El asesinato de Jaime Vera, precandidato del PVEM a la alcaldía de Mascota, Jalisco, y la publicación de artículos que afirman que agentes de la DEA en 2012 obtuvieron evidencias de que el Cártel de Sinaloa entregó 2 millones de dólares al equipo de campaña del entonces candidato López, son un recordatorio que urgen acciones para evitar que los delincuentes influyan en las elecciones.
La criminalidad organizada ha intensificado su actividad para imponer a personas y partidos favorables a sus intereses.
Tradicionalmente los delincuentes han impuesto candidatos, financiado campañas, distribuido dinero en las comunidades e incluso recurrido a la violencia. No obstante, en el pasado los magnicidios y homicidios en contra de candidatos solían ser poco frecuentes.
A partir de la última década, cada ejercicio electoral ha sido más y más violento. Las agresiones han dejado de ser sólo contra los contendientes y se han extendido a sus familias, sus operadores políticos, los comunicadores y las comunidades.
Aunado a los homicidios, las lesiones y atentados, los secuestros, los narcobloqueos y tiroteos en las calles, son mecanismos que los delincuentes usan para infundir miedo en las personas, controlarlas y obligarlas a emitir sus votos de tal o cual manera.
¿Qué puede hacer el Estado para frenar la intervención de la delincuencia? (1) Fortalecer las instituciones que permiten ejercicios democráticos limpios; (2) Garantizar la independencia de las instituciones que investigan y sancionan toda forma de ilícitos; (3) Una irrestricta aplicación de la ley; (4) Vigilancia sobre los partidos políticos y sus contendientes; (5) Construcción de ciudadanía; (6) Incentivar la participación democrática.
Es decir, lo que le toca hacer al Estado frente a una delincuencia organizada que busca apoderarse de nuestra democracia, es simplemente hacer lo que se establece en la ley.
¿Qué significa vivir en un país democrático y por qué no debería importar que México sea una verdadera democracia? Porque es el único régimen político que persigue la igualdad de ciudadanos, que se enfoca en construir instituciones que se centran en el bienestar de las personas y sus comunidades.
En un país con una sólida democracia se eligen a representantes que centran su labor en beneficio de la sociedad, que usan los recursos con responsabilidad, que se sujetan a las reglas, permiten ser fiscalizados y entienden los límites del poder.
Por todo ello nos debe preocupar que la delincuencia busque apropiarse de nuestra democracia e imponga gobernantes que usarán la fuerza del Estado para favorecer sus intereses criminales.
Pese a que faltan pocas semanas para el arranque oficial de la contienda electoral de 2024, todo apunta a que ésta será una elección muy violenta. A la fecha se han registrado 8 precandidatos víctimas de homicidio y un número indeterminado de otros hechos violentos relacionados a este proceso electoral.
En tal contexto, las acusaciones contra López, deben prender alarmas.
Debería ser pleno interés del presidente que su nombre se limpie y ello sólo se puede hacer si se hace a un lado y permite que las campañas procedan con libertad y los órganos fiscalizadores investiguen toda intervención -pasada, presente o futura- de la delincuencia en nuestra contienda electoral.
De lo contrario, la delincuencia organizada se apoderará cada vez de más espacios y poder, y en breve México podría llegar a ser un narcoestado.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
