El pasado 14 de enero la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que no ejercería acción penal en contra del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos , quien fue detenido el 15 de octubre de 2020 en los Estados Unidos por cargos de delincuencia organizada y liberado un mes después, cuando regresó a México.
El comunicado de la FGR incendió las redes sociales; por un lado una parte importante de la opinión pública criticó la creciente impunidad, achacando esta liberación a pactos de protección del ex funcionario y a la incapacidad de la autoridad mexicana por investigar los delitos, mientras que por el otro lado, los defensores del actual gobierno culparon a la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de entregar “pruebas que son una vacilada”.
En ese mismo sentido se manifestó el presidente López quien hizo público el expediente del general y acusó a la DEA de querer fabricar culpables.
La verdad es que el caso amerita ser analizado a detalle porque (1) exhibe un mecanismo muy perverso de comunicación del régimen y sus huestes que debe ser corregido; (2) reafirma la debilidad de nuestro sistema de procuración de justicia aún en los casos que deberían ser emblemáticos y (3) enseña cómo no debería ser la relación entre nuestro país con cualquier aliado internacional.
(1) En cuanto se supo de dicha detención funcionarios y voceros extraoficiales -que reciben pagos de esta administración- salieron a afirmar que el presidente había sido informado por la DEA de dicha detención, que ésta era un éxito del gobierno de López y que México ya contaba con un expediente del general. Algunos voceros incluso afirmaron que si este evento hubiese ocurrido en un contexto donde los ex candidatos del PAN y del PRI hubiesen ganado las elecciones de 2018, habrían “corrido a advertirle y proteger al ex secretario”.
Con su regreso a México la vocería oficial se auto anotó un 10 e insistió que la liberación de Cienfuegos en los EEUU era el resultado del respeto que nos tenían y la confianza en nuestro sistema de justicia. El mismo canciller apostrofó de posible suicidio el no sancionar al ex secretario.
Ahora, según el discurso oficial, este gobierno no fabrica culpables y quien no supo hacer su trabajo fue la DEA por eso la liberación de Cienfuegos.
(2) Es conocido que en México del 100% de delitos que se cometen se denuncian apenas el 10%; que de los 10 delitos denunciados sólo 7 se investigan y que de estos menos de 1 es aquel donde se sanciona a un culpable -no pretendamos saber el porcentaje de casos que llegan a una reparación del daño porque andamos rondando el 0-.
Sorprende que ni en los casos más notorios la autoridad pueda armar un caso que realmente esclarezca si Cienfuegos es inocente o culpable.
Argumentar fallas en la investigación de la DEA significa una serie de mentiras, complicidades y/u omisiones: evidentemente es falsa la existencia de una investigación previa sobre el general; tampoco se inició una en cuanto se dio la detención pese a las severas acusaciones hechas por los EEUU no sólo en contra del ex secretario, sino de un importante número de soldados y funcionarios; aún menos se echó a andar una en cuanto el general regresó a México sea por influyentismo, corrupción o negligencia.
Es decir, la FGR optó por la impunidad y se limitó a desacreditar lo hecho por la agencia norteamericana.
(3) López parece querer ir en ruta de colisión con nuestro principal socio comercial y el de mayor cooperación: su posición ante el resultado de las pasadas elecciones en EEUU llamó la atención no sólo en aquel país, sino en todo el mundo; la impunidad en este caso, la publicación del expediente y culpar públicamente a la DEA de fabricar culpables, no tiene antecedente en la relación bilateral.
Pedir que haya una investigación seria, sólida y apegada a derecho no significa que a toda costa busquemos encontrar culpable a Cienfuegos, es exactamente lo contrario, permitiría probar su inocencia.
Este caso nos deja muy mal parados como mexicanos ¿alguien está investigando la posible colusión entre Ejército y delincuencia organizada? ¿Conocemos cómo se manejan las redes de corrupción entre estos, quién las maneja y hasta dónde llegan? ¿Estamos intentando darle acceso a la justicia a aquellas personas y comunidades que pagan en carne propia dicha colusión y corrupción? ¿Deslindamos de responsabilidades a los funcionarios de FGR y garantizamos que estos no hayan sido obligados por alguien de la SEDENA a abandonar el caso?
Si no ¿a nadie le parece fundamental limpiar al Ejercito que es hoy el que dirige toda la operación de seguridad del país? ¿No parece imperativo que la institución que construye aeropuertos, reparte medicamento y libros de texto y acapara la mayor tajada de presupuesto público no se desvirtúe ante tanto poder?
Y de paso ¿a López y su gobierno no le importa fortalecer la capacidad de perseguir delitos y combatir el aumento en la impunidad? ¿No era acaso su bandera?
De nuevo, este caso nos enseña mucho sobre cómo comunica este gobierno y las consecuencias que mentir puede tener para la vida pública; nos recuerda el pendiente que tenemos en materia de impunidad y Estado de Derecho; nos advierte del riesgo de -por lo menos- 4 años de relaciones congeladas con los EEUU. Lo lamentable es que parece que ni a López ni a su gobierno parece importarles aprender.
@frarivasCoL
