En su primer año de gobierno el presidente López ha cumplido por lo menos con una de sus promesas, la de transformar muchas instituciones.

Lamentablemente dicha transformación no corresponde a lo que los retos del país requieren, es decir, en el caso de este gobierno, transformarlas ha sido vulnerarlas una y otra vez.

Tras un año de gobierno contamos con instituciones menos capaces, menos autónomas, menos independientes, con menos recursos, con menos talento y con servidores públicos con más miedo.

Tan sólo en el caso de seguridad y justicia, la Policía Federal desapareció y en el proceso de formación de la Guardia Nacional, apenas el 60% de sus exintegrantes optó por ingresar al nuevo cuerpo.

Por su lado la recién nacida Fiscalía General de la República parece adolecer de todos los defectos de la vieja PGR, el presidente dispone y se investiga a enemigos y se protege a amigos. También en este primer año se volvió una institución más opaca que ya no reporta su eficiencia y eficacia como tradicionalmente lo hacía a través del Informe de Gobierno del presidente.

Además, el recorte presupuestal de 1,500 millones previsto para este 2020 afectará dramáticamente la operación de dicha institución, pese a que ya en pasado recibía recursos insuficientes.

La lista de instituciones venidas a menos, por decirlo de alguna manera, es larga, se les ha afectado en su presupuesto, se les afecta con desinterés del presidente o por que el nombramiento de sus titulares se hace de manera política. A un año de gobierno sobran casos de titulares que carecen del perfil, de la experiencia o de la independencia para cumplir su función, uno de estos ejemplos es la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Al nombrar a una integrante de su partido al frente de dicha institución, el presidente aseguró el silencio de una institución que, por su naturaleza, debe ser crítica.

No sorprende entonces el silencio de esta institución ante las múltiples violaciones a los derechos humanos que tan sólo en lo que va del año hemos visto en el sector salud, en la actuación en contra de migrantes que buscan transitar por nuestro territorio o en la falta de atención a las múltiples víctimas de la violencia.

Un silencio más del que somos testigos, es el intento de contrarreforma del sistema penal adversarial promovido por la FGR, en favor de regresar a prácticas que en pasado vulneraron los derechos de las personas, sin demostrar ser efectivas.

Ante la propuesta que hace la FGR de revivir el arraigo, la CNDH debería haber levantado la voz, sin embargo, nada, total silencio.

Atentar en contra del sistema de justicia para regresarlo a viejas prácticas nos pone a todos en riesgo; basta la sospecha -o el interés de alguien por hacer parecer que hay una legítima sospecha- para que la persona sea detenida y luego investigada.

En pasado estas prácticas vulneraron la vida de inocentes y generaron incentivos perversos para que los ministerios públicos no hiciesen una profunda investigación. El arraigo nos costó caro como sociedad sin que haya producido el acceso a la justicia para las víctimas.

Dado lo regresiva de esta contrarreforma el fiscal la hizo circular sin que esta sea aún presentada, la bancada de oposición ya se manifestó en contra, como era de esperarse la bancada de Morena la recibió buscándole el lado amable y al ser mayoría, corremos el riesgo que pronto sea aprobada.

La tormenta perfecta se está gestando, si se aprueba la propuesta que hizo circular el fiscal general, tendremos una FGR que no rinde cuentas, con menos recursos y menos capacidades, que puede hacer uso de prácticas que violan los derechos de las personas sin la obligación de investigar y con un instrumento que en fast track vulnera los recursos económicos de los imputados –la extinción de dominio– y sin una CNDH comprometida por hacer respetar los derechos de las personas.

Abiertamente hago un llamado la fiscal general para que replantee su propuesta en línea para fortalecer el sistema penal adversarial y no para vulnerarlo y a la presidente de la CNDH para recordarle que su lealtad se la debe a los mexicanos y no a su partido, sus silencios en casos como estos indignan.

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL

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