La noche entre el 24 y 25 de octubre el huracán Otis tocó tierra en Acapulco, donde alcanzó categoría 5.
Las escenas que nos dejó son desoladoras, miles de personas perdieron sus casas, se encuentran sin agua potable ni alimentos, no hay energía eléctrica, la infraestructura quedó destruida y la zona quedó aislada.
De acuerdo con información de periodistas, hasta el momento que escribo este artículo el meteoro ha cobrado la vida de 48 personas y 47 más continúan desaparecidas.
Indudablemente los efectos inmediatos de la devastación de un desastre natural no son culpa de alguna autoridad. Sin embargo, sí es su responsabilidad contar con un plan claro de prevención, alertar tempranamente a la población de los riesgos y reaccionar rápidamente para atender a las víctimas.
Es en ello que el gobierno federal, el estatal y el municipal fallaron y siguen fallando rotundamente.
Para empezar, en los Estados Unidos había información sobre los riesgos de Otis, en México no se evacuaron a tiempo las zonas que más se encontraban en riesgo.
Además, los números de víctimas mortales y desaparecidos que reportan las autoridades de los tres niveles de gobierno no son creíbles; no se ha hecho nada para evitar los pillajes y robos; se bloqueó la ayuda que muchos ciudadanos generosos intentaron llevar a los damnificados y no se han atendido las necesidades básicas de las personas que se encuentran en la zona.
Tampoco hay un plan -o por lo menos no se ha dado a conocer- para prevenir los riesgos sanitarios derivados del meteoro ni queda claro cómo se va a entregar la ayuda para reconstruir la infraestructura, ni de dónde vayan a salir los recursos para ello.
Es decir, al haber eliminado instituciones, debilitado procesos, recortado recursos y cancelados fideicomisos, el gobierno federal es el primer responsable por el mal manejo de esta crisis.
¿Cómo se va a poder atender el problema de las familias que han perdido o tienen a un ser extraviado si se les niega la atención y se falsea información? Basta con observar la devastación para entender que el número de pérdidas humanas y desaparecidos es mucho mayor al que el gobierno federal reporta.
Esto se confirma con nuestra experiencia directa, tanto por que en el área de atención a víctimas del Observatorio Nacional Ciudadano hemos recibido múltiples llamadas de personas a quienes se les impidió denunciar la desaparición de un ser querido, como porque, con base en la experiencia, tenemos la evidencia que a este gobierno le gusta maquillar cifras.
Haber desaparecido a la Policía Federal sin un plan de creación de una institución sólida que supliese sus funciones, ha derivado en que las fuerzas federales impidan que llegue ayuda ciudadana al lugar del desastre y que no estén evitando la rapiña en tiendas y centros comerciales de donde sustraen televisiones, consolas de videojuegos, motocicletas, computadoras, dinero de cajeros automáticos y bóvedas bancarias y desde este fin de semana saqueos en hoteles, residencias y casas.
El haber desaparecido fondos y fideicomisos con el argumento de “funciona mejor la transferencia directa de dinero” es lo que ha provocado que colonias enteras hayan perdido programas de saneamiento y mantenimiento de infraestructura básica; que el sector salud esté absolutamente colapsado; que no haya medicamentos para los heridos; que no se sepa cómo se recuperarán las casas, escuelas, hospitales, vías de comunicación, instalaciones eléctricas y hasta la infraestructura turística donde decenas de miles de acapulqueños trabajan.
Ante tal desastre el presidente aprovecha sus espacios para atacar a los medios de comunicación, usar sus granjas de bots y comunicadores pagados para atacar a quien denuncia este criminal tamaño de ineptitud.
Para quienes preguntan por la desaparición del FONDEN, López alega que este era usado sólo para la corrupción, que por ello lo eliminó y usó de manera diferente el dinero que por años acumularon los gobiernos federales en él.
En contraste, calla sobre el por qué, si tiene pruebas de tal corrupción, en el tramo final de su administración no se haya investigado y sancionado a los culpables ¿acaso es el mismo presidente que permite que esos corruptos que mal usaron el FONDEN queden en la impunidad?
Asimismo ¿habrá alguna investigación del por qué la infraestructura colapsó de tal manera y si hay eventuales responsabilidades sobre la vida y el patrimonio de las víctimas que sea de los constructores y desarrolladores? ¿También les garantizarán impunidad a ellos?
Esta catástrofe nos confirma que los gobiernos actuales están absolutamente reprobados y rebasados en prevención y reacción.
Espero que los afectados recuerden la pésima actuación de nuestros gobernantes y usen su voto para sancionarlos, de lo contrario nos esperan otros seis años desastrosos que podrían ser aún peores.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL