En tan sólo 34 meses de la presente administración llegamos a la terrible cifra de 100 mil homicidios dolosos, un lamentable récord que hace de este, el sexenio más violento de la historia.
Para poner en contexto, si comparamos los homicidios de la administración de López contra los homicidios dolosos de Peña y Calderón en sus primeros 34 meses, este delito creció un 65 y un 150% más, respectivamente.
Sería un error considerar que la violencia en un país sea responsabilidad exclusiva del presidente y su administración, ante un fracaso de tal magnitud se necesitan fallas por parte de gobiernos estatales y municipales, por parte de los poderes legislativo y judicial, así como deficiencias en poner en marcha una efectiva colaboración internacional.
La realidad es que históricamente en México, las autoridades locales han preferido descargar su responsabilidad en la federación: dado el marco legal, la dificultad que significa combatir al crimen organizado y ante los incipientes recursos con los que cada institución cuenta, se volvió fácil que administración tras administración el presidente en turno cargase con toda la responsabilidad de la violencia.
No obstante, en este caso en particular, sobra la evidencia que el fracaso de 100 mil homicidios en 34 meses es resultado del mal trabajo de la federación.
¿Qué errores ha cometido el gobierno de López? Varios, el primero es indudablemente la politización de la seguridad. Nunca como en esta administración los apoyos y abandonos federales se han dado con base en la filiación partidista de los gobernadores y/o su disposición a someterse al poder presidencial.
Segundo, en 34 meses la federación no ha podido desarrollar una estrategia sustentada en información medible con objetividad, que contemple cadena de responsabilidades y recursos necesarios. Lo que actualmente se usa como documentos rectores de la política de seguridad son un conjunto de declaraciones ideológicas sin sustento, que no se acompañan de los recursos necesarios. Asimismo, se rinde cuentas con documentos que aportan información que van desde la imprecisión a la falsedad lo que impide un cambio de ruta o una autoevaluación de aciertos y hierros.
Tercero, el recorte a policías locales, procuradurías y fiscalías que inició en 2019, llega de nuevo a dejar a estos en la peor situación de los últimos 25 años. Hoy gastamos menos en las instituciones civiles de seguridad que con Fox, y destinamos enormes cantidades a las fuerzas federales para tareas que no son sustantivas -como la construcción de la central de aviones de Santa Lucía, la deforestación para el Tren Maya o la destrucción de un manglar para edificar una refinería-.
Cuarto, el abandono de las policías locales se acompaña con la desaparición de la única institución civil de seguridad: la Policía Federal. El error de desaparecer a una de las mejores policías del continente se suma a las enormes fallas en la construcción de la Guardia Nacional, una institución militarizada que carece de competencias, capacitación y controles de confianza que abonan a que la violencia siga creciendo.
Quinto, la supuesta política de “abrazos y no balazos” ha generado una caída en el combate al narcotráfico. Según datos oficiales, si comparamos los primeros semestres de 2020 y 2021, cae la erradicación de plantíos; el aseguramiento de sustancias enervantes, armas y otros activos; disminuye la detención de personas; el valor estimado y la cantidad de dosis de droga destruidos.
Si en el pasado fue injusto decir que los homicidios eran responsabilidad directa del presidente, hoy, con el control político que ejerce sobre las cámaras y sobre el poder judicial; ante la ausencia de planes y recursos y debido al ejercicio de abandono a territorios completos por razones políticas, sí podemos reconducir los 100 mil homicidios a errores de esta administración federal.
¡Cien mil homicidios que pudieron haber sido muchos más! Si la pandemia no hubiese ayudado a que los delitos comunes disminuyeran y si consideramos que en tan sólo los 34 meses de López van más de 50 mil desaparecidos -muchos de los cuales tristemente fueron víctimas de homicidio y yacen en alguna fosa clandestina-, los 100 mil homicidios se hubiesen alcanzado hace varios meses.
El presidente y su administración nos mintieron cuando dijeron que la delincuencia organizada no ha crecido y que ya no controla territorios, nos mintieron cuando dijeron que las cosas van mejorando, nos mienten cuando dicen que trabajan en coordinación con las autoridades locales, mentiras que nos van a costar muy caras: a estas alturas es imposible que este no sea el sexenio más violento de la historia.
Este será el lamentable legado de López, un fracaso en materia de seguridad que costó centenares de miles de vidas en un contexto sin antecedentes.
La única esperanza para corregir el rumbo sería implementar cambios profundos a su política de seguridad, dejar a un lado mentiras y politización, abrirse a la colaboración y empezar a rendirle cuentas a la sociedad, algo que por lo pronto, se antoja imposible.
@frarivasCoL
