En respuesta a la creciente violencia del país y al abandono institucional de las víctimas, en noviembre 2017 pusimos en marcha en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) un área de atención a víctimas del delito.
Desde entonces la mayor parte de personas que han acudido a nosotros para apoyo psicológico y legal, han sido víctimas de extorsión, violencia de género, desaparición de un ser querido, secuestro o maltrato por parte de la autoridad.
Dicha experiencia nos permitió corroborar lo que exhibe la estadística delictiva, que en los últimos 5 años la extorsión -particularmente la presencial-, es uno de los delitos que más ha crecido.
El pasado noviembre presentamos el estudio “ La extorsión bajo el caleidoscopio, muchas modalidades y pocas políticas públicas ” en el que describimos las diferentes modalidades de este delito y el fracaso que existe en combatirlo.
Exhibimos las formas en las cuales los delincuentes nos engañan y amenazan telefónicamente, por redes sociales, chats, correos electrónicos páginas de internet, así como las diversas formas de extorsión presencial.
Estas últimas incluyen la “venta de seguridad”, es decir, el pago periódico de una cuota para no ser agredido por los delincuentes; el control de qué productos puede vender una empresa o se pueden comerciar en una comunidad e incluso la abierta designación de funcionarios.
La gravedad de la extorsión presencial trasciende el daño patrimonial y de seguridad que afecta a las familias cuando son víctimas de extorsión telefónica o virtual. También trasciende la violencia que se deriva de su ejecución. El mayor costo de la extorsión presencial es la clara sustitución de tareas fundamentales del Estado, controladas por la delincuencia.
En menos de un año en el ONC hemos recibido solicitudes de apoyo de 26 de las 32 entidades; familias, pequeños comerciantes y grandes empresas nos han expuesto el costo económico de la extorsión; su repercusión en la seguridad; su desconfianza en la autoridad; su sentimiento desamparado.
También nos ha mostrado sus efectos directos: el cierre de comercios, los despidos de empleados, la pérdida de bienes, los daños físicos y psicológicos, el desplazamiento forzado, la desaparición de personas e incluso la pérdida de vida de muchas víctimas.
La extorsión es uno de los delitos con la mayor cifra negra, menos del 1% de los hechos se denuncia, por ende, los niveles de impunidad son el principal factor que hace de este, un delito fácil de ejecutar, que genera grandes ingresos y donde los riesgos de ser sancionados son prácticamente nulos.
¿Qué falla? prácticamente todo, desde el marco federal normativo obsoleto -que ha permanecido igual desde hace 40 años-, la asimetría de sanciones y definición legal entre las entidades, la falta de una estrategia nacional que se desdoble en lo local y permita una coordinación interinstitucional, el desconocimiento de procesos y tramos de responsabilidad de las autoridades, la reducción de recursos para combatir el delito, la ausencia de verdaderos sistemas de denuncia que garanticen la seguridad de los denunciantes, la nula rendición de cuentas por parte de autoridades, el abandono a las víctimas.
Por ello, este 21 de febrero el ONC y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, arrancamos un foro con fiscales, secretarios de seguridad, legisladores, poder judicial, académicos, periodistas, empresarios y sociedad civil, para impulsar una Ley General para combatir la extorsión que contemple las diversas modalidades de ejecución de este delito; defina con claridad la responsabilidad de cada autoridad; uniforme procesos y sanciones, impulse una efectiva capacitación para las autoridades; mecanismos de protección a los ciudadanos; el diseño de una estrategia y coordinación entre autoridades; recursos suficientes e información clara y oportuna que permita evaluar resultados y exigir a la autoridad que rinda cuentas.
Agradecemos el tiempo de cada uno de los participantes y el compromiso común por lograr un instrumento efectivo para reducir un delito que -según los últimos datos presentados por INEGI-, afectó en 2021 a casi 4 millones de mexicanos; que según el Banco de México es corresponsable del aumento de precios; que según empresarios afecta la cadena de suministros, inhibe la competitividad, ahuyenta la inversión, y que según autoridades, pone en jaque la gobernanza, debilita al Estado y reduce el pago de impuestos, necesarios para el funcionamiento del país.
Te invito a participar en el foro que se realizará en modalidad híbrida. Te puedes conectar a través de https://youtube.com/live/FE-Cb4yCsDQ?feature=share
Tu voz es importante, no estamos exentos de ser víctimas directas y actualmente todos estamos siendo víctimas indirectas de los efectos negativos de este delito. Construyamos juntos una estrategia que recupere el país, porque año tras año se rompen récords de este delito ante la innegable negligencia gubernamental.
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