Tengo una posición bipolar con relación al denominado todo incluido (all inclusive como se le suele denominar en la industria), sistema que ha venido a consolidar y acompañar el desarrollo turístico del país en diversas zonas, particularmente en destinos de playa.
Por un lado, como usuario me parece una fantástica idea y lo he disfrutado en muchas partes; tengo la certeza de que es un magnífico producto y que es suficientemente potente para adaptarse a diferentes grupos de consumidores, desde las familias que buscan cuidar un presupuesto de viajes hasta el mercado de altos ingreso que desea una vacación sin preocupaciones y con la posibilidad de encontrar los satisfactores propios de este perfil de viajeros.
Por otra parte, tengo algunas dudas sobre la capacidad de propiciar, de manera generalizada, un efecto benéfico sobre los pequeños negocios, pues la idea misma de que en un solo sitio se puede reunir todo lo que el turista requiere puede inhibir el beneficio de esos actores, particularmente en destinos establecidos que cuentan con la disponibilidad de esa oferta complementaria.
Para dar contexto a una reflexión más profunda es conveniente tener en cuenta que los sitios que compiten con los destinos mexicanos en el plano internacional ofrecen tanto las opciones del todo incluido, como la modalidad de solo habitación (plan europeo); de igual forma se debe tener en cuenta que lo que cualquier empresario que opera en la modalidad del todo incluido desea es que los turistas salgan del hotel para realizar actividades y consumos fuera del hotel, pues al hacerlo aumenta la satisfacción del visitante y se propicia una reducción marginal por los consumos no hechos en el mismo establecimiento.
Esta larga introducción viene a colación, toda vez que en fecha reciente Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur, de acuerdo con algunas fuentes periodísticas, habría señalado que “Olvídense del desarrollo turístico como modelo de los grandes hoteles all inclusive, eso se acabó (…) nosotros queremos impedir los grandes en el sur, sobre todo en Cancún que ya sobrepasa todo eso”. La reacción empresarial ante este posicionamiento no se ha dejado esperar y, además de que señala el despropósito del aserto, pone en tela de juicio las capacidades del funcionario; así, por ejemplo, en un portal de noticas de la industria se cita a Abelardo Vara, un experimentado turistero de dicho destino, quien habría dicho lo siguiente: “Es muy desafortunada su declaración. Con todo respeto, no tiene idea de turismo. Si se cancelara (el todo incluido), Cancún se quedaría desierto”.
Más allá de compartir este juicio me parece que hay dos elementos que se derivan de las expresiones de Jiménez Pons: uno, correcto por cierto, es la de maximizar el beneficio turístico para las comunidades, buscando alternativas para insertar las ofertas de las Mypymes, como parte del producto complementario de los grandes establecimientos, como por cierto existen abundantes experiencias. De ninguna manera es una consideración menor señalar que de acuerdo con el perfil del visitante de Cancún (Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo), en 2019, 70.5% de los turistas realizaron actividades fuera de los hoteles, tales como visitas a zonas arqueológicas, ciudades cercanas, parques recreativos o sitios de entretenimiento. Con ello el juicio de que no hay beneficio a las comunidades receptoras, ciertamente, queda en entredicho.
Del otro lado, vale la pena subrayar, aunque haya a quienes no les guste este modelo, es que esta es una actividad completamente lícita y sobre la que Fonatur (¡ouch!) no tiene ninguna atribución legal.
Si en verdad existe un propósito de impulsar una mejora en las condiciones de competencia del sector, parece que hay otros caminos urgentes que atender antes que iniciar una cacería de la inversión, como el fortalecimiento de la regulación del fenómeno del alojamiento de viviendas con fines turísticos –la Secretaría de Turismo ha fijado una agenda de trabajo al respecto y se esperan resultados en el corto plazo–, la erradicación de la informalidad en la industria restaurantera –en la que se han perdido más de 150 mil empleos formales– y en donde cerca de 70% de los establecimientos tienen esta condición.
¿Por qué no establecer mecanismos para asegurar una competencia más pareja con la industria de cruceros, que goza de inmejorables ventajas en relación con la inversión anclada en tierra?
Director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac
