El pasado 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, elementos del Ejército dispararan contra 7 jóvenes que viajaban de madrugada en una camioneta, 5 de los cuales fallecieron en el lugar de los hechos y uno sobrevivió pese a las lesiones.
Aparentemente los soldados se encontraban patrullando mientras escucharon disparos y asumieron que dichos jóvenes habían sido los responsables de las deflagraciones y por ello intentaron parar el vehículo con disparos.
Según testigos, la camioneta recibió más de 20 balazos y los militares ultimaron a dos de los cinco jóvenes en la calle, ya fuera del vehículo.
Aparentemente los efectivos impidieron la llegada de los cuerpos de auxilio médico e intentaron llevar el vehículo y los cuerpos a la delegación local de la Fiscalía General de la República. Fueron los habitantes de la zona quienes impidieron el traslado y cuestionaron a los soldados, mismos que justificaron su actuar bajo el argumento de que los jóvenes transportaban drogas y armas, que nunca fueron encontradas.
El saldo final fue de 5 civiles víctimas de homicidio cometido por los soldados, un herido de por lo menos dos impactos de bala y de 4 soldados vinculados a proceso por desobediencia y delitos del fuero militar.
Independientemente de la inocencia de los jóvenes, los militares nunca debieron actuar así. Los soldados cometieron infracciones y delitos, no siguieron protocolos de actuación, se excedieron en el uso de la fuerza y ejecutaron a personas.
Toda esta serie de fallas y delitos pudieron haber sido evitados si:
(1) El presidente López hubiese cumplido su promesa de campaña de regresar al ejército a sus cuarteles;
(2) Se hubiese desmilitarizado la seguridad;
(3) El gobierno federal contase con una política preventiva -que existe en dichos pero no en los hechos- y no sólo de acciones reactivas y represivas;
(4) Se hubiese trabajado para construir una Guardia Nacional civil, efectiva y capaz de hacerse cargo de la seguridad de los mexicanos;
(5) El gobierno federal hubiese logrado reducir al 50% los índices de violencia para 2022 -así como prometió el presidente y quedó plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo-;
(6) Existiese mecanismos de evaluación y supervisión que abonasen a la reducción de las violaciones a Derechos Humanos (DDHH).
Lamentablemente ninguno de los compromisos que López asumió con los mexicanos se ha cristalizado. Los mexicanos pagamos el precio del absoluto fracaso de la política de seguridad de la actual administración; de que el gobierno federal persista en militarizar la seguridad; del abandono de la vía civil para construir una Guardia Nacional efectiva; del haber dejado de capacitar al Ejército y la Guardia para desarrollar competencias de protección y servicio a la comunidad; de haber mentido acerca de las violaciones a Derechos Humanos por parte de las Fuerzas Federales.
Si bien el presidente López en octubre de 2020 afirmó que en México ya no se violan Derechos Humanos, los datos oficiales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demuestran lo contrario. En los cuatro años de esta administración las quejas y recomendaciones por violaciones graves de DDHH en contra de las Fuerzas Federales han crecido.
En particular el Ejército, el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional (que en sus tres años de existencia tuvo más quejas de violaciones a Derechos Humanos que las que reportó Policía Federal en sus últimos 3 años de vida) en 2022 tuvieron su peor desempeño.
De hecho, por lo que refiere al Ejército su peor año en violaciones a DD. HH. fue 2022, seguido de 2019, luego 2020, en cuarto lugar 2018 y en quinto 2021.
Sin embargo, pese a dicho desastre, el prestigio y confianza que los mexicanos depositamos en el Ejército parecen no sufrir reveses. Según INEGI en 2020 el 88% de los mexicanos confiaba en dicha institución -la segunda calificación más alta sólo por detrás de la Marina- y para 2021 su nivel de confianza se mantuvo en el 87%.
México pasa por los peores momentos de violencia, corrupción, impunidad y violaciones a DDHH de nuestra historia -con una tendencia a la alza para 2023-. El terrible hecho de Nuevo Laredo es uno más de los tantos que ocurren a diario en el país, ejecutados por autoridades incompetentes y corruptas, donde las víctimas quedan olvidadas.
Por lo menos 10 familias se encuentran destrozadas, las de los 6 jóvenes víctimas de la violencia del Estado y de los 4 militares que actuaron mal porque nadie los capacitó ni supervisó adecuadamente.
Lo peor de todo ello es que es casi seguro que nadie obtendrá justicia, reparación del daño ni tan siquiera habrá cambios para que estos terribles eventos no vuelvan a suceder. Mientras las mentiras del gobierno federal sigan y el prestigio del Ejército no se vea radicalmente afectado, nada cambiará, aunque la violencia siga y muchos inocentes sigan perdiendo la vida a manos de la violencia del Estado.
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Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
