La bancada de Morena en la Cámara de Diputados aprobó la desaparición de 109 fideicomisos que alimentaban acciones en favor de la seguridad, los derechos humanos, la protección de comunicadores, la educación, la ciencia, la tecnología, las artes, la salud, el deporte y hasta un fondo para desastres naturales.
El argumento avanzado desde la Presidencia de la República para justificar dicha acción fue que en ellos habían supuestos hechos de corrupción.
Para nadie resulta una sorpresa que las políticas públicas de nuestro país hayan estado y sigan estando plagadas de hechos de corrupción.
Por décadas México ha sido uno de los países más corruptos del mundo, donde la norma jurídica se puede doblegar a voluntad de las mismas autoridades y/o de los grupos de interés.
Por ello, cualquier acción que se emprenda bajo la bandera de combate a la corrupción recibe la bienvenida de la mayor parte de los mexicanos.
Sin embargo, es válido preguntarse ¿era necesario desaparecer los fideicomisos en vez de sancionar a culpables y resolver aquello que permite su mal uso? Aún más, si hay sospecha de corrupción ¿dónde están las investigaciones, los resultados, la identificación de los responsables y los procesos de sanción por parte de la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República?
Si existen actos probados de corrupción ¿por qué no hemos conocidos de detenciones, juicios y sanciones?
Es decir, existe la declaración del presidente López y de los diputados de Morena que 109 fideicomisos han estado salpicados de actos de corrupción por lo que proponen desaparecerlos, sin una sola investigación, sin un sólo responsable, sin alguna sanción y sin un proyecto que garantice que no habrán nuevos actos de corrupción.
De hecho, los recursos obtenidos por la desaparición de dichos fideicomisos serán manejados a discreción del Ejecutivo federal con la simple promesa que ese presupuesto seguirá fluyendo y que no habrá corrupción.
Los fideicomisos han servido para garantizar que, independientemente de los gobiernos y los momentos históricos, los recursos que el Estado destina a un determinado proyecto no desaparecerán o disminuirán. Asimismo, garantizan reglas de operación que permiten rastrear la aplicación de los recursos según establecido en la norma.
El año pasado 24 activistas defensores de derechos humanos y 10 periodistas fueron asesinados en nuestro país, 2019 fue el año con el mayor número de este tipo de delitos, mientras que en los primeros seis meses de 2020, cuatro periodistas y ocho defensores de derechos humanos perdieron la vida.
Con base en ello, podemos afirmar que es criminal desaparecer uno de los pocos mecanismos que servía -con todas las deficiencias del caso- para que el Estado de forma rápida pudiese atender a activistas de derechos humanos y periodistas en riesgo de perder la vida por el simple hecho de llevar a cabo su actividad.
Hace más de un año la Policía Federal sufrió la misma suerte que sufren los fideicomisos: acusaciones por parte de López de hechos de corrupción y de ineficiencia en la institución hacían imperativo desaparecer esa institución en favor de construir una “sólida” Guardia Nacional.
Si investigar los hechos de corrupción, sancionar a los corruptos, depurar la institución y corregir las deficiencias hubiese sido más eficaz y barato para (re)construir la institución que los mexicanos necesitamos de cara a la peor crisis de violencia y delincuencia de la historia, López optó por desaparecer a una de las mejores policías del hemisferio para militarizar definitivamente la seguridad.
Esa decisión nos llevó a que el día de hoy tengamos una institución construida con los mismos elementos que López tildó de corruptos, con menos recursos de los necesarios, sin protocolos homologados de operación, a la que nunca se depuró y que en un año ya cuenta con denuncias de corrupción, tortura y desapariciones forzadas.
Casos similares desde el inicio de esta administración han vivido el Seguro Popular y otras áreas del sector salud, los organismos autónomos, el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En resumen, si López cree que desapareciendo dependencias, proyectos y entramados institucionales, erradica la corrupción, los hechos muestran su error.
Si el presidente sabe que con esta decisión no resuelve el uso de bienes del Estado de manera discrecional y a conveniencia de algunos, entonces significa que miente acerca de la verdadera razón por la que poco a poco ha venido desmantelando al Estado.
Puede ser entonces que la verdadera razón por la que López desmanteló a Policía Federal fue para eliminar uno de los mayores legados de Calderón; lo que llevó a eliminar el Seguro Popular fue el interés de López de erradicar el mayor legado de Fox y lo que hoy lo lleva a eliminar los fideicomisos es hacerse de los recursos que López necesita para sus proyectos insignia -fracasos como Dos Bocas o Santa Lucía- y no porque hubiese actos probados de corrupción en el manejo de estos.
¡Es lamentable que el Ejecutivo federal ponga en riesgo la vida, el bienestar y el desarrollo de los mexicanos para seguir sosteniendo proyectos inviables que no puede sostener dada la profunda crisis económica a la que este gobierno nos arrastró!
@frarivasONC
