El pasado 26 de abril, Tatiana Clouthier, exsecretaria de Economía del actual gobierno, diputada morenista, una de las principales encargadas de la campaña del presidente López en 2018, afirmó en entrevista con un medio de comunicación de Sinaloa, que el narco mueve la economía de -por lo menos- esa entidad.
Clouthier, al intentar justificar el fracaso de la política económica del gobierno federal, declaró que “en Sinaloa no han visto que la economía se ha movido (en esta administración) porque están acostumbrados a que se mueva por otros motivos… Aquí en Sinaloa el narcotráfico mueve la economía de una manera importante, no nos hagamos”.
Si la declaración no resulta sorpresiva ni en Sinaloa ni para la mayoría de los mexicanos, sí resulta una grave afirmación cuando quien la hace es una ex funcionaria federal de primer nivel, quien estuvo encargada de la política de desarrollo económico de la administración del presidente López.
Esa frase, que la ex secretaria de Estado -quien aspiró a gobernar Nuevo León- usó para salir al paso de los cuestionamientos de un periodista, exhibe el desinterés, cinismo y fracaso del gobierno federal.
Con tal declaración, Clouthier reconoció que el gobierno federal tiene pleno conocimiento de que la economía de algunas entidades se mueve gracias al lavado de dinero, el empleo de personas y la distribución de dádivas por parte de la delincuencia organizada. Asimismo, es una admisión del fracaso de la política de seguridad del gobierno federal, una política que ha llevado a la completa pérdida del control territorial de una parte significativa de nuestro país.
Pese a que los dichos de Clouthier sean una pésima fotografía del rumbo del país, debemos reconocer que la morenista tiene razón. Basta con salir a las calles y observar un sin fin de actividades empresariales que no obedecen a alguna lógica económica, que pese a que deberían estar destinadas a la bancarrota se sostienen de alguna “misteriosa’ manera.
A Clouthier también le da la razón una investigación -en la cual participó el experto Alejandro Hope- que se publicó en la prestigiada revista Science, un estudio que concluye que el crimen organizado es actualmente el quinto empleador en nuestro país con 175 mil empleados.
También le damos la razón a Clouthier organizaciones civiles, expertos, autoridades nacionales e internacionales.
Tanto expertos nacionales como funcionarios de los Estados Unidos señalan que casi el 8% de las remesas que se envían desde nuestro vecino del norte a México son en realidad dinero que los grupos de la delincuencia organizada mueven para lavar y transferir fácilmente.
Por otra parte, en el Observatorio Nacional Ciudadano publicamos el estudio “La Extorsión bajo el Caleidoscopio, Muchas modalidades y pocas políticas públicas”, el que demostramos que la extorsión presencial juega un rol relevante en la economía mexicana, tanto en el aumento de la inflación -así como aseguró el Banco de México- como en la producción, distribución y venta de bienes o servicios, por parte de actores comerciales ligados a la delincuencia.
Lamentablemente el enriquecimiento de la delincuencia y su capacidad para lavar dinero, no son una simple anécdota acerca de un dicho de Tatiana Clouthier, sino que son la principal razón por la cual cada vez empeora más la incidencia delictiva en México.
El dinero de la delincuencia sirve para comprar armas, para reclutar personas, para corromper autoridades, para garantizar impunidad, para doblegar a los gobiernos, para controlar grandes porcentajes del territorio nacional.
Su combate debería ser prioritario. Para ello deberíamos articular el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera, de sus contrapartes locales -las unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica- y las fiscalías, con el fin de enfrentar a la delincuencia y debilitarla.
El combate a los delitos con el uso de inteligencia financiera permitiría desarticular grupos delictivos y redes de corrupción, recuperar activos, prevenir la ocurrencia de otros delitos, todo ello sin necesidad de recurrir a la confrontación armada.
El uso de inteligencia financiera para combatir los delitos es en sí una estrategia efectiva de reacción, como un poderoso instrumento de procuración de justicia y una política de prevención focalizada en atender las causas de los delitos y la violencia.
En contraste, el gobierno de López ha usado a la UIF única y exclusivamente como mecanismo coercitivo de sus adversarios políticos, dejando libres a los criminales e impunes los delitos financieros.
En 33 días los mexicanos emitiremos nuestro voto para elegir a la próxima presidenta. Resulta preocupante la poca atención que hasta el momento las candidatas han brindado a este tema.
Específicamente, resulta aún más preocupante que la candidata morenista proponga mantener la actual política de seguridad, una política que ha olvida el combate a los activos criminales y usa la inteligencia financiera sólo para someter a sus adversarios políticos.
Esperemos que antes del cierre de las campañas las aspirantes a ser la primera presidenta de México expresen con claridad su plan para arrebatarle a los criminales el dinero que les permite ejercer impunemente la violencia, dinero que les ha permitido lograr el control territorial, reclutar personas, corromper autoridades e injerir en la vida pública nacional.
Es deseable que la próxima mandataria no quiera seguir dándole la razón a Clouthier, que no quiera tolerar que la delincuencia sea un poder tan grande que sea capaz de sostener y hacer crecer ilegalmente la economía de ciertas zonas de nuestro país.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL