Mientras 2020 se perfila para romper el récord del año más violento desde que se cuentan con registros en materia de seguridad, no existe evidencia que las cosas pueda mejorar en el mediano o incluso en el largo plazo.
Han pasado dos años desde el inicio de la actual administración federal, una administración que recibió al país en una profunda crisis de violencia que llevó a que 2017 primero y luego 2018, fueran los peores años en materia de homicidios dolosos y de otros delitos.
El presidente López prometió en campaña y luego en el periodo de transición, que desde el primer día de su gobierno, la violencia se contendría y revertiría, algo que no sucedió.
Tampoco se cumplieron las promesas hechas por López en diciembre 2018, enero, febrero, marzo, abril, octubre y diciembre 2019: en el priner año de este gobierno se rebasaron todos los récords de incidencia de homicidios dolosos, lesiones dolosas, feminicidios, trata de personas, narcomenudeo y otros delitos de competencia federal y local.
De la misma manera, si comparamos los primeros 9 meses de este año contra el mismo periodo del año anterior, las víctimas de homicidio doloso crecieron 1%, así como crecieron las carpetas de investigación de trata de personas y narcomenudeo.
De hecho, las marcadas reducciones que este año se registraron en delitos como los robos, secuestros y extorsiones obedecen al confinamiento por la actual pandemia de Covid 19 y no a decisiones certeras en materia de seguridad.
Ante un escenario tan adverso, en el Observatorio Nacional Ciudadano nos dimos a la tarea de analizar las acciones implementadas por la actual administración federal y presentar el estudio La Estrategia Nacional de Seguridad Pública (2018-2024). Un análisis desde la perspectiva de coherencia de políticas públicas.
En el estudio concluimos que la actual estrategia del gobierno federal exhibe incongruencias y contradicciones que explican la ausencia de resultados positivos para reducir delitos, mejorar el acceso a la justicia y la reparación del daño a las víctimas.
El análisis, que se hizo desde la perspectiva de coherencia en políticas públicas, advierte que no existe ningún cambio de paradigma en seguridad. Lo que predomina es la inercia, el desorden y la improvisación que da como resultado la exacerbación de los aspectos más negativos de las pasadas administraciones como son el desperdicio de recursos, la violación a derechos humanos, la violencia e impunidad.
Se percibe el menosprecio del gobierno federal por la planeación de estrategias en materia de seguridad, lo que provoca un alto costo para la integridad y el patrimonio de la ciudadanía.
Para el gobierno del presidente López, la Estrategia Nacional de Seguridad es un conjunto de ideas generales:
⁃ Legalización de drogas produce menos poder del crimen.
⁃ Apoyos sociales tienen como efecto la disminución del crimen.
Propuestas vagas, que han quedado en el discurso u otras que son difíciles de implementar -como es el caso de la amnistía para algunos delincuentes y para algunos delitos en general-.
Pese a las críticas que por años el presidente López hizo a las pasadas administraciones, su gobierno renunció a la construcción de una vía civil para mejorar las condiciones de seguridad y hacer frente a la violencia criminal.
De hecho, la actual estrategia del gobierno de López es incongruente con las propuestas de la campaña electoral de 2018, donde proponía una vía civil y pacífica para construir la seguridad.
La actual estrategia es continuidad de los aspectos más negativos de la militarización de los sexenios de Calderón y Peña y coherente con las de las propuestas de campaña de López en la elección de 2006.
La propuesta de seguridad de López como candidato en 2006 era dotar de mayores facultades al Ejército para combatir al crimen organizado. Este discurso cambió tras dos procesos electorales, pero no su manera de pensar.
De la misma manera, resulta falso que la ENS se base en la atención de las causas sociales de la violencia y la delincuencia, no hay evidencia alguna de una prevención comunitaria, local o situacional de la ocurrencia de delitos.
El gobierno federal considera la dádiva como instrumento retórico de prevención del crimen mientras que la manera en la que distribuye dichas dádivas no corresponde a dónde ocurren los delitos, está demostrado que a mayores tasas de incidencia delictiva, menores tasas de beneficiarios de programas sociales prioritarios.
Es un hecho que la administración de López carece de un Programa Nacional de Prevención Social del Delito que permita articular las políticas públicas de manera integral.
En el discurso y en los diferentes documentos oficiales se identificaron referencias cargadas de estereotipos y prejuicios que abonan a la criminalización de la pobreza.
Por lo que refiere a la institución insignia de seguridad de la actual administración, se desconocen las estrategias de articulación de la Guardia Nacional con otras instituciones de seguridad pública.
Además, los recortes presupuestales en materia de seguridad y justicia puestos en marcha por esta administración y su contraparte en el legislativo, ponen en condiciones de inoperabilidad a las instituciones municipales y estatales de seguridad que son las encargadas de atender más del 90% del total de delitos que ocurren en el país.
Es hora que la administración del presidente López se replantee las próximas acciones, consulte a expertos, escuche a las víctimas, deje la politiquería y establezca acciones sustentadas en datos, transparentes y evaluables a partir de indicadores objetivos, de lo contrario esta administración dejará un Estado en ruinas, centenares de miles de vidas perdidas y será recordado como el sexenio más violento de la historia de nuestro país.
@frarivasONC
