Un año singular acaba de terminar. Un 2020 marcado por la pandemia de COVID 19, una enfermedad que hace 13 meses no conocíamos que ha provocado la muerte a casi dos millones de personas y llevó a millones más a acotar su movilidad a lo largo de nuestro planeta y generó/acentuó una terrible crisis de desempleo y económica.
En México las cosas se manejaron de manera confusa: las medias preventivas impulsadas en el mundo fueron desvaloradas por el gobierno federal; la movilidad fue más auto impuesta que determinada por nuestras autoridades; la falta de apoyos económicos impidió que muchos se resguardasen como se hubiese requerido para frenar los contagios.
No debe sorprender que los 400, máximo 3,000 fallecimientos pronosticados por el gobierno federal, una vez terminada la pandemia, cerrasen en 2020 en más de 125 mil y las cifras siguen aumentando.
Si la pandemia se volvió la primera causa de muerte en México, la otra gran causa sigue siendo la violencia.
A lo largo del año la autoridad federal insistió en que la violencia se frenó y los homicidios bajaron. El último día del año, el pasado 31 de diciembre, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, presentó un documento que pretende (1) explicar el comportamiento del homicidio durante los primeros dos años de la actual administración federal y (2) hacer una proyección de cómo cierra la estadística nacional del homicidio doloso en este 2020.
Dada la relevancia que este ejercicio representa, en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) nos dimos a la tarea de revisar las declaraciones del servidor público y publicar en nuestra página un análisis detallado para consulta de todos los interesados.
En el power point presentado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se afirma que al cierre de este 2020 se registró un descenso -marginal- del 0.4% de las víctimas de homicidio doloso, si comparado contra el 2019.
Ante un escrutinio minucioso, en el Observatorio Nacional Ciudadano concluimos que el documento publicado y la explicación ofrecida por Ricardo Mejía carecen del rigor metodológico para ser consideradas verdaderas.
Es decir, la SSPC presentó comparaciones que son totalmente imprecisas: para sustentar la baja del homicidio doloso, mezcló promedios anuales, con promedios a 20 días, con otros a 11 días, con promedios mensuales y para diciembre 2020 muestra un dato acumulado a 30 días.
Por si fuese poco dichos datos no pueden ser validados ya que no se encuentran concentrado en alguna base de datos pública y abierta.
Mismos errores se cometieron para analizar otros delitos, por ejemplo, en el caso del secuestro se usaron dos fuentes distintas: para los datos comprendidos entre enero de 2015 y noviembre de 2020 se tomaron los datos de carpetas publicadas en las bases del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), mientras que para los datos del 1 de diciembre al 30 de diciembre se trabaja con datos de una fuente desconocida. Además, dentro de las estadísticas que compararon dejaron fuera los secuestros del fuero federal.
En síntesis, del documento se desprende que la autoridad federal mezcló bases diferentes, construidas con criterios diferentes, para sustentar sus afirmaciones; ocultó la metodología que usó para llegar a la proyección de 2020; comparó periodos de tiempo que no coinciden y obvió el fundamental hecho que este año la pandemia por COVID 19 redujo la movilidad de las personas y la actividad comercial, por lo que los descensos son efecto de la baja actividad social y no un logro de alguna autoridad.
Un aspecto en el que es fundamental que reflexionemos es que, aún si resultase cierto el dato de reducción del homicidio, una baja de 0.4% comparado con 2019 -el año más violento de la historia- no es un logro.
El próximo 20 de enero conoceremos el dato oficial de los delitos, en el que se reflejarán aproximadamente 35 mil víctimas de homicidio en 2020, cabe preguntarse ¿de verdad la autoridad federal lo considera un éxito?
En el análisis sobre la supuesta reducción de la violencia en el año que acaba de concluir, deben notarse el silencio alrededor de las más de 15 mil personas que se reportaron como desaparecidas este año, un récord sin precedentes.
Es evidente que la autoridad no sabe analizar datos -o quiere confundir a la opinión pública-, por ello, desde el ONC refrendamos nuestra disposición para donar capacitación a las autoridades en la construcción de bases estadísticas y análisis de la información, desarrollo de tecnología que soporte estos ejercicios, inteligencia, transparencia y rendición de cuentas.
Reconocemos el ejercicio de comunicar información, sin embargo, invitamos a la autoridad a que esta sea apegada a la realidad y cumplir la promesa del presidente López de no mentir y no traicionar a los mexicanos.
Asimismo, hacemos una invitación a evitar triunfalismos infundados ya que debe preocupar que, si la autoridad considera que está siendo exitosa en el combate a la violencia, difícilmente veremos el cambio de ruta que sí necesitamos para reducir la violencia.
@frarivasCoL
