas e instituciones mexicanas.
Las dos primeras reformas que supuestamente verán la luz son la del Poder Judicial y la que transferirá la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
¿Es peligroso hacer cambios en normas e instituciones? Por sí mismos no.
Es prerrogativa de todo gobierno y de todo legislativo, ir ajustando la arquitectura institucional y el marco normativo a los cambios sociales y a los nuevos retos que enfrente un Ejecutivo.
Lamentablemente el problema con el Plan C es para qué se quieren llevar a cabo las reformas.
¿Debe haber ajustes en la GN y en el Poder Judicial? Indudablemente si se busca que tanto la prevención, reacción y combate a los delitos, como la administración de justicia, sean más efectivos.
No obstante, sí importa cómo se debería llevar a cabo el proceso.
Si se buscan reformas efectivas se requerirían diagnósticos objetivos que identifiquen qué sí funciona, qué no funciona y qué podría llegar a funcionar con ajustes específicos.
Dichos diagnósticos deberían ser la base para trazar rutas de acción que de manera transparente logren modificar los procesos y reglas propias de cada institución, sin que ello lleve al colapso de sus operaciones. También deberían servir para diseñar indicadores de proceso, de desempeño y resultado que permitan evaluaciones constantes y objetivas para rendirnos cuentas.
Además, se deberían aportar los recursos necesarios para que tales reformas se cumplan cabalmente, para que no queden incompletas o mal hechas.
Nada de eso se plantea en el Plan C.
¿Para qué se quiere transferir la GN a la SEDENA? ¿De qué manera dicha transferencia subsana las deficiencias institucionales y la falta de resultados? ¿De qué manera militarizar definitivamente la seguridad federal hará que disminuya el control territorial de la delincuencia y la violencia que sufrimos los mexicanos? ¡Ni idea! A nada de ello responde el Plan C.
Con mayor razón cuando recordamos que a lo largo de este sexenio, la GN ya operó bajo las órdenes de la SEDENA.
Los guardias nacionales y los militares formaron parte de las unidades mixtas distribuidas en el territorio nacional; la SEDENA estuvo a cargo del diseño de la estrategia de combate a los delitos, la definición de prioridades, el uso de los recursos, la capacitación de militares y guardias nacionales.
Pese a todo ello y a que en este sexenio hubo más de 300% de presencia federal respecto al sexenio pasado, se registraron menos resultados y mucha más violencia. Además, con tal configuración se dispararon la corrupción y violaciones a Derechos Humanos por parte de las Fuerzas Federales.
Del mismo modo, el Plan C tampoco explica por qué elegir a los magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia mejorará la impartición de justicia, la atención a las víctimas, la reparación del daño o disminuirá la corrupción.
Basta recordar que hoy se eligen miles de cargos públicos y legisladores de los ejecutivos federal y locales, del Congreso de la Unión y los congresos estatales. Nada de ello ha frenado la corrupción -y por la serie de fracasos que se acumularon en este sexenio- tampoco han ayudado a mejorar el desempeño institucional.
¿Qué motiva la reforma del Poder Judicial que contempla el Plan C? Acumular más poder en manos de los ejecutivos y legislativos, reducir el contrapeso que ha sido el Poder Judicial.
López, Sheinbaum y Morena quieren un Poder Judicial a modo, que legitime toda Ilegalidad y atropello a los derechos.
La reforma busca que aquel contrapeso y freno que tuvieron Fox, Calderón, Peña y el mismo López, por parte de la SCJN, ya no exista.
Mientras avanza la cristalización del Plan C, el sexenio más violento, más corrupto e impune de nuestra historia se acerca a su conclusión. Nos dejará más de 200 mil víctimas de homicidio, más de 50 mil de desaparición, millones de víctimas de otros delitos; instituciones más débiles y corruptas; una criminalidad organizada cada vez es más poderosa que controla más partes del territorio nacional y un Plan C que no sirve para resolver nada de todo ello y que probablemente lo empeorará aún más..
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
