En México, la Constitución faculta al Poder Legislativo a expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre los distintos órdenes de gobierno; sin embargo, y no obstante la existencia de una Ley Federal (actualmente General) en materia de turismo desde 1949, la naturaleza misma del fenómeno turístico demanda de un complejo entramado jurídico, que comprende no sólo un amplio abanico temático, sino también la intervención de autoridades de diferentes niveles.
El marco legislativo del turismo no sólo procura la regulación de la materia, sino también su estímulo. Un cuerpo legal adecuado es un buen soporte para favorecer la operación de esta industria, en un entorno de sana competencia. Al paso del tiempo, la instrumentación de medidas concretas en las leyes ha favorecido beneficios concretos de corto y mediano plazo.
En el marco de la brutal afectación al turismo mexicano derivada de la pandemia del Covid-19, representantes empresariales agrupados en el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), acompañados del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac, han sostenido múltiples reuniones con diputados y senadores, prácticamente de todas las fracciones políticas, en búsqueda de opciones legislativas para apoyar a la atribulada industria turística nacional.
Producto de este trabajo en fecha reciente se ha entregado a las comisiones de Turismo de ambas Cámaras, el documento denominado ‘#Sosturismo Un paquete legislativo para enfrentar la emergencia del turismo’ que incluye 15 medidas específicas que de apoyarse resultarían de la mayor valía, tanto de cara a la coyuntura actual, como en una vía de fortalecimiento de la competitividad de la industria. No sobra decir que algunos de los puntos incluidos no son nuevos, sino que forman parte de una agenda de muchos años.
Dentro de las propuestas se incluye la ampliación de los beneficios de los fines de semana largos; el fortalecimiento legal para favorecer una competencia más equilibrada en el negocio de alojamiento; la canalización de recursos públicos para la presencia de la marca México en los mercados internacionales –como sucede en todos los países líderes en turismo–; la dotación de recursos para la mejora de la infraestructura de los destinos turísticos; la generación de estímulos fiscales para el aliento de la inversión turística en el sureste del país –similares al nuevo tratamiento existente en la frontera norte en materia de IVA e ISR–; la deducibilidad acelerada de las inversiones –que no representa ningún tipo de exoneración impositiva, pero que es una medida eficaz para inyectar liquidez a las empresas–; la ampliación de la deducibilidad en el consumo en restaurantes; y la reposición de la posibilidad de deducir las prestaciones laborales, en un entorno en que las empresas hacen un gran esfuerzo para reducir los despidos producto, de no tener, prácticamente, ingresos por cerca de tres meses. Se propone, también, la ampliación del límite de la inversión extranjera en las aerolíneas, medida ciertamente polémica, pero que merece la pena ser discutida en un escenario en que estas empresas, difícilmente serán rescatadas con dinero público, como ha venido sucediendo en diversas latitudes.
Se han levantado algunas voces admonitorias que señalan que estas propuestas simplemente no transitarán (por usar la jerga política de los corrillos legislativos), lo que, probablemente, sea una posibilidad real; no obstante, merece la pena señalar que en el proceso se percibió una actitud positiva y, al menos aparentemente, de genuino interés y preocupación por parte de los legisladores.
En todo caso está en juego –tan sólo en este 2020– una reducción estimada de hasta 1.6 billones de pesos en consumo turístico; el cierre de decenas de miles de empresas; la captación de alrededor de 100 mil millones de pesos en impuestos y derechos federales; el empobrecimiento de una parte significativa de la población; y, sobre todo, la pérdida de cientos de miles de empleos –podrían ser hasta un millón–. Si estos argumentos no son capaces de mover la voluntad política de los legisladores para dar respuestas puntuales a los reclamos del sector… pues ello quedará como un poderoso incentivo para orientar el sentido del voto en los comicios que habrán de realizarse en menos de 12 meses.
