El pasado 29 de septiembre el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, declaró el fin del acuerdo más relevante en materia de seguridad y justicia entre México y los Estados Unidos.
Una noticia que no debe sorprender, desde el final del sexenio de Calderón los gobiernos federales han hecho más difícil la cooperación para combatir la delincuencia organizada, fortalecer instituciones, mejorar el acceso a la justicia y consolidar el Estado de Derecho.
Al inicio de la administración Peña se vieron abandonados programas con la entonces Policía Federal, la PGR y las policías y procuradurías estatales; si bien el presidente Peña fue muy cuidadoso en respaldar el tratado, en los hechos puso en marcha estructuras y mecanismos que debilitaron la cooperación.
Con el argumento que en el gobierno de Calderón, la iniciativa generaba más confusión que efectividad, el gobierno Peña implementó una ventallina única en la Secretaría de Gobernación que debía aprobar todo proyecto derivado de dicho acuerdo -incluso si los programas eran entre las agencias del gobierno americano y la sociedad civil-, una ventanilla que estuvo cerrada por años.
Fue hasta mediados del sexenio de Peña -particularmente en la medida en que la escalada de violencia se hizo evidente- que su gobierno entendió la necesidad que ambos países trabajasen juntos, es así que la administración federal se volvió más receptiva y dispuesta a colaborar con el gobierno americano.
Lamentablemente el tiempo perdido, los años de colaboración incipiente, facilitaron la descomposición de la condiciones de seguridad logradas de 2011 a 2016, dificultó la construcción institucional e inhibió la consolidación del sistema de justicia.
Por su parte, López pasó años desprestigiando el acuerdo de cooperación internacional, primero desde la oposición y luego desde el gobierno. Más aún, el presidente ha criticado la escencia misma de la Iniciativa al rechazar el involucramiento de la sociedad en el desempeño de los gobiernos; criticar el combate a la delincuencia organizada; desvalorizar la inteligencia e insistir que los abrazos son más efectivos que la aplicación de la ley.
La ausencia de resultados tangibles y de interés de los últimos dos gobiernos, inhibió el crecimiento de los recursos que los Estados Unidos destinaron a la Iniciativa.
Con las declaraciones del presidente y del canciller Ebrard, López hizo lo que Peña no se atrevió: romper un tratado que fomenta la transparencia, la rendición de cuentas, que empodera a la sociedad y, además, que se asocia con su rival favorito, el ex presidente Calderón.
Antes de decir adiós a Iniciativa Mérida es importante recordar que dicho tratado fue muy exitoso, ayudó a construir una de las mejores policías civiles del hemisferio; permitió establecer sistemas de monitoreo y evaluación del trabajo de las instituciones de seguridad y justicia; facilitó la transición de un sistema colapsado de justicia inquisitivo a uno garantista adversarial; normalizó el uso de tecnología para la construcción de inteligencia; fortaleció los lazos de colaboración entre sociedad civil y autoridades; generó sistemas de transparencia y las bases de ejercicios de rendición de cuentas, entre muchos otros resultados.
Si bien los pendientes siguen siendo muchos y el tratado no logró todos sus objetivos, fue clave para todos los mexicanos y es la evidencia concreta de la corresponsabilidad de los estadounidenses en el combate a un fenómeno delictivo que afecta la gobernabilidad de ambos países.
Ante todo ello es imperativo que los mexicanos no dejemos morir el acuerdo de cooperación más importante en materia de seguridad y justicia e impulsemos una versión actualizada de Iniciativa Mérida -el “Acuerdo para impulsar la soberanía y el bienestar de los pueblos mexicano y estadounidense” o como le quieran poner- y aprovechemos esta ventana de oportunidad para mejorar lo que necesitaba ser mejorado dentro de la iniciativa.
Entre los aspectos que deben considerarse en el nuevo tratado están:
1. Insistir es en el desarrollo de protocolos de actuación para las fuerzas federales y locales, así como de sistemas de monitoreo de su cumplimiento.
2. Transformar los sistemas de profesionalización para que se garantice las competencias clave de los guardias nacionales, policías, peritos, defensores de oficio, ministerios públicos.
3. Insistir en que la seguridad se construye en lo local, ello significa la puesta en marcha del único buen proyecto de esta administración, el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.
4. Desarrollar mayores controles en ambos lados de la frontera, específicamente fortaleciendo el sistema de aduanas.
5. Entender que la delincuencia organizada va más allá de los cárteles, por ello se requiere implementar acciones que inhiban la comisión de delitos ambientales; contra la propiedad intelectual; trata de personas; robo de identidad y muchos otros delitos.
6. Garantizar la protección de buscadores de desaparecidos, periodistas y defensores de derechos humanos.
7. Resolución ágil de solicitudes de refugio de migrantes y conformación de un sistema de inteligencia en materia migratoria.
8. Creación de mecanismos externos de supervisión a las policías.
9. Desarrollar una verdadera agenda de prevención que en particular contemple acciones concretas en contra del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos.
10. Crear sistemas de salud y rescate urbano que busque reducir los daños por consumo de fentanilo y otros opioides sintéticos.
11. Crear de unidades de análisis y de investigación criminal en las policías.
12. Fortalecer las capacidades de gestión de la procuración de justicia.
13. Prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
14. Reformar y fortalecer los Servicios Médicos Forenses
15. Poner en marcha una Política Nacional de Datos Abiertos en Materia de Procuración de Justicia (PNDAMPJ).
Estos y otros puntos concretos son esenciales para que la cooperación logre resultados tangibles, medibles y observables.
De lo contrario, sería un error centrar el acuerdo en la compra de más armas, en verlo como un mecanismo que subsane el desastre presupuestal que esta administración ha mantenido desde su llegada o subsanar el gasto corriente institucional, el nuevo mecanismo de cooperación debe ir a lo sustantivo:
construir capacidades institucionales, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
México pasa por la peor crisis de violencia de su historia, 2019, 2020 y 2021 son los años con más víctimas de homicidio desde que contamos con registros; la ausencia de una estrategia de seguridad, la politización de las acciones de gobierno, la ignorancia de los funcionarios en los cargos más relevantes, la narrativa presidencial y los profundos recortes en el presupuesto de esta materia, nos ponen a todos los mexicanos en un serio riesgo.
Hoy más que nunca es importante la cooperación internacional y antes de decirle adiós a Iniciativa Mérida se debe garantizar un acuerdo que subsane las deficiencias de su antecesor y realmente ayude a construir las instituciones que el país requiere para garantizar seguridad y justicia.
@frarivasCoL
