Según informan los medios de comunicación, el pasado jueves 10 de junio, el presidente afirmó en una reunión con los principales empresarios del país su intención en concluir su administración con 3 reformas importantes, entre las cuales destaca la transferencia de mando de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
En los hechos no sorprende, desde su creación fue evidente que los mandos civiles se desdibujaron, las leyes reglamentarias establecieron criterios para la asignación de posiciones jerárquicas relevantes que resultaban incumplibles para comisarios y comisionados de la extinta Policía Federal (PF); recursos, reclutamientos y formación han estado en manos de la SEDENA y, pese al armado institucional -donde la GN debía depender del mando de la SSPC-, es la SEDENA la que ha definido las prioridades y la distribución territorial del estado de fuerza.
A lo largo de tres campañas presidenciales y de dos administraciones federales (la de Calderón y Peña) López, personal de su actual gobierno, de la dirigencia de su partido y sus aliados en medios, criticaron profundamente la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad, en formación de corporaciones policiales, en definición de estrategias.
¿Cómo olvidar los llamados a la desmilitarización de la seguridad de Polevnsky, Moreno o Nahle? personalidades que, en su rol de oposición, se sumaron a las organizaciones de la sociedad civil en la crítica a la mal llamada “Guerra Contra el Narco” de Calderón, o que fueron parte de un bloque que frenó la creación de la Gendarmería Nacional -que originalmente debía constituirse como un cuerpo paramilitar que coadyuvase a la labor de PF y terminó siendo una división más de esa misma PF- y a la Ley de Seguridad Interior de Peña, precisamente por sus tintes castrenses, alejados de la vía civil de seguridad.
¡Imposible olvidar que quienes hoy critican a las organizaciones civiles, antes nos elogiaban, escuchaban y abrían espacios para que fuésemos un actor clave para frenar el creciente acento militar en las policías, procuradurías y fiscalías de todo el país!
Esos mismos actores políticos elogiaron la desaparición, a manos de este gobierno, de la única institución federal civil de seguridad: la PF; primero prometieron mantener un carácter civil en la GN y luego aprobaron una institución que carece de sistemas internos de formación, crecimiento, supervisión y régimen disciplinario civil; garantizaron el fin de la violencia y el retorno a los cuarteles de las fuerzas armadas y hoy nos tienen sumidos en la peor crisis de violencia del México moderno y, de aprobarse dicha reforma, implicaría la permanencia del ejército en las acciones y políticas de seguridad.
Para muchos podrá parecer una buena noticia, todas las encuestas de percepción de seguridad posicionan al ejército como la segunda institución más confiable en la materia, sólo por detrás de la marina; sus valores y formación nos dan a los mexicanos la sensación de una institución intachable; su capacidad letal genera en el imaginario colectivo la sensación de que con ellos sí habrá seguridad.
No obstante, el grueso de la opinión pública desconoce que las denuncias por violaciones a los derechos humanos y desapariciones forzadas por parte del ejercito han crecido de manera exponencial año con año; que dado su régimen disciplinario, ante casos de corrupción, se hace imposible conocer el resultado de investigaciones y procesos judiciales; que, dada la posibilidad de clasificar casi cualquier acción bajo el rubro de “seguridad nacional”, todo intento por conocer cómo y para qué se gastan nuestros recursos, resulta inútil.
Además, sobran los señalamientos de colusión y corrupción de soldados y guardias nacionales, en niveles equivalentes o mayores a los de la extinta PF -sin que existan los mismos elementos de transparencia que permitían entender si se combatía o no la corrupción y los abusos de sus integrantes, dicho sea de paso-.
Quedan muchas dudas que deben preocupar a los legisladores recién electos, a quienes nos dedicamos a la materia y a la ciudadanía en general si esta promesa se cumple:
⁃ ¿Qué pasará con la institución -aún civil- que investiga la gobernanza del país, el CNI ex CISEN? ¿Quedará en manos de los militares investigar los movimientos político-sociales y con qué alcance?
⁃ ¿Seguirá siendo la GN cabeza de sector entre las policías de todo el país o cada quién hará lo que se le pegue la gana dado que con esta reforma serán instituciones fundamentalmente diferentes?
⁃ ¿Qué sucederá con el Sistema Nacional de Seguridad Pública al desaparecer la institución civil de seguridad? ¿Seguiremos contando con los mecanismos de máxima publicidad que muchos hemos impulsado por años para conocer incidencia delictiva y desempeño institucional entre muchos otros indicadores?
⁃ ¿Desaparecerá la SSPC? ¿Será tarea de la SEDENA definir la política de seguridad del país? ¿Cómo podrá generar el ejercito una política de prevención y reacción proporcional ante el delito si no está formado en esa materia?
⁃ ¿Qué sucederá con los civiles que no quieran pasarse ahora al ejército? Si desde su extinción más de 10 mil policías federales renunciaron y de la mayoría no sabemos su destino ¿cómo garantizar que no haya una desbandada de elementos enojados con el Estado, capacitados en inteligencia y uso de armas, que conocen cómo operan las policías y los delincuentes?
Lo que nos debe quedar claro es que a López no le interesa cumplir sus promesas de pacificar al país y proteger a los ciudadanos, primero con el debilitamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, luego con la reforma a la Ley de la Fiscalía General de la República y ahora con esta propuesta, el presidente desarticuló la colaboración interinstitucional y de los diferentes niveles de gobierno; y le apuesta a la opacidad y a la mano dura sin garantizar el respeto de los derechos de ninguno de nosotros ciudadanos.
Pues sí ¡fuera las máscaras! México va hacia un país militarizado donde los derechos humanos no importan.
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
