Según revelan varias encuestas de victimización y percepción de seguridad, los mexicanos confiamos poco en nuestras instituciones policiales más cercanas, así como en las de procuración de justicia.
Las fuerzas federales reactivas y preventivas se mantienen como las mejor evaluadas por la ciudadanía -los niveles de confianza de la Marina Armada de México, el Ejército y la Guardia Nacional oscilan entre el 90 y el 83%-, mientras que las policías estatales y municipales, la Fiscalía General de la República , las fiscalías y procuradurías estatales, generan niveles de confianza entre el 65 y el 50%.
Indudablemente es una mala señal que los ciudadanos confiemos poco o nada en aquellas autoridades encargadas de prevenir la ocurrencia de los delitos más cercanos a nuestra vida cotidiana, que desconfiemos de los encargados de protegernos en caso de ser víctimas de un crimen o investigar dichos hechos delictivos.
Esta desconfianza no es efecto de alguna paranoia social, es efecto de desconocimiento y experiencia. Las personas por lo general desconocemos cómo operan nuestras instituciones, cuáles son nuestros derechos y responsabilidades, qué carencias enfrentan los servidores públicos y por ello es fácil emitir juicios y evaluar como malo el desempeño de las agencias gubernamentales.
Al mismo tiempo, muchos hemos tenido experiencias directas o indirectas de malas actuaciones, corrupción y justicia a modo por parte del personal policial o ministerial.
Por ello, ante casos notorios de hechos delictivos y las subsecuentes declaraciones, peritajes e investigaciones de nuestras policías y fiscalías, es común que la opinión pública asuma como incorrecta la actuación institucional.
Un caso que engloba todas estas deficiencias es el de Octavio Ocaña . El pasado 29 de octubre el actor perdió la vida tras un aparente accidente de tránsito.
Según las fuentes oficiales el actor conducía su vehículo con un arma de fuego en la mano. Las autoridades refieren que aunado a dicho ilícito había evidencia que conducía bajo los efectos de algún tipo de sustancia. Ante ello, la policía municipal de Cuautitlán Izcalli inició una persecución del vehículo que terminó en el terrible accidente vehicular.
Dada la potencia del impacto, el arma se accionó y disparó una bala que hirió de muerte al actor.
Los deudos de Ocaña inmediatamente desmintieron los peritajes y las declaraciones de la autoridad. Para el padre del occiso, hubo fallas por parte de la policía municipal, de la fiscalía estatal y de los servicios médicos de urgencia.
Según el padre de Ocaña, la policía municipal de Izcalli ejecutó a su hijo, violó la cadena de custodia, alteró la escena del crimen, cometió robo y mintió en declaraciones; la fiscalía apresuró un peritaje presuntamente mal ejecutado; los servicios médicos tardaron en responder, ocasionando la muerte del actor.
A la fecha la autoridad insiste en sus peritajes y conclusiones, mientras que los deudos de Ocaña manifiestan su descontento. Este hecho lamentablemente se parece a muchos otros.
Por ello mismo, este caso debe ser analizado y considerado como una oportunidad para mejorar a nuestras policías y fiscalías. Gracias a la fama del actor, podemos conocer la actuación institucional, cuando por lo general, resulta imposible saber qué sí y qué no hicieron las diferentes autoridades de seguridad y justicia.
Este año, en nuestro país diariamente 144 personas pierden la vida -96 en hechos delictivos y 48 en accidentes- y 50 personas más se reportan como desaparecidas y muchos de dichos casi 200 casos presentan fallas similares al caso de Ocaña.
Es imposible que la situación de inseguridad, delincuencia y violencia que impera en el país mejore si no hay un plan que subsane las deficiencias estructurales de nuestro aparato de seguridad y justicia.
No se puede abatir la impunidad ni garantizar una pronta y adecuada atención a quienes han sufrido directa o indirectamente un crimen sin el compromiso institucional, los recursos suficientes y los sistemas de evaluación.
Si no contamos con el número necesario de policías, peritos y ministerios públicos será imposible atender, prevenir o investigar todos los delitos. De la misma forma, si todos esos servidores públicos carecen del entrenamiento y equipamiento necesario, su labor será inútil.
Si en el país persiste la lógica de malos salarios, malas prestaciones y malos tratos para nuestros policías , peritos y ministerios públicos, será imposible aspirar a un buen desempeño de dichos servidores públicos.
Si en el país seguimos sin lograr una supervisión del desempeño de policías y fiscalías independiente y objetiva -tanto de las áreas internas, como gracias al acompañamiento de la sociedad civil- no existirán incentivos para mejorar el desempeño público.
Es decir, si no logramos generar las condiciones para garantizar que las autoridades trabajan para servir y proteger a nuestra comunidad, la confianza ciudadana no mejorará y la delincuencia seguirá actuando impunemente.
Lamentablemente los últimos tres años han sido los más violentos de la historia y, ante la grave crisis económica, el empobrecimiento de las personas, las crecientes corrupción e impunidad, es probable que las cosas sigan empeorando.
Por todo ello es urgente mejorar el desempeño institucional y reconstruir la confianza en nuestras autoridades si queremos captar denuncias, detonar investigaciones, sancionar delitos, garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño para las víctimas. Dichas acciones sentarán las bases de un México seguro y justo donde no quepa duda que la actuación institucional es apegada a Derecho y que éstas están al servicio de la comunidad.
@frarivasCoL
