En este sexenio se ha roto un sinfín de récords negativos en términos de violencia: estamos en máximos históricos de homicidios dolosos, feminicidios, extorsiones, robos a negocio, narcomenudeo, trata de personas, violaciones y violencia familiar.
Pese a todo ello, donde queda más claro el fracaso del gobierno federal y de los gobiernos locales por pacificar al país y proteger la integridad y vida de los mexicanos, es en el fenómeno de las desapariciones.
La actual crisis de desaparecidos no tiene igual, en los 5 años del gobierno del presidente López se han registrado más de 43 mil personas desaparecidas -muchas más del total de personas que desaparecieron en los sexenios de Calderón y Peña juntas-. Lamentablemente muchas de ellas fueron víctimas de homicidio y yacen en las tantas fosas clandestinas del país, en fosas comunes, fueron disueltas o incineradas clandestinamente, sin que la autoridad sea capaz de darles identidad y los deudos puedan tener acceso a la justicia y a la verdad de qué le ocurrió a su ser querido.
Si en México desaparecen más de 20 personas al día es porque se ha permitido el crecimiento de la delincuencia organizada, la común e incluso la violencia de género.
Desaparecieron más de 43 mil personas en los últimos 5 años porque tenemos una crisis de grupos delictivos que se enfrentan entre sí por el control del mercado de drogas, por traficar personas, tratarlas, por extorsionar o secuestrar.
Esas 43 mil personas permanecen desaparecidas porque el Estado es incapaz de activarse y emprender búsquedas rápidas en vida, porque a muchas víctimas indirectas que acuden a denunciar la desaparición de su ser querido no se les atiende, se les regresa a sus casas, se les pide que esperen, se les abandona y revictimiza.
Si en 5 años se han identificado más de 5 mil fosas clandestinas -y muchas más no se han encontrado- es porque el Estado no detiene el pleno control del territorio.
Si hay cuerpos sepultados en fosas comunes sin que se haya hecho el intento de identificarlos, registrarlos u obtener información de su ADN, es porque los servidores públicos no siguen los protocolos y procesos establecidos; es porque nadie los capacitó para ello, porque no se le dieron los recursos para hacerlo, porque nadie los supervisa o porque simplemente carecen de integridad y honestidad.
Si en México impunemente se disuelven cuerpos es porque falta regular la venta de esos químicos que permiten deshacer cuerpos, borrar identidades.
De manera similar, si en nuestro país se pueden incinerar clandestinamente a alguien es tanto por el desinterés de la autoridad por regular adecuadamente el mercado de los hornos crematorios, como por la simple y llana corrupción que impera en el país.
Tan sólo la semana pasada, tras el hallazgo de un horno crematorio clandestino por parte del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco en Tlaquepaque, el periodista Óscar Balderas se dio a la tarea de investigar cómo se arma un crematorio clandestino y cuánto cuesta.
En entrevista de radio con Luis Cárdenas, Balderas relató su conversación con el dueño de una empresa que los vende en Irapuato. El empresario le explicó que con menos de un millón de pesos podía comprar e instalar el horno crematorio clandestino y pagar las “mordidas” necesarias para que las autoridades sanitarias y de seguridad no lo importunasen.
Y ante todo lo anterior, sólo hay impunidad.
Con tantas fallas, tanto desinterés, tantos delitos, tanta violencia y tanta corrupción ¿cómo reducir el número de personas que desaparecen en nuestro país? ¿Cómo darle identidad a los restos humanos encontrados? Aplicando la ley, persiguiendo y sancionando los delitos, recuperando el territorio y poniendo al centro de todas la actividad de las fuerzas de seguridad y justicia los derechos de las víctimas.
Necesitamos reducir los delitos, el narcotráfico y narcomenudeo; el contrabando; el tráfico y la trata de personas; la extorsión; los robos y todos los delitos que ponen en riesgo la integridad y vida de las mujeres.
Eso no se logra con abrazos, se logra con estrategias diferenciadas por delitos y sustentadas en evidencia e inteligencia. Se logra destinando los recursos necesarios para el óptimo funcionamiento de las autoridades de seguridad y justicia. Se logra combatiendo la corrupción; evaluando y supervisando el trabajo de los servidores públicos. Se logra reconociendo el tamaño de la crisis y escuchando a las víctimas.
Es decir, se debe hacer exactamente lo opuesto de lo que ha hecho hasta ahora el presidente López quien niega los hechos escudándose en retórica y narrativa; quien desmanteló instituciones, recortó recursos, militarizó al país sin alguna estrategia de combate a los delitos; quien tolera a los criminales y a los corruptos; quien se ha negado una y otra vez en reunirse y escuchar a las víctimas.
Esperemos que quien nos gobierne a partir de 2024 tenga mucha más capacidad y disposición para combatir los delitos, así como más sensibilidad para atender a las víctimas, de lo contrario las víctimas aumentarán, crecerá el poder de la delincuencia y el Estado será cada vez más débil.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
