El pasado 24 de febrero, la senadora panista Lilly Tellez, fue públicamente extorsionada por la senadora morenista Rocío Abreu, en el Pleno del Senado.
En el debate que llevó a la inconstitucional aprobación del “Plan B”, que impulsa el presidente López, para destruir al INE y afectar la imparcialidad de las próximas elecciones, la senadora Abreu lanzó esta amenaza a Tellez: “Lilly, no te preocupes. Va a salir tu video. Nada más que el tuyo no es para menores de 18 años, ese es el problema…”
Abreu cometió públicamente tres delitos usando el espacio de la Cámara Alta de nuestra República:
1. Extorsión;
2. Delitos en contra de la intimidad
3. Amenazas
Todo ello con las agravantes que prevé la ley por ser Abreu, una servidora pública.
El fuero del que gozan nuestros legisladores no es carta blanca para cometer delitos, Abreu debe ser sancionada.
Lamentablemente, lo más probable es que la denuncia termine en lo que más del 99% de las denuncias termina: ¡en nada!
Como el delito ocurrió públicamente, la autoridad podría actuar de oficio. Sin embargo, la praxis obliga a que sea la víctima quien tenga que denunciar, de lo contrario la autoridad podría hacer caso omiso.
Asimismo, es muy probable que nada se obtenga porque la denuncia debe ser ante la Fiscalía General de la República (FGR), una institución que en este sexenio ha dejado de actuar en contra de delincuentes y aliados del presidente.
Independientemente del resultado, Tellez deberá invertir mucho tiempo -y dinero-, además de correr el riesgo de represalias, aún así, lo más probable es que los delitos quedarán impunes.
¡Triste caso que sirve como una evidencia más del desastre que existe en torno al combate a la extorsión!
La extorsión es el delito que más ha crecido en nuestro país, año con año rompe toda cifra récord, tiene más del 99% de cifra negra y casi el 100% de impunidad.
Debido a la ausencia de acciones impulsadas por la federación para reducir este delito, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, llevamos a cabo los pasados 21 y 22 de febrero, el Foro Nacional sobre Extorsión, un ejercicio que contó con una excelente participación de autoridades, legisladores, académicos, comunicadores y sociedad civil.
Las conclusiones del foro indican que la actual ley no funciona, que la autoridad se encuentra descoordinada y rebasada, que las víctimas están abandonadas y que los delincuentes gozan de una total impunidad.
Por ello, desde el ONC, el IIJ y los expertos que participaron en el foro, insistimos que las reformas legislativas para combatir la extorsión incluyan la promulgación de una ley general, reformas a artículos constitucionales y reformas a ley general en materia de secuestro.
Dicha transformación normativa debe (1) definir con claridad los diversos medios a través de los cuales se ejecuta la extorsión; (2) las características con las que se ejecuta el delito; (3) los fines que persigue el delito -económicos, control de los mercados, manipulación de las elecciones, designación de funcionarios, generar un daño, obtener un beneficio, restringir conductas-; (4) garantizar que las denuncias protejan la integridad física, la vida de los denunciantes; (5) que las autoridades persistan en la investigación sin necesidad de que las víctimas ratifiquen las denuncias; (6) que las investigaciones se articulen para combatir el fenómeno delictivo y no delitos particulares.
Una vez que sea promulgada la ley, se requiere de una estrategia nacional que se desdoble en lo local, donde quede claramente definida la cadena de responsabilidades y la articulación interinstitucional; donde se incorporen procesos bien definidos, inteligencia, personal suficiente, insumos y uso de la tecnología; que incluya mecanismos de profesionalización de los diversos operadores y contemple la participación y supervisión de la sociedad civil, de sector productivo y de los medios de comunicación.
Para que los delitos de Abreu, las extorsiones telefónicas, el derecho de piso, la sextorsión, la extorsión cometida por la Guardia Nacional -entre muchos otros ejemplos-, sean oportunamente sancionada, en el ONC y el IIJ seguiremos trabajando con los equipos técnicos del Legislativo para transformar en instrumentos normativos, los hallazgos y conclusiones de nuestras investigaciones y del foro.
Si una Senadora puede ser víctima públicamente, en pleno Senado de la República y su victimaria quedar impune ¡imaginemos el tamaño del problema para cualquiera de nosotros que no contamos con los apoyos y protección de una legisladora nacionalmente reconocida!
México, nuestra democracia y los mexicanos no podemos tolerar que año con año la extorsión crezca y nuestras autoridades permitan la total impunidad. En el ONC seguiremos trabajando para atender víctimas, acompañar a legisladores y exigir a las autoridades que hagan su trabajo.
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@frarivasCoL