Los mexicanos hemos identificado a la corrupción como el gran factor que ha permitido el crecimiento de la incidencia delictiva, de la violencia, de la gran desigualdad económica entre las personas y del incipiente desarrollo del país.
Asimismo, sabemos que nuestros derechos fundamentales son violados una y otra vez por un Estado que actúa mal (impide el acceso a la justicia, fabrica culpables, falsifica pruebas en contra de alguien, tortura de manera sistemática para obtener confesiones) o que es incapaz de cumplir sus obligaciones básicas de generar seguridad, educación y otorgar servicios de salud, entre las muchas otras fallas.
La gran bandera del gobierno federal es el combate a la corrupción, desde la campaña el presidente López manifestó su compromiso por combatirla.
Además, ya como autoridad, el presidente López afirmó que el Estado ya no viola los derechos humanos y que hoy existe un verdadero Estado de Derecho.
Según datos de Transparencia Mexicana, a 11 meses del inicio del gobierno federal, aumentó de manera sustancial la percepción ciudadana que el Estado es más efectivo en combatir este fenómeno ¿la percepción va de la mano con hechos concretos de combate a las varias formas de corrupción?
Quienes nos dedicamos a analizar los datos duros de delitos, así como las acciones y capacidades de la autoridad para atender los mismos, no podemos afirmar que haya evidencia de una mayor capacidad del Estado por combatir la corrupción, es más, en muchos casos, podemos decir que hay una mayor impunidad en cuanto a la aplicación de la ley y que esta obedece al interés de favorecer a ciertos grupos de presión.
Tomemos como ejemplo el caso ocurrido a principios de este mes, donde normalistas del Estado de México privaron ilegalmente de la libertad a 92 chóferes particulares y despojaron a una empresa -por no apostrofar el hecho como un robo- de varios camiones de transporte, para exigir plazas de maestros.
La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro establece las diferentes formas de privación ilegal de la libertad que se configuran bajo este tipo penal.
Estas incluyen desde aquellas donde la persona se encuentra privada de la libertad por menos de 24 horas y que tienen como fin un beneficio económico; el secuestro que dura más de 24 horas y donde se pide un rescate para liberar a quien ha sido privado de la libertad; otras formas de privación ilegal de la libertad que buscan generar un daño a terceros u obtener algún tipo de beneficio -no necesariamente económico- para quien comete el delito; hasta el fingir un secuestro para pedir un rescate.
Privar de la libertad a una persona es un secuestro, así lo establece la ley. Privar ilegalmente de la libertad es un delito y es obligación del Estado prevenirlo, combatirlo y sancionarlo, independientemente de quien lo realice, qué tan bien sea tratada la víctima o si esta finalmente fue liberada sin daño físico.
La ley distingue entre delitos que se persiguen por querella, es decir a solicitud de la parte ofendida, de aquellos que se deben seguir de oficio. Delitos como la piratería o el fraude se siguen a solicitud de la víctima, el homicidio y otros delitos violentos se persiguen en cuanto la autoridad toma conocimiento de ellos.
En el particular caso de los delitos que se persiguen de oficio, las omisiones o la falta de actuación de una autoridad tiene responsabilidades que van desde lo administrativo hasta lo penal.
Al término de la conferencia matutina del pasado miércoles 9 de octubre, el presidente López contestó al cuestionamiento de varios periodistas sobre este caso particular, asegurando que, una vez que la autoridad federal se había involucrado, se había resuelto y que habrían de revisar posibles infracciones derivadas de las acciones de los normalistas.
¿Se equivocó el presidente en el uso del término o hubo una intención específica de minimizar el hecho? Dado los beneficios que los normalistas obtuvieron, todo apunta a que el presidente quiso distraer la mirada de un grave hecho delictivo para hacerlo percibir como un hecho no grave.
Hasta el momento no hay información que permita entender que este delito será perseguido como lo que es, un secuestro. Tampoco queda claro si la Fiscalía General de la República ha hecho uso de su facultad para atraer e investigar el caso, o si se inició la Carpeta de Investigación en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En términos de transparencia y rendición de cuentas es importante saber qué autoridad está investigando el caso.
Lo podremos confirmar una vez que sean presentados los datos oficiales de incidencia delictiva del mes de octubre -el próximo 20 de noviembre-; si la carpeta se inició en el Estado de México, y no hay anuncio de que la FGR haya atraído el caso, la estadística oficial del Estado de México deben aparecer por lo menos 92 víctimas de secuestro en el mes de octubre. Si no sucede así, podremos afirmar que la autoridad nunca inició las investigaciones por este hecho bajo el tipo penal que corresponde y por ello primero violó los derechos de las víctimas al impedirles su acceso a la justicia y luego, se hizo acreedora a algún tipo de sanción.
Este hecho, además se enmarca en los delitos de corrupción de los que tanto asegura el presidente querer combatir. Cuando una autoridad protege a delincuentes que obtuvieron un beneficio al haber privado de la libertad a por lo menos 92 víctimas, también está favoreciendo la corrupción.
Esta es una de las evidencias que pone en duda el compromiso del presidente y su gobierno de combatir el principal flagelo que una y otra vez ha usado como bandera: la corrupción. Así mismo contradice los dichos que el gobierno ya no viola los derechos de las personas en nuestro país y que hoy contamos con un verdadero Estado de Derecho.
El presidente al apostrofar un grave hecho delictivo como infracción manda un mensaje que revierte todas sus promesas, falta a su palabra, falta a sus compromisos, socava la ley, vulnera los derechos de las víctimas, favorece la corrupción y sienta un precedente para que otros puedan privar de la libertad a muchas personas con el fin de obtener un beneficio.
Dicho sea de paso, esto ya sucedió el pasado viernes 11 en Michoacán, donde otros normalistas secuestraron a 13 choferes. El único diferencial es que, en este caso, la Fiscalía General de Justicia de Michoacán sí inició carpeta de investigación por el delito de secuestro en contra de los responsables ¡esperemos que la federación y/o el Estado de México sigan el ejemplo de Michoacán!
@frarivasCoL
