Al cumplirse 4 años del inicio de la actual administración federal hay 3 mitos que el presidente y sus huestes han repetido sin cesar: (1) en seguridad vamos muy bien (2) gracias a la política de “abrazos, no balazos” y (3) la norma jurídica se puede doblegar a conveniencia del proyecto de la “cuarta transformación de la vida pública del país”.
Sin embargo, tan sólo en los primeros 10 días del año han ocurrido una serie de eventos que -de nuevo- demuestran la falsedad de dicha narrativa.
El año inició de manera violenta, el motín que se registró el primero de enero en un penal de Ciudad Juárez -con un saldo de 17 personas fallecidas, 13 heridas y 27 fugadas-, la (segunda) detención de Ovidio Guzmán en Culiacán -que desató una confrontación armada, narcobloqueos, ráfagas contra aeronaves y 29 muertos-, son sólo dos de los graves hechos que han ocurrido en el arranque de 2023 y que exhiben la ausencia de control del Estado sobre el territorio nacional, así como las diversas manifestaciones de la violencia que afectan la vida de los mexicanos.
Si las 830 víctimas de homicidio que se han registrado en los primeros 10 días del año no fuesen una contundente demostración del mal rumbo que lleva el país -tomemos como referencia que estas 830 víctimas superan el total de homicidios ocurridos en España, Francia e Italia en 2022-, recordemos las más de 50 mil personas desaparecidas en estos 4 años del gobierno de López, así como que en 2022 se rompieron los récords de extorsiones, privaciones ilegales de la libertad y otros delitos que atentan contra la vida, lesiones dolosas, narcomenudeo, trata de personas, violaciones y violencia familiar, de la historia de nuestro país.
Todo ello ocurrió en un contexto donde también las violaciones a derechos humanos, la corrupción e impunidad, han llegado a máximos históricos.
Estos primeros 10 días de 2023 también evidenciaron la falsedad de la narrativa de “abrazos, no balazos”. Si recordamos lo ocurrido en Culiacán, nunca pudimos observar a las Fuerzas Federales defenderse con abrazos o regalando libros, de las ráfagas del cártel de Sinaloa.
De manera similar, la actual incidencia delictiva y presencia nacional de grupos delictivos desmiente la idea que las transferencias directas del gobierno federal hayan afectado el reclutamiento y participación de jóvenes y adultos en la delincuencia común y organizada.
Dicho de otra manera, la narrativa de “abrazos, no balazos”, que incluye la justificación de una amplia distribución de recursos de nuestros impuestos a ciertos grupos sociales no es ni una política preventiva, ni reactiva; es un discurso que carece de todos los elementos que deberían llevar a prevenir, inhibir, perseguir y sancionar los delitos.
Asimismo, la militarización de la seguridad, pasando por encima de la ley, tampoco ha logrado reducir los crímenes, de hecho, ha ocurrido lo contrario, ante el abandono de la vía civil en materia de seguridad por parte de la federación México es más violento y las instituciones son menos eficaces en combatir los ilícitos y más propensas a violar los derechos humanos.
Si todo ello no fuese suficiente, recordarnos que la ley, sí es la ley y debe ser respetada, podemos tomar como referencia lo ocurrido en torno a la elección del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Hasta hace pocas semanas parecía inevitable que la ministra Yasmin Esquivel fuese elegida como la primera mujer presidenta de la Corte, una ministra propuesta por el presidente, cercana a López y quien, con dicho nombramiento, afianzaría su control tanto sobre el Poder Judicial, como sobre el Legislativo.
Un artículo, publicado en el portal de noticias Latinus, tiró al suelo las aspiraciones y deseos de Esquivel y López al exhibir posibles hechos de corrupción que le permitieron a la ministra plagiar su tesis de licenciatura.
De nada sirvió un presunto documento de la fiscalía capitalina que la exoneraba, el proselitismo del presidente, gobernadores y legisladores morenistas; la indignación social pudo más y los ministros optaron por elegir a la ministra Norma Piña como primer mujer que preside la SCJN, en lugar de una ministra con claras evidencias de haber violado la norma.
Quedan aproximadamente 20 meses para que termine el sexenio de López, tras cuatro años de su gobierno los mexicanos vivimos mucho más cerca de delitos y violencia; tenemos menos certeza jurídica; instituciones menos capaces de proteger nuestra integridad; nuestros bienes y nuestros derechos; más riesgo de vivir en un país antidemocrático, donde quien detenga el poder sea la delincuencia.
Le queda muy poco tiempo a López para no pasar a la historia como el presidente con el peor desempeño de las últimas 4 décadas. Para ello, deberá dejar la permanente campaña política en la que vive y su rol como máximo líder partidista, abandonar la narrativa falsa y enfocarse en generar una verdadera cultura de la legalidad que garantice un piso parejo frente a la ley para todos los mexicanos.
Lamentablemente nada parece indicar que el presidente tenga un gesto de humildad, reconozca su fracaso en materia de seguridad y justicia, se comporte como hombre de Estado y se centre en cumplir su función de mandatario de todos los mexicanos.
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.
@frarivasCoL