El pasado 8 de diciembre, un enfrentamiento entre habitantes de Texcaltitlán, Estado de México, y presuntos integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana, dejó como saldo 14 personas muertas -3 civiles y 8 personas identificadas como delincuentes-.
La confrontación armada ocurrió como efecto del hartazgo de los pobladores, a quienes los integrantes de la delincuencia organizada buscaban incrementar las cuotas por derecho de piso.
Este lamentable hecho confirma las advertencias que en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) hemos repetido una y otra vez: (1) estamos viviendo la peor crisis de violencia de nuestra historia; (2) la extorsión es un delitos que mata, que destruye las economías locales, que desnuda la profunda desigualdad entre ciudadanos, (3) que refuerza el control territorial de los delincuentes; (4) La ausencia de una estrategia efectiva que permita una plena coordinación entre autoridades; (5) los recortes presupuestales sin sentido; (6) han debilitado las instituciones y (7) han dejado en el abandono a las víctimas.
Siete mensajes clave que en el ONC hemos entregado al gobierno federal y a los gobiernos locales -para los cuales hemos ofrecido donarles estrategias que lo solucionen-, sin que alguien los quiera atender. Tanto el Ejecutivo Federal como muchas autoridades locales, niegan la realidad.
No obstante, no importa cuánto el presidente, su gabinete, legisladores, gobernadores y alcaldes quieran pensar que viven en el país de “los otros datos”, las evidencias del fracaso de la estrategia en seguridad, de los niveles de violencia, de la debilidad institucional y del abandono en el que vivimos los ciudadanos ahí están: los muertos, los desaparecidos, los lesionados se cuentan por centenares de miles.
Precisamente si los pobladores de Texcaltitlán se reunieron para intentar negociar con sus extorsionadores, en un espacio público, es porque las denuncias a la autoridad no tuvieron efecto, porque las instituciones los abandonaron y las víctimas se quedaron solas.
Los civiles se levantaron en armas en contra de uno de los grupos de delincuencia organizada más relevantes del país porque sintieron que no les quedaba de otra y porque alguien debía intentar recuperar el control de ese municipio.
Como ni el gobierno federal ni el local protegieron a sus ciudadanos, hoy tenemos otras 14 personas víctimas de homicidio doloso que se suman a las más de 170 mil de este sexenio. Aunado a ello, es de esperar que la situación empeorará en la región. Dudo que La Familia Michoacana se repliegue y asuma la derrota.
Esta tragedia se pudo haber evitado. Lo podemos afirmar ya que en el ONC habíamos previamente advertido a las autoridades que en esa zona existía un grave problema de extorsión.
En nuestra área de atención a víctimas ya se habían atendido casos ligados al cobro de derecho de piso y a la extorsión que controla la actividad comercial -en los que a los comerciales se les obliga o se les prohibe vender ciertos productos-. Algunos abarroteros habían sido amenazados por ese mismo grupo delictivo para obligarlos a vender ciertas marcas de cigarros y prohibirles vender otras.
De todos los delitos que ocurren en el país y que generan violencia, la extorsión es el delito que más nos afecta a los ciudadanos de a pie. Sobra decir que casi el 100% de los casos quedan en la impunidad; que menos del 0.02% de las víctimas obtienen alguna recuperación de sus bienes y que en ningún caso las víctimas han recibido la reparación del daño.
Los hechos de Texcaltitlán apuntan a que la incapacidad de los gobiernos de protegernos ha llevado a que las víctimas de extorsión tengan pocas opciones: pagar la extorsión y ser esclavo de los criminales o defenderse por sí mismos.
En el ONC no creemos en la “justicia por propia mano” y como estamos conscientes del rezago legal, la asimetría y debilidad de los gobiernos para atender este fenómeno, hemos intentado impulsar una reforma normativa que permita la publicación de una Ley General para Combatir la Extorsión y la puesta en marcha de una política pública que permita reducir la incidencia de este delito.
Lamentablemente, ni el gobierno federal ni los legisladores de Morena -mayoría en ambas cámaras- han mostrado interés o disponibilidad para atender un delito que en este sexenio ha crecido 34% comparado con la administración de Peña y 62% respecto a la de Calderón.
Si el presidente, al ser cuestionado por los hechos de Texcaltitlán, responde “vamos bien y de buenas” ¿cómo podemos pensar que alguien dentro de su gobierno proponga un viraje en el combate a los delitos?
Hace una década los michoacanos se articularon y crearon autodefensas con el objetivo de frenar la extorsión que sufrían. El resultado fue desastroso. Hubo pérdidas humanas, rezago social y debilitamiento del Estado de Derecho, que 10 años después no se ha resuelto.
Debemos aprender de tal experiencia y entender que si no atendemos con eficacia hechos como los de Texcaltitlán, la violencia y el control de los delincuentes sobre el territorio seguirá creciendo.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
