Desde el inicio del actual sexenio se han registrado en el país 4,551 feminicidios; 13,004 homicidios dolosos de mujeres y la desaparición de 10,983 mujeres.

En lo que va del año el promedio diario de víctimas de feminicidio es 2; de 7 mujeres víctimas de homicidio doloso y 6 de mujeres víctimas de desaparición.

Éstos son números que retratan la tragedia que se vive en el país en torno a la violencia de género, que exhiben el fracaso de las diferentes autoridades para cristalizar lo plasmado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que son el resultado de desmantelar el aparato institucional de protección a la mujer.

Si la violencia de género ha crecido es en gran parte porque el presidente de la República y la mayoría morenista del H. Congreso de la Unión, decidieron eliminar los fideicomisos que apoyaban a las mujeres víctimas de violencia; recortar los fondos a la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM); a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); a la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC); a las fiscalías especializadas de atención a delitos de género de todo el país; a las policías estatales; por dejar en 0 durante tres años consecutivos las aportaciones federales para el fortalecimiento de las policías municipales; por impulsar la absoluta militarización de la seguridad; por debilitar la calidad educativa del país; destruir al sector salud; recortar el impulso a las artes y el deporte, entre otros recortes a los programas que sí son de seguridad y beneficio social.

Sin embargo, por más desalentadora que sea la estadística, no expresa el verdadero significado de perder a una hija, una hermana, una nieta, una sobrina, una prima, una confidente, una amiga, una futura médica, por manos de un ex novio.

Con mi gran pesar, esta semana lo viví de cerca: la hija de una querida amiga -a quien para fines de anonimato llamaré A- fue víctima de feminicidio.

Si asistir a un funeral es una experiencia desgarradora, tener cerca a una amiga querida que intenta conservarse entera, ver a centenares de jóvenes llorar a una amiga y a observar en la mirada de muchas de ellas el temor de que tal vez les puede llegar a suceder -en un país donde la vida no vale nada, donde la negligencia e incompetencia institucional es criminal-, es por mucho, peor.

Espero que éste sea uno de los pocos casos en que el delito no quede impune. Lamentablemente la estadística indica que menos de 1 de cada 100 delitos de género se sancionan.

Si bien castigar al feminicida no traerá de vuelta a la hija de mi amiga, si nos ayudará a todos aquellos que vivimos de cerca su dolor, para recuperar un poco de la paz perdida.

El debido acceso a la justicia para A y la reparación del daño servirá para que su familia pueda translaborar su duelo; para que el culpable purgue su sentencia y no pueda dañar a otras mujeres; para que la familia del feminicida y sus seres cercanos puedan medir el tamaño de sus fallas; para que toda la sociedad entienda qué necesitamos hacer en conjunto; para que la autoridad asuma su responsabilidad de no haber detectado un posible caso de violencia y protegido a una mujer.

En México ser mujer es muy peligroso, no sólo por la violencia letal que les acecha, sino porque a diario se registran 66 casos de violación, 196 de lesiones dolosas de mujeres y 804 de violencia familiar y todo ello apenas representa el 7% del total de delitos que se cometen y nunca se investigan.

Debido que a este gobierno federal -que se autonombró como el más feminista de la historia- no le importa la seguridad de las mexicanas, es hora que los ciudadanos asumamos nuestra responsabilidad. Urge que construyamos redes seguras para las mujeres en el entorno laboral, familiar y escolar; en las calles y comunidades; que denunciemos todo acto violento en contra de una niña, una adolescente, una mujer.

Es hora que seamos responsables y serios, y en las próximas elecciones votemos por candidatas y candidatos con proyectos claros, puntuales y factibles, para atender la inseguridad y violencia. Que sancionemos con el voto a aquellos partidos y gobernantes que simplemente aportan palabrerías y chistoretes, en vez de políticas públicas efectivas.

Por otra parte, desde las empresas, academia y sociedad civil se pueden impulsar programas de largo respiro para sensibilizar a la opinión pública sobre qué conductas son indicadores de violencia; qué signos y síntomas denotan una mujer posiblemente violentada; acercar apoyo psicológico, legal, económico y de formación profesional que empoderen a la mujer y las ayuden a salir a tiempo del círculo de la violencia.

A menos de un año de que termine el actual gobierno podemos afirmar que López fracasó en su tarea de pacificar el país. Ni los delitos asociados a la delincuencia, ni aquellos que ocurren como efecto de comunidades y familias que se relacionan de manera violenta han disminuido -por lo contrario estamos en el peor momento de violencia de nuestra historia reciente-.

De igual forma han fracasado las instituciones, los gobiernos locales y la sociedad en general en construir comunidades libres de violencia.

Indudablemente López fracasó y con él fracasamos todos, es hora de exigir y actuar: ¡que no haya más casos como el de A, una joven estudiante de medicina, una hija adorable, una excelente amiga, una mexicana enamorada de su país, a manos de un loco homicida que confundió el amor con la posesión y la violencia! Un criminal que pudo actuar porque nada ni nadie lo detuvo.

La violencia de género se puede prevenir y se puede reducir sustancialmente a tal punto que sean casos extraordinarios. Para ello necesitamos autoridades, empresarios, académicos y ciudadanos involucrados en acciones concretas que atiendan dicho fenómeno.

Que la historia de A no caiga en el olvido, que se sancione al feminicida y que todos usemos ese dolor como impulso para disminuir la ya normalizada violencia de género.

Director del Observatorio Nacional Ciudadano

@frarivasCoL

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