El pasado 4 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó una de las reformas más regresivas para la democracia mexicana: la reforma al Poder Judicial.
De manera exprés la mayoría morenista y sus aliados aprobaron en lo general una reforma para la cual no se tomó en cuenta los posicionamientos de los “parlamentos abiertos” como tampoco las dudas que operadores del sistema, expertos, académicos y actores internacionales manifestaron. La reforma se aprobó sin haber discutido ni evaluado los riesgos.
Tardaremos años en recuperar lo perdido, esta reforma nos retrocede a un México menos democrático y más autoritario, donde los derechos individuales y colectivos están en riesgo.
Lamentablemente, tal reforma es apenas el inicio de una destrucción democrática, esta misma semana se buscará probar otra reforma constitucional regresiva -la que termina por militarizar la seguridad pública-: aquella que transfiere la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
¿Tiene sentido dicha reforma? No.
El argumento por el cual se desapareció a Policía Federal (PF) y creó la GN fue que presuntamente PF era ineficaz y corrupta.
Supuestamente la GN debía ser una institución de carácter civil, efectiva y profesional que utilizaría a militares en activo sólo en principio, mientras se reclutaban cerca de 150 mil elementos.
Cinco años después la PF ya no existe, la GN es conformada y liderada por militares y la situación de incidencia, delictiva y violencia del país empeoró.
Si bien existen números contradictorios acerca del número de efectivos de la GN - el presidente López afirma que hay 230 mil elementos, mientras que la presidenta electa Sheinbaum afirmó que son 175 mil efectivos-, los datos oficiales reportan 126 mil guardias nacionales, es decir, que es 3.3 veces más grande que la PF en 2018.
Pese a tal crecimiento de elementos, los resultados y acciones han ido en caída.
Si en 2017 la PF detuvo a 19,799 personas, en 2023 la GN sólo detuvo a 3,588 personas -lo que representa una caída del 81.8%-, pese a que la delincuencia es mucho peor que en 2017.
De manera similar, en su último año de operación la PF incautó 2,280 armas de fuego, 256,949 cartuchos y 3,825 cargadores mientras que en 2023 la Guardia Nacional logró asegurar 1,420 y 0 -léase bien CERO- decomisos de municiones por parte de la GN.
Aún cuando la actual administración federal afirma que ya se acabó el robo de hidrocarburos, PEMEX reporta que en este sexenio el delito creció en más del 100%. En contraste en 2023 la GN incautó sólo 1,812,598 litros de diésel, 70% menos que los 6,065,686 de litros que la PF incautó en 2017.
Mismo escenario se presenta para otros energéticos, la GN incautó 50% menos litros de gasolina robada, 65% menos de gas LP, 89% de combustóleo y 82% menos en otros derivados respecto a la PF en su último año de operación.
Tales ineficiencias también se observan en otras acciones. En 2017 la PF realizó 178,592 operativos en carreteras mientras que la GN en 2023 sólo llegó a 124,320.
En materia de ciberseguridad es la misma historia, la PF en 2017 realizó 6,107 ciberpatrullajes mientras que la GN llevó a cabo 5,326.
Respecto a los enfrentamientos, en su último año la PF se vio envuelta en 59 enfrentamientos con un saldo de 33 civiles fallecidos, 7 lesionados, 39 detenidos, 2 policías federales fallecidos y 8 lesionados.
Pese a que López afirma que “se acabaron las masacres” y que las fuerzas federales de seguridad son menos bélicas que en sexenios pasados, en 2023 la GN participó en 211 enfrentamientos con un saldo de 73 civiles fallecidos, 25 lesionados, 120 detenidos, 13 guardias nacionales fallecidos y 98 lesionados.
Sobre el tema de corrupción, en 2017 la Unidad de Asuntos Internos de la PF recibió 2,072 denuncias y/o quejas. En 2023 la misma instancia de la GN registró 3,429.
Por último, la militarizada GN a la fecha carece de un plan rector de profesionalización, de transparencia en datos, de claridad acerca de cuántos elementos han aprobado controles de confianza, cuántos cuentan con su Certificado Policial Único y qué cursos han aprobado.
Es decir, la institución encargada de abrazar y no disparar ha sido un rotundo fracaso de política pública, es más letal, cuesta más que la PF y obtiene muchos menos resultados.
Aprobar la reforma constitucional que militarizará definitivamente la seguridad pública federal es un error.
Los legisladores deberían centrarse en llamar a cuentas al Ejecutivo Federal para que explique el por qué de tal fracaso.
El Congreso está llamado a servir a los mexicanos; transferir la GN a la SEDENA, no es servir al pueblo de México, no mejorará la terrible crisis de violencia que existe en nuestro país y aumentará el riesgo de que se violen aún más los derechos de cada uno de los que vivimos o transitan por nuestro país.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
