El pasado 28 de marzo se consumó, de nuevo, una tragedia en nuestro país: 39 migrantes encarcelados murieron quemados y asfixiados en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez.
El origen del incendio se debió a que uno de los 68 migrantes detenidos, en protesta por la posible deportación, prendió fuego a algunas colchonetas. Los videos del suceso muestran que ante el incendio, los encargados de vigilar la estación se negaron a abrir las rejas, huyeron de la estación y dejaron a su suerte a los migrantes.
Una tragedia más que afecta a personas que huyen de la pobreza, que son desplazadas en contra de su voluntad por la violencia que ocurre en sus países de origen, que buscan mejores oportunidades de vida.
Un tragedia, que fácilmente se pudo evitar si las autoridades federales fuesen respetuosas de la ley, los encargados tuvieran el perfil y entrenamiento necesario para cumplir con su función, o si alguien se hubiese dado a la tarea de aprender de un hecho muy similar ocurrido 2 años antes y aportar las correcciones necesarias.
El 31 de marzo de 2020 en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, un grupo de migrantes ahí recluidos, quemó colchonetas para protestar contra su detención, hacinamiento y riesgo de contagio por Covid-19.
Ante el incendio, la Guardia Nacional respondió con amenazas y agresiones físicas en contra de los migrantes; los mantuvo encarcelados; omitió rescatarlos y con ello ocasionó la muerte de un hombre y 14 personas quedaron heridas.
Sobran las evidencias del incremento de corrupción y violaciones a derechos humanos en contra de los migrantes, así como de impunidad para las autoridades de un gobierno federal que se auto define “humanista”, que prometió en campaña una política migratoria de puertas abiertas y que una vez iniciada su administración, viró hacia la militarización y represión de la migración.
Dicho viraje se debió a que el presidente López decidió obedecer al ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que pidió inhibir la llegada de los migrantes a la frontera sur de su país.
Tal cambio en la política migratoria ha tenido como consecuencia más de 4 mil denuncias de violaciones a derechos humanos y centenares de miles de detenciones de migrantes. Por ejemplo, en 2022 se registraron 44 mil detenciones, 44% más que en 2021.
Lo ocurrido el pasado 28 de marzo es un crimen de Estado, sucedió en un contexto donde el gobierno federal era responsable de la integridad de los migrantes y sus encargados omitieron ayudar a personas en peligro de muerte.
La tragedia de Ciudad Juárez cumple con los criterios tanto sistémicos como particulares de corrupción y violación a los derechos humanos de los migrantes, así como de impunidad para los funcionarios de López:
1. Corrupción: el International Rescue Committee llevó a cabo en 2022 la investigación “Corrupción a través de las Rutas Migratorias en México” en donde quedó evidenciado que el 100% de las personas entrevistadas, pagó alguna dádiva por corrupción, a las autoridades del INM, de la Guardia Nacional o del Ejército mexicano. En este hecho particular debemos sumar que la empresa que custodiaba la estación migratoria de Ciudad Juárez recibió el contrato por asignación directa, sin que se cumpliesen los criterios de calidad o conveniencia presupuestal y que dicha empresa pertenece al Cónsul Honorario de Nicaragua, que hasta el momento ha recibido del gobierno del presidente López, contratos por más de 3 mil millones de pesos.
2. Violación a derechos humanos: desde el inicio del gobierno de López la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha señalado en varias ocasiones el empeoramiento en la condiciones de higiene, maltrato y hacinamiento en las estaciones migratorias del país. En la tragedia de Ciudad Juárez, los migrantes habían sido recluidos, sin que hubiesen cometido un ilícito o una falta que lo justificase; eran 68 personas en una estación que tiene un aforo máximo para 30 personas y se les omitió la ayuda ante un peligro mortal.
3. Impunidad para las autoridades: la asignación directa del contrato a la empresa encargada de la vigilancia de la estación migratoria de Ciudad Juárez no ha sido investigada, como tampoco ha sido investigada la falta de supervisión del INM a su desempeño. Por su parte, la Fiscalía General anunció que detuvo a 5 de los presuntos responsables de la tragedia, el migrante que inició el incendio, los vigilantes de la estación y 2 funcionarios de bajo nivel del INM. En contraste, hasta el momento ninguna renuncia significativa, ni del titular del Instituto Nacional de Migración o del Secretario de Gobernación -quien es encargado de la política migratoria del país-. Tampoco ha habido un reconocimiento del presidente que su política migratoria represiva ocasionó la muerte de los 39 migrantes recluidos en Ciudad Juárez.
De hecho las autoridades federales han exhibido un comportamiento absolutamente reprobable.
En su conferencia mañanera del 29, el presidente no explicó el conjunto de fallas que ocasionó la tragedia al dedicarle apenas un par de minutos al tema, y culpó a los migrantes de su propia muerte.
Dos días después llevó a cabo una gira en Ciudad Juárez y, contrariamente a lo esperado, la tragedia no estuvo al centro de las 3 horas que “el humanista” López pasó en dicho municipio. Ese día el mandatario apenas le dedicó 10 palabras al tema. Luego, al intentar retirarse del lugar donde se llevó a cabo el evento, se confrontó con un grupo de migrantes. Ante los reclamos, López le contestó a una mujer que pedía justicia para los migrantes "no provoques, no estés provocando, te mandó Maru -la gobernadora panista de Chihuahua- mi amor".
Por su parte el secretario de Gobernación intentó responsabilizar al secretario de Relaciones Exteriores del hecho, alegando un acuerdo que viola el entramado institucional -recordemos que el INM depende de la Secretaría de Gobernación- y que con ello se transfería la rectoría de la política migratoria al canciller Ebrard. Por su parte el canciller se desmarcó y desconoció dicho acuerdo.
Lo cierto es que en el gobierno federal nadie reconoce sus fallas ni responsabilidades y con ello revictimizan a los migrantes fallecidos y a sus deudos.
Fue el Estado el responsable de la tragedia de Ciudad Juárez, de nuevo fue el Estado el que destinó a la muerte a personas y que de nuevo omite responsabilidades, transparencia, rendición de cuentas o cambios estructurales que eviten que en el futuro ocurran hechos similares.
Lamentablemente todo apunta a que los flujos migratorios seguirán aumentando y si no ajusta la política migratoria o reforma la ley, los migrantes seguirán siendo violados en sus derechos humanos e incluso reclutados por la delincuencia, con el subsecuente incremento de la violencia en el país.
Al haberse cumplido 52 meses del gobierno de López, el auto proclamado “presidente honesto y humanista”, la corrupción, impunidad, violaciones a derechos humanos, política migratoria represiva y violencia en el país están peor que nunca y nada hace pensar que se intente corregir el rumbo.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCo