El pasado 30 de noviembre en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) presentamos el estudio La Extorsión Bajo el Caleidoscopio: muchas modalidades y pocas políticas públicas , un documento que explica las diferentes modalidades de este ilícito, perfiles victimales y criminales; así como las capacidades institucionales para combatir este delito.
Dado que la cifra negra de la extorsión ronda el 100% de los casos, parte importante de la investigación, fue recopilar la voz de las víctimas.
El mismo día de la rueda de prensa recibí diversas llamadas y correos de servidores públicos y empleados de empresas privadas que denunciaron algunos otros ejemplos puntuales de la extorsión que sufrían por parte de sus jefes y no de grupos criminales.
El pago de cuotas por vacaciones : un par de decenas de empleados de la Comisión Federal de Electricidad, nos revelaron que para que les pudiesen autorizar sus vacaciones debían pagarle a su superior responsable entre 3 mil y 5 mil pesos.
La marcha forzada : servidores públicos de varios municipios y del gobierno estatal de Morelos; de Ciudad de México; del gobierno estatal de San Luís Potosí, denunciaron haber recibido amenazas directas de despidos, de descuentos de nómina o de condicionar el pago de su aguinaldo si no asistían a la marcha convocada por el presidente -una marcha que ya no quedó claro si era en favor de la reforma del INE, para celebrar los 4 años de gobierno de López o para otro más de “sus informes de gobierno”-, el pasado 27 de noviembre.
#esClaudia : habitantes de diversas colonias de las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztapalapa reportaron que las bardas y las fachadas de sus casas fueron pintadas sin su permiso con el hashtag que busca impulsar -en plena violación a la ley electoral-, la candidatura de la jefa de gobierno a la presidencia de la República para 2024. Quienes intentaron borrar las pintas o impedir que ocurriese, recibieron en respuesta desde la amenaza de “los servidores de la nación” de la suspensión de los programas sociales que esa familia recibe, hasta otras formas coercitivas que incluyen la violencia.
Las visitas a los centros penitenciarios: dos madres de personas -una sentenciada y la otra aparentemente en prisión preventiva-, insistieron en que la policía penitenciaria de Ciudad de México, les exige una cuota para poder visitar al recluso.
Sobra decir que muchas víctimas han interpuesto denuncias formales a la autoridad correspondiente sin que ello haya frenado la ocurrencia de dichas conductas ni haya permitido el acceso a la justicia.
Lamentablemente dichas amenazas abusos e irregularidades ocurren también en el sector educativo y en el sector privado.
En la academia sobran administrativos que condicionan trámites al pago de una dádiva; hay profesores que piden a los alumnos dinero, fotografías de desnudos (“el pack”), sexo con tal de aprobar materias. Lo mismo ocurre con investigadores o autoridades académicas, abusan de muchas maneras de alumnos, pasantes, prestadores de servicio social y tesistas.
Los mismos delitos y abusos ocurren en las empresas mediante la compra a un proveedor, la definición de los horarios laborales, las vacaciones, las cargas de trabajo, los reembolsos de gastos y los ascensos.
Todo lo contrario ocurre en el sector privado, particularmente en las grandes empresas con códigos de ética y mecanismos de denuncia más robustos, es más fácil que la víctima pueda denunciar y hacer valer sus derechos.
En las empresas más pequeñas, menos atentas al bienestar de su personal, las personas temen denunciar ya que identifican casos puntuales donde el víctimario recibió protección y gozó de impunidad y por lo contrario, la víctima fue despedida, exhibida, maltratada.
En particular, en los casos de sextorsión, es decir, la solicitud de favores sexuales como pago por la extorsión, la denuncia se hace más difícil por las implicaciones psicológicas para las víctimas y la cultura de revictimización ante dichos casos, hacia la mujer.
Es un hecho que 2022 cerrará como el peor año en víctimas de extorsión de la historia de nuestro país y que a la fecha, los peores 4 años por ocurrencia del mismo se concentran en esta administración.
La ausencia de políticas preventivas; campañas que socializan el impacto de este ilícito, así como de los derechos de quien lo sufre; mecanismos de denuncia centrados en la protección del denunciante; la persistencia de comisiones de ética alineadas con el poder; autoridades incapaces de sancionar abusos y delitos, hacen suponer que el problema seguirá creciendo.
Desde el ONC ofrecemos nuestro apoyo psicológico y legal para denunciar, mediante nuestra Dirección de Atención a Víctimas -el contacto puede ser telefónico, correo electrónico o redes sociales-, e invitamos, a quienes no están listos para denunciar, pero quieren dar a conocer su historia, a que hagan uso del hashtag #YoTambiénSoyExtorsionado para poder conocer más de un delito del que tan poco se sabe y generar propuestas para su atención.
Dado que el Estado se muestra indiferente e incapaz ante este delito, es tiempo que los ciudadanos hagamos lo propio por exhibirlo y rechazarlo y podamos construir juntos una red de protección a las víctimas y una demanda ciudadana que obligue a nuestras autoridades a prevenir, perseguir y castigar toda forma de extorsión.
@frarivasCol