El pasado 18 de marzo el presidente López aprovechó la marcha “en favor de la soberanía energética” para hacer un recuento de los supuestos logros de su gobierno.
López afirmó que la política de seguridad ha dado frutos, que la violencia ha disminuido, que el homicidio doloso se redujo 10% y los feminicidios 35%. Insistió que ello se debe en gran parte a su “exitosa” política social.
Como es costumbre, López mintió: los datos oficiales exhiben que la violencia se encuentra en máximos históricos y varios indicadores apuntan a que la política social, no sólo no cumple con su función de prevenir que ciertos grupos sociales sean vulnerados, marginados y violentados, sino que acentúa los factores de riesgo.
¿Qué dicen los datos de incidencia delictiva y violencia? Según la información oficial el homicidio doloso desde el inicio de esta administración ha crecido más 55% comparado con el mismo periodo de la administración pasada.
De hecho, la información oficial confirma que este es el peor sexenio por lo que refiere a homicidio doloso; feminicidios; desapariciones de personas; lesiones dolosas; delitos que atentan contra la vida y la integridad personal; extorsiones; delitos que atentan contra la libertad personal; trata de personas; narcomenudeo; violaciones; violencia familiar; robo de hidrocarburo; robo a negocio; robo a transporte de carga; delitos que atentan contra la sociedad; fraudes; ciberdelitos, entre muchos otros.
Los factores que mantienen viva tal crisis son muy diversos y se enlazan entre sí: la corrupción e impunidad imperante; la diversificación de los negocios lícitos e ilícitos en los cuales participa la delincuencia organizada; la debilidad institucional para combatir los delitos; el incremento sustancial de jóvenes que se involucran en actividades ilícitas; entre muchos otros.
Precisamente por este último factor, el incremento sustancial de jóvenes que se involucran en actividades ilícitas -y que lo hacen cada vez más jóvenes-, es que podemos afirmar que las políticas sociales son un fracaso.
¿Qué busca un joven que inicia una carrera delictiva? En 2021, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), publicamos el estudio “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos”, un documento que explica los factores que inducen a los jóvenes a participar en actividades ilícitas, así como aquellos donde los jóvenes son utilizados en contra de su voluntad.
Los hallazgos nos dicen que los 3 factores principales que impulsan a un joven a delinquir son la búsqueda de poder, de pertenencia a un grupo o para sostener una dependencia. En menor medida lo hacen por desesperanza en el futuro, marginación y necesidad económica.
Debemos recordar que “juventud” no es sinónimo de “criminalidad”, para que un joven sea fácilmente reclutado por los delincuentes se necesitan factores ambientales como cercanía con la ocurrencia de delitos -porque viven en familias en las que alguien delinque o viven en comunidades violentas-; que ni estudien, ni trabajen dentro la formalidad -incluso aquellos jóvenes que trabajan pero lo hacen en la informalidad, son fácilmente reclutados o usados por los delincuentes-; que tengan una dependencia al alcohol y/o drogas; que sean víctimas de violencia familiar; que vivan en contextos marginados.
Si las políticas de seguridad -las reactivas y coercitivas-, funcionasen como afirma López, los jóvenes no vivirían en comunidades cada vez más violentas.
Si las políticas sociales de este gobierno -que en la práctica se limitan a transferir dinero del erario al ciudadano-, funcionasen, los jóvenes no vivirían en familias que los violentan; estudiarían o trabajarían en la formalidad; vivirían libres de dependencias de alcohol y drogas; no se desarrollarían en entornos marginados.
De nuevo, los datos duros de violencia familiar, abandono escolar, pobreza y consumo de drogas desmienten a López.
Pese a que 2022 fue el peor año en violencia familiar, en el primer bimestre de 2023 ya acumulamos un aumento de casi 20%.
La información pública oficial exhibe que entre 2020 y 2022, 1,480,000 jóvenes de todos los niveles escolares abandonaron la escuela, mientras que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en 2022 la informalidad aumentó 56%.
Según datos de la CONADIC, en 2022 aumentó 15% el consumo de drogas duras; 17% el consumo de marihuana y 14% el de alcohol en los jóvenes de 15 a 24 años.
De igual forma, los datos económicos oficiales confirman que en esta administración la desigualdad, la marginación y la pobreza aumentaron sustancialmente.
Es decir, los datos que publica la federación demuestran que el presidente miente y que, a 18 meses del final de su gobierno, -por lo menos- sus políticas de seguridad y social, son un fracaso.
¿Qué debió ser diferente para que dichas políticas funcionasen? Prácticamente todo, desde el diseño, desarrollo de los objetivos, de los indicadores, de las actividades y la ejecución.
Dado que resulta impensable que López reconozca su fracaso y replantee sus programas, deberemos esperar a que el próximo gobierno haga un trabajo serio y diseñe normas y políticas públicas que eviten el fracaso en seguridad y desarrollo social.
De lo contrario la próxima administración nos condenará a 6 años más de aumento de violencia, de marginación, de pobreza, de desigualdad y de participación de los jóvenes en la delincuencia.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
