Tuve la oportunidad de estar en Cancún, y en los mentideros turísticos hay gran preocupación, pues algunos legisladores de la entidad han expresado su intención de reducir presupuestos de promoción turística.
Un posicionamiento de esta naturaleza denota, en mi opinión, no sólo la ignorancia —enciclopédica, podríamos decir— de quienes piensan que no es necesario la inversión en promoción, sino también la facilidad con la que el discurso público en materia turística se nutre de narrativas demagógicas .
En la parte final del siglo pasado y ante la pichicatería de la Secretaría de Hacienda, que fue recortando recursos a la actividad que nos referimos, se ensayaron caminos para asegurar la disponibilidad de recursos para la promoción turística, luego del fracaso de los fondos mixtos, constituidos con aportaciones paritarias del sector público y el privado, que vieron menguada su efectividad en virtud de la falta de obligatoriedad de aportaciones, para financiar campañas de destinos turísticos.
De acuerdo con lo anterior, el aparato público del turismo mexicano pactó con el empresariado dos fórmulas para asegurar el fondeo: la primera, que inició en 1996, fue la posibilidad de que las entidades gravarán, de manera complementaria al IVA, la prestación de servicios de hospedaje con 2% (proporción que unilateralmente ha aumentado al paso del tiempo) con el compromiso de que dichos recursos se canalizarían a la promoción y en la toma de decisiones sobre esta temática, la iniciativa privada tendría una activa participación. No sobra mencionar que esta medida afecta la competitividad , pues encarece los precios en un mercado sensible a ellos.
El otro acuerdo —pacto de Estado en mi opinión— fue la imposición del pago de un derecho a turistas internacionales que permitiría contar con recursos para asegurar la presencia de la marca turística del país en el mundo, creando el Consejo de Promoción Turística de México. Como se sabe la presente Administración federal decidió cancelar, tanto los recursos para la promoción turística, como el organismo antes mencionado.
Reducir la asignación de recursos para la promoción turística en los momentos actuales es un despropósito. Es cierto que México y los destinos turísticos del Caribe mexicano pasan por buen momento, luego de los estragos de la pandemia; sin embargo, no hay ninguna garantía de que la bonanza sea permanente y por el contrario flotan amenazas: un complejo escenario global ante la preocupación e incertidumbre detonadas por la invasión rusa a Ucrania lo que no sólo afecta, la estabilidad mundial, sino que impacta en la economía, con lo que se han deteriorado las expectativas de crecimiento para 2023. Recientemente, el Fondo Monetario Internacional anticipa que la economía de Estados Unidos, principal proveedor de turistas internacionales, solo crecería 1% en 2023.
A lo anterior hay que agregar la reapertura de destinos turísticos en el mundo, con un incremento real de la competencia soportada en agresivas campañas de promoción; la inexistencia de campañas promocionales del turismo mexicano (con la crisis del sitio de internet VisitMexico) y, la debilidad que supone la prevalencia de la inseguridad , cuyos efectos en turismo podrían desbordarse, entre muchos otros factores.
Es absurdo sostener que los destinos turísticos se venden solos; un buen ejemplo es que la oficina de convenciones y visitantes de Las Vegas tiene un presupuesto anual de casi 400 millones de dólares. El presupuesto de los destinos del Caribe mexicano, en el mejor de los casos, no llega ni a 10% de esta cifra.
Finalmente, vale la pena mencionar que en realidad los recursos no afectan las carteras de los residentes en la región, pues como ya se ha dicho no son aportados por los visitantes.
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