La violencia que vivimos en México, la actual incidencia delictiva y los elevados índices de impunidad son efecto de instituciones de seguridad y justicia insuficientes, improvisadas, incapaces, abandonadas.
Nuestros policías, peritos, ministerios públicos, defensores de oficio ganan poco respecto a su nivel de responsabilidades y la peligrosidad que conlleva su trabajo; tienen pobres prestaciones; trabajan horas inhumanas; se les capacita y equipa deficientemente; rara vez se les supervisa; frecuentemente son maltratadas por los ciudadanos o sus jefes y son ajenos a procesos que premien capacidades, trabajo y talento; por ello, no debe sorprender la baja confianza que generan en el ciudadano, las violaciones a derechos humanos que cometen y el casi constante incumplimiento de la ley que permiten.
El 4 de mayo pasado, el joven Giovanni López fue privado de la vida, con aparentes signos de tortura por policías en Jalisco, que lo habían detenido.
El de Giovanni es un nuevo caso que exhibe la brutalidad e incapacidad de nuestras policías a la hora de efectuar su trabajo.
Lamentablemente el caso de Giovanni se suma a los miles de casos similares que ocurren y han ocurrido en nuestro país.
Tan sólo hace pocas semanas le sucedió a otro joven, Oliver López en Tijuana. Un caso similar al que a diario viven migrantes, indígenas, trabajadoras sexuales, comunidad LGBT, adultos mayores, “niños de la calle”, usuarios de algún tipo de sustancia estupefaciente, es decir, principalmente población en situación de riesgo.
Hace 35 años viví en carne propia la violencia de policías capitalinos, por asaltar a mi papá, bodeguero en la colonia Bondojito, fuimos todos golpeados; hace 16 años un amigo fue secuestrado por policías de Tijuana; hace 12 años primos hermanos fueron secuestrados y privados de la vida por policías municipales precisamente en el estado de Jalisco.
También por ello he dedicado los últimos 20 años de mi vida a trabajar por la seguridad, capacitar a policías y ministerios públicos, para que estos terribles casos no vuelvan a suceder.
En 20 años he conocido y entablado amistad con muchos integrantes de las policías, procuradurías y fiscalías del país; he podido corroborar que la mayor parte de ellos son patriotas que exponen su vida y la de sus seres queridos en la búsqueda de construir un país seguro.
También he podido entender que el problema no está en el individuo en particular sino en todo el sistema: la paupérrima inversión en seguridad y la politiquería hace imposible construir un país donde los derechos de todos sean respetados y protegidos.
En México tenemos una enorme deficiencia de personal en las instituciones de seguridad y justicia, según algunas comparaciones internacionales, deberíamos tener más del doble de elementos para poder atender la cantidad de delitos que se consuman en nuestro país.
Esto ocasiona que las cargas de trabajo sean imposibles de realizar, que la supervisión sea incipiente, que la capacitación sean una mera simulación, hecha exprés más para cumplir indicadores de gasto que para mejorar el desempeño institucional.
¿Cómo mandar a capacitar a policías o ministerios públicos si luego no hay suficiente personal para realizar las labores diarias? ¿Para qué capacitar a alguien si las cargas excesivas de trabajo hacen imposible el cumplimiento de cualquier modernización de procesos? Además, todo ello en un contexto donde insumos y tecnología son obsoletos.
Es imposible pensar que podremos llegar a tener policías y fiscalías modernas, efectivas, respetuosas de los derechos individuales y colectivos si no invertimos en ellas; si en el sexenio de Calderón apenas se invirtió el 1.2% del PIB para todo el rubro de seguridad y justicia y en el de Peña apenas se gastó en promedio el 1%, en esta administración, la de López, se optó por abandonar la inversión, en 2019 y 2020 apenas se destinó un 0.8% del PIB al gasto destinado a todas las áreas de seguridad y justicia federales y locales, se llevó a cabo el mayor recorte presupuestal para las policías de estados y municipios, así como la procuración de justicia estatal, a pesar de que éste está resultando el sexenio más violento de la historia.
Es urgente castigar a todos aquellos involucrados -por acción directa u omisión- en los casos de Giovanni y Oliver, pero no es suficiente, es imperativo darles justicia a todas las víctimas del Estado.
Ésta se logrará cuando la actuación policial sea apegada a protocolos de tutela de los derechos humanos, las investigaciones se lleven a cabo conforme a derecho, se sancione a culpables porque se demostró su responsabilidad en un hecho delictivo.
Habrá justicia para las víctimas cuando la procuración e impartición de justicia sea sin distingos y la supervisión en la actuación de policías, procuradurías y fiscalías prevenga la ocurrencia de más casos.
Habrá justicia para los miles de víctimas cuando en México haya policías, procuradurías y fiscalías capaces, dignas, que impulsen el compromiso laboral, los resultados y talentos; cuando éstas estén guiadas por los mejores técnicos y no por lo compadres o aliados políticos; habrá justicia para todos los mexicanos cuando el Estado desarrolle estrategias y cuente con los elementos para cumplirlas.
De lo contrario los casos de Giovanni y Oliver seguirán repitiéndose en la completa impunidad y cobrarán relevancia sólo cuando sirvan para los fines políticos de algunos y no por la genuina necesidad de dar acceso a la justicia a todos.
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
