¿Cómo llega el país en seguridad y justicia al concluirse el cuatro año del actual gobierno? ¿Vamos en línea respecto a las promesas expresadas en campaña, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y la Estrategia Nacional de Seguridad (ENS)?
Si bien el gobierno federal insiste que “vamos muy bien”, en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) quisimos entender, a la luz del análisis de los datos de incidencia delictiva, del desempeño institucional y de la definición de la política de seguridad, si el rumbo del país es aquel al que se comprometió el presidente López.
Para ello, este 24 de enero, presentamos el estudio Cuatro años perdidos en materia de seguridad, una evaluación que, desde su título, expresa la ausencia de resultados en reducir delitos y violencia, abatir la corrupción e impunidad, mejorar la seguridad de los mexicanos.
Tanto el PND, como la ENS empeñaron al gobierno federal en reducir en un 50% los homicidios dolosos y en un 35% el total de delitos que reporta la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad (ENVIPE) de INEGI.
Por lo que refiere al homicidio doloso, los datos oficiales confirman un fracaso del gobierno federal en cumplir su objetivo. El compromiso era entregar la administración con 62,903 homicidios dolosos -en todo el sexenio de Peña se registraron 125,806-, mientras que del inicio de su administración, al 31 de diciembre de 2022, se registraron 119,279 casos, que corresponden a 140,523 víctimas.
Es decir, no sólo no se cumplió el objetivo, sino que este administración terminará como la peor en violencia homicida con un 50% más de casos que el sexenio pasado y el doble de los ocurridos en el de Calderón.
Todo ello sin contar que los últimos cuatro años han sido los de mayor tasa de homicidios que grado en tentativa y en lo que va de esta administración, se registraron más de 50 mil personas desaparecidas -que probablemente ya fueron privados de la vida y yacen sin ser buscados por las autoridades-, que en los sexenios de Calderón y Peña juntos.
El total de delitos reportados por INEGI para la pasada administración es de 193.8 millones; el objetivo del gobierno de López es que al final de su sexenio se registre un total de 126 millones de delitos. Sin embargo, tan sólo en los primeros 3 años de gobierno INEGI estimó que se consumaron más de 86 millones de delitos.
De mantenerse la actual tendencia es probable que López logre entregar el país con un 12% menos delitos, lo que representa una mejora pese a estar muy lejos del 35% de reducción prometida.
Ahora, dicha reducción no fue efecto de alguna política exitosa, sino que se debe a la caída de delitos durante el confinamiento social de 2020 y 2021 por la pandemia de COVID-19.
Si analizamos el desempeño institucional, la ejecución de las políticas de seguridad y justicia prometidas, el combate a la corrupción y el abatimiento de los índices de impunidad, podemos afirmar que hemos perdido cuatro años en cumplir las promesas del gobierno federal.
En lo que va de esta administración la impunidad ha crecido de manera sustancial: las detenciones, los aseguramientos y decomisos, las órdenes de aprensión ejecutadas y las sentencias condenatorias obtenidas cayeron entre un 60 y un 80% respecto al sexenio pasado.
De manera similar las diversas mediciones nacionales e internacionales sobre percepción de la corrupción, señalan que desde que tomó el poder López, año con año México es un país más corrupto.
Entre los otros fracasos encontramos la ausencia de un viraje en la ejecución de la política y la estrategia de seguridad. No sólo no se cumplió la promesa que hizo López: "Yo voy a conseguir la paz, ese es mi compromiso, voy a terminar con la guerra, no vamos a continuar con la misma estrategia que no ha dado resultados… A mitad del sexenio ya no habrá guerra", sino que la definitiva militarización de la seguridad y el abandono de cualquier vía civil, recrudeció la guerra contra la delincuencia organizada; olvidó los compromisos asumidos en los Foros Escucha; maximizó la centralización de las decisiones; cerró los espacios obtenidos por años para la observación y vigilancia ciudadana; empobreció el acceso a la información pública y debilitó aún más la rendición de cuentas.
Además, en estos cuarto años quedó claro que este gobierno es ajeno a toda lógica de planeación y que su definición presupuestal mantiene la inercia de gasto público que se definió en las pasadas administraciones sin considerar las necesidades actuales.
Todo ello ha llevado a un consecuente desgaste institucional, un deterioro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Comisión Nacional de Derecho Humanos, de la Fiscalía General de la República, de las Fuerzas Armadas.
Tampoco se ha cumplido con la construcción de capacidades de la Guardia Nacional, profesionalización de sus integrantes y mecanismos que garanticen una actuación conforme a la ley y respetuosa de los derechos humanos.
Cuatro años perdidos en materia de seguridad es un documento sólido y objetivo que sintetiza una serie de promesas incumplidas y fracasos acumulados por esta administración, un llamado de atención y guía con propuestas puntuales para corregir el rumbo del país, una advertencia para aquellos que desde ya aspiran a sustituir en 2024 a López.
Lamentablemente es seguro que esta administración terminará habiendo tirado a la basura la oportunidad histórica de trasformar a México en un país seguro y justo; que no corregirá sus errores, ni intentará mejorar su desempeño.
Esperemos que los candidatos presidenciales -ante la peor crisis de seguridad y violencia de nuestra historia-, sean serios en sus propuestas de campaña y ellas resulten en planes sólidos. México no merece 6 años más perdidos en materia de seguridad.
@frarivasCoL
