“A los vecinos les preocupan más los baches que la inseguridad”. Esto lo aseguró el pasado 28 de noviembre ante diputados, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Rodríguez, con motivo de la glosa del Quinto Informe de Gobierno.
La funcionaria insistió que ello se debe a que la estrategia de seguridad ha resultado tan efectiva que ha logrado revertir la espiral de violencia y delincuencia.
¿Tiene razón Rodríguez? ¿Ha sido efectiva la estrategia de seguridad? ¿Ha disminuido la violencia y la incidencia delictiva? ¡La respuesta es no!
Si revisamos los índices delictivos tanto de octubre de este año, contra los de octubre del año pasado; como si analizamos el total de delitos de lo que va del sexenio, contra los del sexenio pasado, podemos observar cómo la incidencia delictiva ha crecido.
Si específicamente analizamos qué ha ocurrido con aquellos delitos violentos, podemos encontrar aumentos sustanciales.
Por ejemplo, si comparamos la tasa de homicidio doloso de este sexenio contra la de los anteriores, podemos confirmar que en esta administración aumentó 14% respecto al sexenio de Peña y 40% respecto al de Calderón.
Si revisamos lo ocurrido con las personas desaparecidas, encontramos que las 47 mil registradas en este sexenio, son más que el total de personas desaparecidas en los dos sexenios anteriores juntos.
Por lo que refiere a los delitos relacionados con la violencia de género; la extorsión; los delitos que atentan contra la vida; los delitos que atentan contra la libertad; los delitos que atentan contra la sociedad y la trata de personas, podemos ver que se encuentran en máximos históricos.
Dicha violencia es efecto de las disputas entre grupos delictivos; del ejercicio para someter a los comerciantes; de las agresiones en contra de la autoridad; de acciones para infundir miedo en la ciudadanía.
Las más de 5 mil fosas clandestinas de sexenio; el aumento del control territorial de los delincuentes; los magnicidios y homicidios múltiples; el creciente tráfico de personas, cobro de derecho de piso, narcomenudeo, robo a negocio, robo a transporte de carga, robo de gas y robo de hidrocarburo, son algunas de las evidencias de una mayor actividad criminal en esta administración respecto al pasado.
En contraste, la menor efectividad de las Fuerzas Federales y de la Fiscalía General de la República son muestra de un Estado cada vez más débil.
Es decir, no existe evidencia que la estrategia de seguridad de este gobierno tenga resultados mientras que sí podemos afirmar que los delitos y la violencia han aumentado.
Es indignante que Rodríguez le mienta al Congreso; que desconozca su fracaso y que ridiculice la crisis de seguridad del país.
También ofende la falta de dignidad y respeto a su investidura de la mayoría de legisladores. La tarea del Congreso es representar a los ciudadanos, ser contrapeso a la autocomplacencia del Ejecutivo Federal. En ningún caso deberían ser cómplices de las mentiras de un gobierno.
No obstante, lo que más debe preocuparnos es que los discursos triunfalistas de López y de Rodríguez -así como la complacencia de tantos legisladores afines a este gobierno- mantenga sin variaciones la supuesta estrategia de seguridad de esta administración.
Desde la óptica y declaraciones de “vamos bien”, “la estrategia está dando resultados”, no podemos esperar ni acciones ni resultados diferentes a lo que ha ocurrido en los últimos 5 años.
¿No hay esperanza? ¿Todos los gobiernos mienten? Afortunadamente no y lo pude atestiguar el pasado 30 de noviembre en Canadá.
La revista The Economist me invitó a participar como ponente en un foro sobre los efectos negativos de ciertos productos ilícitos.
A lo largo de las mesas fueron recurrentes las demandas de activistas y académicos para cambiar la política canadiense de combate al consumo de fentanilo -mismo que una y otra vez se afirmó que proviene de México-.
Ante el reclamo por la falta de una estrategia efectiva en combate a este mercado ilícito y cómo ha favorecido el crecimiento de los homicidios, las autoridades de seguridad ofrecieron disculpas y comprometieron cambios puntuales a su estrategia de seguridad.
En ningún momento los funcionarios negaron aumentos, rechazaron las demandas, minimizaron el problema o culparon a administraciones pasadas. Hubo diálogo, respeto y propuestas.
Nunca se descalificó a aquellos que llamaban “crisis” el aumento de 28 víctimas de homicidio doloso entre 2021 y 2022.
¡Qué diferencia con nuestro país!
Mientras en Canadá pasar de 1.75 víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes en 2021, a 2.07 en 2022 llevó a exigencias ciudadanas y compromisos de las autoridades, en México, donde el año pasado se registraron 31 mil 995 víctimas -una tasa de 24.56 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes- y donde desde el inicio de sexenio se han registrado oficialmente más de 170 mil víctimas -una tasa de 112 víctimas por cada 100 mil habitantes-, las autoridades se sienten satisfechas y se dan el lujo de bromear.
Tal vez, en la cosmovisión de López, de Rodríguez y de los actuales legisladores tales niveles de violencia son un logro. Para quien no debe serlo es para nosotros, para los ciudadanos que hemos sido víctimas directas o indirectas de la delincuencia y de la incapacidad del Estado.
Por eso debemos recordar, de cara a las elecciones del próximo año, que nuestro voto es decisivo. Que si no elegimos a alguien que se comprometa a actuar, escuchar y corregir, la violencia podría empeorar aún más y los ciudadanos estarán aún más indefensos.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL