El pasado 3 de marzo una banda, presuntamente ligada al Cártel del Golfo (CDG), efectuó una balacera en Matamoros, Tamaulipas, con el fin de secuestrar a cuatro ciudadanos norteamericanos. El hecho también cobró la vida de una joven mexicana que se encontraba en el lugar.
Cuatro días después fueron encontrados sin vida dos de las víctimas del secuestro, las otras con vida, una de ellas herida y la otra sin daño aparente.
El suceso tuvo como efecto la protesta del gobierno de los Estados Unidos, puso los reflectores internacionales sobre México y varios países emitieron alertas para sus ciudadanos intencionados a viajar a nuestra nación.
Finalmente, el 9 de marzo fueron entregados cinco presuntos responsables de aquellos delitos, acompañados de un mensaje del Cartel que ofrecía disculpas tanto a la familia de la joven mexicana como a la de las cuatro víctimas estadounidenses.
Si bien no es la primera vez que un grupo delictivo entrega a presuntos responsables de hechos violentos -delitos que cobran una relevancia extraordinaria-, tampoco es común que los delincuentes muestren señales de arrepentimiento y compensen sus acciones violentas.
En los primeros 70 días del año se han sumado más de 5,000 víctimas de homicidio doloso, con una clara tendencia al alza de este delito.
De igual forma, según la información oficial, diariamente en nuestro país se denuncian 40 personas desaparecidas, 2 feminicidios, 411 lesiones dolosas, 1 secuestro, 26 extorsiones, 542 robos con violencia, 407 robos de vehículo, 160 robos a casa habitación, 214 robos a negocio, 275 robos a transeúnte, 44 robos en el transporte público, 690 hechos de violencia familiar, 58 violaciones, 2 casos de trata de persona y 260 casos de narcomenudeo sin que haya un ejercicio de mea culpa de algún grupo delictivo, ni alguna entrega de los responsables de las tantas masacres y delitos.
Evidentemente la publicidad del hecho puso en alerta al CDG de los efectos que pudiese tener en los pactos de impunidad con las autoridades mexicanas y en posibles represalias de los estadounidenses. De lo contrario los 3 homicidios, las lesiones dolosas y el secuestro hubiesen terminado como terminan la casi totalidad de delitos en nuestro país: ¡en nada!
En México, según datos oficiales, por cada 100 delitos que ocurren, ni siquiera uno llega a ser sancionado. El dato se vuelve más dramático si analizamos las encuestas de victimización donde se estima que por cada diez mil delitos consumados, se sancionan 3.
Precisamente la impunidad que impera y empeora día a día, es el motor principal del aumento de delitos y del crecimiento del poder de los delincuentes.
Mientras el país pasa por la peor crisis de violencia de nuestra historia, el gobierno miente acerca de los resultados de su estrategia de seguridad, celebra dicha falsedad y permite la total impunidad.
Parece que para que haya detenciones, vinculación a proceso y un mínimo de acceso a la justicia para las víctimas debemos esperar que un caso se vuelva viral y los delincuentes hagan el trabajo que nuestras instituciones son incapaces de hacer.
Que a nadie se nos olvide que si hoy hay cinco personas vinculadas por secuestro agravado y homicidio doloso, es gracias a que el CDG entregó a los presuntos responsables del hecho y no porque alguna autoridad haya sido exitosa en investigar, obtener una orden de aprehensión y detener a los delincuentes.
Ya es un hecho que este sexenio federal terminará como el peor en materia de inseguridad, corrupción, impunidad y abandono de las víctimas del delito. López Obrador y su gobierno entregarán el país en peores condiciones de incidencia delictiva, violencia y capacidades institucionales para proteger a los ciudadanos.
Lamentablemente, no parece que el fracaso de seguridad penalice la popularidad del presidente, su partido y los candidatos que de este emanen. De mantenerse la actual tendencia, en 2024 ganará la Presidencia de la República el candidato que López ponga y nos destinará a los mexicanos a 6 años más de violencia, muerte, pérdida de derechos, empobrecimiento, impunidad y corrupción.
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