El pasado 3 de agosto José Eduardo Ravelo, joven de 23 años, murió por destrucción orgánica múltiple y politraumatismo derivado de la detención ilegal, violación y tortura de 4 policías municipales de Mérida, Yucatán. Un hecho terrible que lamentablemente no puede considerarse un caso aislado.
En México sobran evidencias de policías, procuradurías, fiscalías y fuerzas armadas que han participado en privaciones ilegales de la libertad, robo de bienes, corrupción, sembrado de evidencia, maltrato, abuso sexual, lesiones dolosas, tortura, desapariciones forzadas y homicidios.
Todo ello en la absoluta impunidad, sin que alguien asuma alguna responsabilidad, sin atender a las víctimas directas e indirectas, sin sanción a los responsables ni reparación del daño, y peor aún, sin que se inicie una transformación institucional que evite la ocurrencia de casos similares en el futuro.
Las víctimas más frecuentes del abuso de los cuerpos de seguridad son los jóvenes, las mujeres, los migrantes, la población indígena, así como los integrantes de los niveles socioeconómicos más desfavorecidos del país.
En lo personal sólo en el último mes tengo evidencia de 5 casos de abuso policial y dos de abuso ministerial: el último, ocurrido el pasado sábado 14. Los policías de la capital detuvieron ilegalmente, robaron, lesionaron, amenazaron y extorsionaron a 2 jóvenes; el miércoles 11 policías municipales de Toluca desde una patrulla en movimiento acosaron sexualmente a una joven de 19 años que iba caminando por las calles del centro de la ciudad y la siguieron por varias cuadras hasta que ella se resguardó en un comercio.
Los otros casos de corrupción policial sucedieron con la municipal de Torreón, la Guardia Nacional en las carreteras de Nuevo León y la policía estatal en Puebla. De manera similar, dos víctimas se acercaron al Observatorio Nacional Ciudadano a denunciar que les fue negada la atención y fueron revictimizadas en las fiscalías de Puebla y Chiapas.
Pequeñas evidencias de un problema gravísimo que día a día se repite en nuestro país y que ocurre por el abandono de las instituciones, la falta de contrapesos, la simulación en el combate a la corrupción y falta de una estrategia para mejorar la seguridad de los mexicanos. Por ello, es importante reconocer que este no es un problema de los individuos, de “malos elementos”, este es un problema institucional.
A lo largo del país la mayor parte de autoridades de seguridad y justicia hacen lo mejor que pueden con lo poco que tienen; trabajan sin la profesionalización, los insumos, la supervisión, la evaluación necesaria para mejorar su desempeño; tampoco cuentan con el trato digno, los horarios de trabajos justos y salarios proporcionales a un empleo de alta peligrosidad para sí mismos y sus seres queridos.
También carecen de un liderazgo, de una ruta crítica, definición de estrategias, indicadores de desempeño y resultado que les permitan intentar mejorar su trabajo.
Lo más lamentable es que el problema lejos de reducirse, cada día está peor y es evidente que seguirá empeorando debido a que se deja sin recursos la profesionalización de policías, procuradurías y fiscalías (0 pesos en 2021 para las policías municipales, 30% menos respecto a 2020 para policías estatales y procuradurías; 86% menos para la FGR); se redistribuye y crece el gasto y poder de las fuerzas armadas -que no rinden cuentas de en qué ni de cómo gastan- y que se desarticularon las áreas de prevención y de atención a las víctimas y a los Derechos Humanos.
Es urgente se retome un proyecto serio de construcción de las instituciones de seguridad y justicia; se establezcan sistemas de contrapeso, observación y monitoreo de estas; se construyan procesos que incentiven el buen desempeño individual e institucional y se invierta lo que se necesario para que todo ello pueda cristalizarse, si buscamos algún día pacificar al país.