Hace dos semanas se consumó el secuestro de un joven en San Luís Potosí (SLP). Pocas horas después de ocurrido el hecho, los padres recibieron una llamada para solicitar el rescate.
De inmediato ellos contactaron al 911, obtuvieron un número de reporte y la Indicación que debían acudir a denunciar al área especializada en secuestro (UECS) de la fiscalía local.
Allí el personal de la UECS le negó la denuncia, desconoció su obligación de investigar y se limitó a dirigirlos a la Comisión de Búsqueda estatal (CB) -encargada de investigar la desaparición de personas-.
Al pasar de los días no hubo novedades, los padres desesperados contactaron a amigos, revisaron redes sociales, obtuvieron la geolocalización del celular del hijo, los últimos movimientos de él previos a su privación ilegal de la libertad y acudieron nuevamente a la CB para reportar los hallazgos y conocer los avances de la investigación.
La sorpresa de los padres fue la total ausencia de acciones de búsqueda por parte de la autoridad.
Por ello, los padres solicitaron ayuda al Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) donde les confirmamos que la UECS no debió haberles negado la atención y les explicamos cómo debió ejecutarse la investigación.
En el ONC corroboramos que no existe carpeta de investigación en el área de antisecuestros, que sí la hay por desaparición de persona, que no se incorporó la información aportada por los padres y que la fiscalía no estaba dispuesta a atender el caso.
Quince días después de haber recibido la llamada para exigirles dinero para liberar a su hijo, los padres de la víctima han sido engañados, revictimizados y abandonados por las autoridades que prefieren dejar el hecho en la total impunidad.
Este delito nos recuerda que tan sólo en abril pasado, se viralizó el caso de 23 personas que habían sido secuestradas en carreteras de SLP y que pese a que sus familiares habían pagado el rescate, seguían privadas de la libertad.
Sólo por la presión mediática las autoridades actuaron y los encontraron ¡junto con otras 105 personas secuestradas de las cuales la autoridad ni siquiera tenía conocimiento! En este mismo espacio hice un recuento de los hechos y dí a conocer cómo la fiscalía local ocultó la información en la estadística oficial.
¿Por qué en SLP se abandona a las víctimas? Podría ser por el interés de maquillar las cifras de incidencia delictiva y mantener la imagen que el estado está en paz.
Lamentablemente el motivo podría ser más grave, ya que diversos hechos apuntan a que el gobernador Ricardo Gallardo mantiene y ha mantenido vínculos con la delincuencia organizada desde hace mucho tiempo.
Desde 2006, diversas investigaciones lo vinculaban con Los Zetas. En 2014, miembros del PRD -el partido al que entonces militaba Gallardo-, lo denunciaron ante el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido por presuntamente estar relacionado con el Cártel del Noreste.
En 2015 Gallardo fue detenido por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada acusado de transferencias ilegales por más de 200 millones de dólares y liberado 11 meses después por falta de pruebas.
De nuevo en 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que lo investigaba por presunto lavado de dinero. Dicha investigación nunca derivó en una acción por parte de la Fiscalía General de la República.
Pese a todo ello, Gallardo ganó la gubernatura de SLP en 2021 como candidato del Partido Verde y del PT. Ya como gobernador, según las revelaciones que hizo el colectivo Guacamaya -cuando hackearon a la SEDENA-, Gallardo mantiene contactos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
¿Qué podemos esperarnos de un gobernador con dicho historial? ¡Un narcoestado! ¿Cómo es posible que una persona con tantas denuncias llegue impunemente a gobernar una entidad? Porque los partidos siguen creando clientelas más que ciudadanos conscientes.
¿Qué sucederá con este caso y tantos otros de los que ni siquiera tenemos conocimiento? Lamentablemente el pronóstico es adverso. A mayor razón cuando tanto el Partido Verde como el PT son aliados de Morena y cuando la federación sólo actúa contra los adversarios políticos y protege a sus aliados.
Mientras las familias sufren, en SLP se siguen escondiendo delitos y abandonando a las víctimas.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
