Malcolm Gladwell, sociólogo y periodista canadiense, publicó a inicios de este siglo un libro llamado ‘The tipping point’ –el punto de inflexión– en el que expresa la idea central de que hay un momento crítico en el que los proyectos, ideas o cosas se potencializan al máximo, produciendo un cambio significativo. La referencia me parece relevante a la luz de lo que sucede con la inseguridad y el turismo en nuestro país.
Es decir, aparentemente los hechos violentos que reiteradamente suceden en el país no parecieran tener un impacto directo en los viajeros internacionales a México. A pesar de las decenas de miles de homicidios que se registran cada año en el país, los turistas de todo el mundo siguen visitándonos, con la evidente pausa derivada de la pandemia, aunque, por cierto, en el caso del mercado norteamericano, a estas alturas ya estamos en niveles previos a la contingencia sanitaria.
Incluso, cuando los hechos delictivos conllevan una advertencia de viaje que los gobiernos extranjeros dirigen a sus ciudadanos, alertándoles de los riesgos de emprender un viaje a México, no pareciera producirse un freno en las corrientes turísticas. Hoy mismo, por ejemplo, el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene vigentes recomendaciones explícitas para no viajar a cinco entidades federativas mexicanas (Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas), así como la sugerencia de reconsiderar el viaje a 11 estados más; de hecho, hay sólo una entidad –Yucatán– que tiene el nivel más bajo de este tipo de avisos.
Sin embargo, y como lo escribíamos en la anterior entrega de este espacio editorial, el sector turístico vive un estado permanente de alerta, pues la inseguridad es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar.
Los recientes hechos en que las disputas entre bandas narcomenudistas han trascendido al espacio turístico en Quintana Roo, dejando dos turistas extranjeros asesinados en un evento ocurrido en Tulum y un dramático tiroteo en una playa de Puerto Morelos que concluye con el fallecimiento de un presunto delincuente en este sitio y otro más que buscó refugio al interior del hotel Hyatt Ziva Riviera Cancún, son episodios de alta visibilidad que se suman a la normalidad de la vida en la zona, en la que las prácticas de extorsión y narcomendueo campean de manera cotidiana, sin que las autoridades de los tres órdenes de gobierno hayan logrado resolver el problema.
La pasividad gubernamental y el poder de las organizaciones criminales parecen empujar al turismo mexicano, paso a paso, hacia ese punto de inflexión que, de alcanzarse, representará la pérdida de millones de dólares, la afectación en el medio de vida de miles de trabajadores de la industria, como ya ha ocurrido en el pasado, así como el deterioro de la imagen del país.
Los últimos acontecimientos parecen concentrarse en el Caribe mexicano y los hoteleros de la región han hecho un llamado público a los responsables gubernamentales para atender la situación. No obstante, la eventual explosión de esta bomba de tiempo tiene múltiples aristas que implicarían repercusiones en todos los destinos.
Así, además de un posible descenso en la afluencia hacia los destinos de esta zona del país, las afectaciones podrían multiplicarse por varias razones. Entre ellas se tiene el hecho de que en el marcado internacional los turistas no necesariamente distinguen lo que pasa en los diferentes destinos del país, pues las notas mediáticas negativas se refieren a México. Vale la pena recordar que este tipo de situaciones castiga las tarifas, pues los intermediarios presionarán para que los precios bajos sean la razón del viaje, tratando de minimizar los riesgos por la inseguridad. Ciertamente, no ayuda en este entorno el que México haya perdido los instrumentos de gestión de crisis que, en su momento, operaban a través del Consejo de Promoción Turística de México.
En los tiempos como los que ahora se viven con una demanda recortada, no sería extraño que la competencia pueda sacar ventaja de una imagen de inseguridad de los destinos mexicanos.
Tengo la impresión de que los empresarios turísticos respaldarán el trabajo de las autoridades para recuperar la seguridad en los destinos turísticos, como ya lo hicieron, con razonable éxito en Los Cabos. Sin embargo, de acuerdo con el marco legal vigente es una obligación de las autoridades proporcionar seguridad a los ciudadanos –y por extensión a los turistas–. Si no cumplen con dicha obligación, pues que el punto de inflexión nos alcance y que la sociedad se los demande.