El secuestro es uno de los delitos de mayor impacto social. Por ello, es un delito que muchos países han combatido con efectividad, al punto de reducirlo a tasa 0.
Pese a que en nuestro país las varias olas de secuestro, ocurridas desde los años 80 del siglo pasado, han impulsado la creación de normas, instituciones y programas para combatirlo, no hemos logrado erradicarlo.
La última de esas grandes olas ocurrió en el primer semestre de 2019 y presionó particularmente a los gobiernos del presidente López y de la Jefa de Gobierno Sheinbaum.
Desde principios de 2020 mes a mes el presidente y el gabinete de seguridad han celebrado que la estadística oficial del secuestro reporte descensos constantes, que según la última declaración oficial, es del 79%.
Lamentablemente hace varios meses en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) hemos demostrado que dicha información es metodológicamente inexacta y sustancialmente falsa.
Si comparamos la información oficial de los 54 meses de la actual administración respecto al mismo periodo del sexenio de Peña, obtenemos una disminución del 43% -muy lejos del 79% que presume el gobierno federal-, y de 16% respecto al sexenio de Calderón.
Si bien una disminución del 43% debería considerarse un gran logro, hay evidencias que indican que dichos registros están siendo manipulados con el fin de mostrar artificialmente una baja.
¿Qué evidencia tenemos para afirmar que la disminución del 43% de los secuestros es falsa? (1) el inexplicable aumento del 61% de los registros de “Otros delitos que atentan contra la libertad personal” (ODALP) -que coincidentemente empiezan a crecer cuando inicia el descenso de los registros de los secuestros-, y (2) la ausencia de registros de víctimas de secuestro en casos que fueron mediáticos y permiten un seguimiento puntual.
(1) De enero a mayo a nivel nacional se registraron 458 víctimas de secuestro y 13,024 víctimas de ODALP. Ante varias solicitudes de transparencia al gobierno federal y a las fiscalías estatales, no ha habido una sola explicación clara del criterio para clasificar los casos y las víctimas de secuestro en el rubro de ODALP.
(2) El pasado abril las autoridades de San Luís Potosí (SLP) dieron a conocer que habían rescatado a 128 víctimas de secuestro, 13 nacionales y 105 migrantes. Sin embargo, la estadística oficial reportó 9 víctimas de secuestro y 122 víctimas de ODALP para abril de 2023.
En el ONC solicitamos vía transparencia conocer por qué las 128 víctimas de secuestro reportadas en comunicaciones oficiales no se encontraban en la estadística de secuestro; cómo distinguían entre una víctima de secuestro de una de ODALP y de qué tipo de delito habían sido víctimas esas 122 personas reportadas en dicha categoría.
La fiscalía estatal contestó que las 128 víctimas se encontraban reportadas en la estadística oficial de víctimas de secuestro y de las víctimas de ODALP. Lamentablemente la fiscalía estatal evitó explicar los criterios que usaron para distinguir quién es víctima de secuestro y quién de ODALP y desglosó las víctimas con números que no corresponden a ningún registro público.
La FGJ de SLP explicó que las 128 víctimas de dicho caso se desglosaban en 9 víctimas de secuestro y en 122 de ODALP. A su vez éstas correspondían a 12 víctimas de desaparición cometida por particulares; 168 de privación ilegal de la libertad; 8 de robo de infantes o incapaces y 108 de sustracción de menores.
Lástima que la suma de todo ello arroje un total de 307 personas, que no corresponde ni a las víctimas reportadas en abril, ni al total de víctimas reportadas de enero a mayo de este año.
En contraste, en un caso similar ocurrido en mayo en Sonora, las autoridades locales liberaron a 136 migrantes y los reportó como víctimas de secuestro.
Si de los años 80 a la primera década del 2000 la mayoría de víctimas de secuestro eran personas de alto ingreso económico, queda muy claro que en la última década casi la totalidad de las víctimas de secuestro son de bajos recursos o migrantes.
En junio de 2020 López afirmó erróneamente que “no secuestran a un pobre, secuestran al que tiene”, cada día es más evidente que el secuestro ataca a los más indefensos, acrece la brecha de desigualdad e incide en la crisis de desaparecidos y fosas clandestinas a lo largo del país.
Indudablemente es muy preocupante que el gobierno mal informe y manipule la estadística oficial, con ello revictimiza a las personas, traiciona la confianza ciudadana, comete un delito y construye políticas sustentadas en información falsa.
¿Cómo revertir la actual crisis de privaciones ilegales de la libertad si el gobierno federal considera que está siendo exitoso? Desde el ONC seguiremos levantando la voz, llamando a cuentas a los gobiernos, apoyando a las víctimas con el anhelo que alguna autoridad sea honesta, reconozca la crisis de secuestros e impulse acciones para combatirlo.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL